Europa continúa siendo la región del mundo donde los trabajadores en general gozan de mejores condiciones y ven más respetados sus derechos, pero su situación ha empeorado durante los últimos cuatro años, especialmente en los países donde gobierna la extrema derecha o es uno de los socios del Ejecutivo, según el informe anual de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). De hecho, esta evaluación constata que los derechos de los trabajadores europeos disminuyó en 2024 por cuarto año consecutivo y registra su peor nota desde que empezó a publicar este índice, en 2014.

El índice pone una nota a los países de todo el mundo que va del 0 (mejor) al 5 (peor) en materia de respeto de los derechos de los trabajadores, y la calificación media de los países europeos subió a 2,78 en 2025, mientras que el año pasado se quedó en el 2,73. En este sentido, el estudio destaca que el porcentaje de países europeos en que los trabajadores ven restringido el acceso a la justicia aumentó de forma sustancial, pasando del 32% en el informe del 2024 al 52% del de este año.

También sufrió una erosión los derechos de los trabajadores en el global de los países de América, que empeoró su puntuación y pasó del 3,56 al 3,68. En cambio, el continente africano registró una pequeña mejora, del 3,95 al 3,88, y Asia también: obtuvo un 4,68, mientras que el año anterior alcanzó un 4,74. En todo caso, Asia, África y Oriente Medio, que se quedó en el 4,68, son los países que obtienen peor puntación en materia de los derechos de los trabajadores.

Los efectos de la ola autoritaria

El informe apunta que el deterioro de los derechos de los trabajadores se debe en gran parte “al incremento de la extrema derecha en los pasillos del poder”, que ha “desencadenado una oleada de medidas represivas y regresivas destinadas a silenciar y debilitar al movimiento sindical”. Así, pone de ejemplo especialmente al Gobierno de Finlandia y denuncia que ha limitado el tiempo máximo de las huelgas a 24 horas, que ha incluido el sector marítimo y de transportes como servicios esenciales y que ha subido las sanciones económicas a los sindicatos por organizar huelgas que después la justicia dirima que han sido ilegales. Según el informe, las multas a los sindicatos pueden alcanzar los 150.000 euros y al trabajador de manera individual, unos 200 euros.

En la misma línea, critica que el Gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, haya propuesto “criminalizar” las protestas y las huelgas que impliquen bloqueos de carreteras o vías férreas, con penas de entre seis meses y dos años de prisión. Además, denuncia que está sobre la mesa un proyecto de ley que permitiría a la Policía llevar dispositivos de vigilancia durante las operaciones de orden público.

La situación en Bélgica, cuyo Ejecutivo lidera la extrema derecha, no es mucho más esperanzadora y el estudio lamenta que haya promovido una nueva ley que “criminalice” todo lo que se pueda considerar “un ataque malicioso a las autoridades estatales”, un concepto muy amplio que el mismo Instituto Federal de los Derechos Humanos de Bélgica pidió retirar. El informe también denuncia que la coalición de Gobierno está estudiando una nueva normativa “para prohibir judicialmente” las manifestaciones.

Más allá de Europa, el informe dedica un largo capítulo al retorno de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos. “Ha utilizado una bola de demolición contra los derechos laborales”, sentencia el estudio. Concretamente, critica que Trump anunciase pocos días después de tomar posesión que todos los acuerdos de convenios colectivos “no serían aprobados” y, por ejemplo, ofreciera dinero a unos 80.000 trabajadores de la Administración pública si dejaban su trabajo. También carga con la intención del magnate de despedir a unos 1.300 administrativos del departamento de Educación, lo que supone la mitad de su mano de obra.

En cuanto a España, el informe no le dedica ninguna valoración concreta, pero la incluye en el grupo de países en los que su puntuación se encuentra alrededor del 2 y en los cuales considera que se llevan a cabo “repetidas violaciones” de los derechos de los trabajadores. En este grupo de Estados también se encuentra Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Uruguay o, entre otros, Ghana.

Con mejor puntuación, el estudio sitúa a Austria, Dinamarca, Alemania, Islandia, Irlanda, Noruega y Suecia. En estos países, según el informe, los trabajadores sufren “violaciones de derechos de manera esporádica”. En cambio, pone a México, Polonia o Bélgica en el grupo 3, donde hay una violación “regular” de los derechos de los trabajadores; Argentina y Brasil, en el grupo 4, en los cuales la violación de estos derechos es “sistemática”, y China, Rusia o Emiratos Árabes, en el 5, donde directamente los trabajadores no tienen “garantizados sus derechos”. Además, incluye otro grupo, los países donde no hay Estado de derecho, cosa que empeora aún más las condiciones generales del trabajador, como Palestina, Siria o Afganistán.