BOGOTÁ.- El expresidente de Colombia Álvaro Uribe ratificó su negativa al nuevo acuerdo de paz con los dirigentes de la guerrilla de las FARC suscrito este sábado en La Habana y reclamó un Acuerdo Nacional sin plazo en el que se hagan “nuevas observaciones” al pacto. Lo hizo tras reunirse con el actual presidente, Juan Manuel Santos, que tuvo la deferencia de desplazarse a una instalación oficial próxima a su finca de Riosucio (Antioquia) —acompañado de autoridades militares— para informar a Uribe del nuevo pacto antes de darlo a conocer al país.
 
En realidad, Uribe, como señala el analista y excolaborador de Público Antonio Caballero, sólo trata de “marear la perdiz” porque “no tiene la menor intención de contribuir a la paz”. La mayoría de los politólogos coinciden en Colombia en que el líder de la derecha quiere hacer de la oposición al acuerdo de paz de Santos —que, según él entrega el país al “castrochavismo”— su bandera para las próximas elecciones presidenciales, cuya campaña se iniciará en pocos meses.

El presidente Santos ha dejado claro que el acuerdo firmado el pasado sábado entre los delegados del Gobierno y la guerrilla de las FARC es el definitivo y no va a experimentar modificaciones sino que, por el contrario, va a ser sometido a un proceso de ratificación y a su urgente implantación en cada uno de sus aspectos. El acuerdo ya ha recibido la aprobación del Secretario de Estado estadounidense John Kerry, que ha felicitado a Santos por el nuevo acuerdo de paz tras anunciar que Estados Unidos "continuará apoyando el pacto en su implantación”.

Tras más de cuatro años de negociación, el Gobierno y la guerrilla firmaron el pasado mes de agosto un acuerdo apoyado por Noruega y Cuba como garantes, por otros países latinoamericanos como acompañantes y con el apoyo personal del propio secretario General de la ONU, Ban Ki-mon.

Sometido el texto a plebiscito el pasado octubre (un trámite que no era imperativo) el resultado de la consulta fue negativo para el acuerdo por un estrecho margen. Tratando de recoger las motivaciones de los contrarios al acuerdo, la delegación del Gobierno Santos regresó a negociar de nuevo a La Habana con los representantes de la guerrilla, después de resumir los motivos de quienes votaron 'no', a quienes Uribe dice representar mayoritariamente junto a representantes de una minoría del Partido Conservador y delegados de las iglesias. Con todos ellos se celebraron reuniones de las que salieron 56 nuevas propuestas de cambio a los acuerdos firmados en Cartagena ante la Comunidad Internacional el pasado 26 de septiembre.

Durante los 42 días transcurridos desde el plebiscito, Gobierno y FARC han negociado modificaciones al pacto de Cartagena en centenares de reuniones en las que los representantes de la guerrilla han cedido en sus posiciones respecto a varios de los acuerdos básicos. Según declaraba el jefe de sus negociadores, Iván Márquez, cedieron "hasta los límites de lo razonable y aceptable para una organización cuyas armas no fueron vencidas”.

Efectivamente, como declaró a Público el general Óscar Naranjo, exdirector general de la Policía y negociador en La Habana, “Uribe olvida que las FARC no son una guerrilla rendida o sometida, sino una parte de la negociación sentada en la misma mesa que el Gobierno”.

Según ha podido conocer este diario, el único momento de la negociación
en el que estuvo a punto de darse una ruptura entre las delegaciones del Gobierno y las FARC, fue cuando se puso sobre la mesa la demanda de los contrarios al acuerdo en el plebiscito para que los máximos dirigentes de la guerrilla no puedan participar en política y ser elegibles. “Tengo que decirlo con franqueza, aquí no se logró avanzar”, confesó Santos, "la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad”.

La realidad es que, en anteriores procesos de paz y desmovilización, como el llevado a cabo con el M-19 en los años 90, los dirigentes de la guerrilla pasaron a ser parlamentarios e incluso a ser cooptados como ministros, como sucedió con el guerrillero Antonio Navarro, nombrado ministro de Sanidad en el Gobierno del liberal César Gaviria.

El resto de las modificaciones al acuerdo de paz suscrito en Cartagena se refieren a los bienes de la guerrilla —que estará obligada a declararlos y entregarlos para resarcir a las víctimas—, al aumento en la severidad de la vigilancia y confinamiento de los dirigentes guerrilleros sentenciados en la nueva Jurisdicción Especial para la Paz por delitos atroces o crímenes de guerra, al retoque en esta jurisdicción —en la que ya no intervendrán magistrados extranjeros salvo en demanda de conceptos y que sólo tendrá dos años para abrir investigaciones sobre delitos cometidos en el conflicto interno— y a una batería de afirmaciones más bien retóricas para el consumo de la derecha más reaccionaria. Por ejemplo, la afirmación de la familia y sus valores, la negación de que los acuerdos incluyan la llamada “ideología de género”, la garantía del “derecho a la propiedad”, el respeto y apoyo a la pluralidad de cultos sin discriminación alguna y la consideración de “víctimas” del conflicto a las iglesias protestantes, que en Colombia son un grupo de opinión próximo a los diez millones.

A partir de este lunes, el presidente Santos y el Gobierno se enfrentan a la decisión sobre cuál será el mecanismo de refrendación del nuevo acuerdo, que requiere iniciativas legislativas en el Parlamento, dado que no será automáticamente agregado al bloque constitucional, como se previó en un principio en una iniciativa descartada en el nuevo texto. El Ejecutivo también tendrá que tomar una decisión sobre la puesta en marcha inmediata de los mecanismos de implantación de lo pactado, que las fuerzas guerrilleras —en fase de alto el fuego pero operativas en sus zonas de combate o concentración— esperan y sobre la amnistía y la reincorporación a la vida política antes de dejar las armas y desmovilizarse de forma definitiva.