Unos 230 miembros del grupo ortodoxo judío Lev Tahor han abandonado el municipio de San Juan La Laguna, en el oeste de Guatemala, tras un conflicto con la comunidad indígena maya local, que denunciaba discriminación contra los vecinos, enfrentamientos con turistas y la intención de los judíos imponer su religión y sus costumbres, informa la prensa local. Los miembros de Lev Tahor, por su parte, se han quejado de insultos, amenazas de corte del suministro eléctrico y de agua y de expulsión forzosa. Muchos de los miembros de la comunidad llevaban seis años viviendo en la zona, mientras que otros acababan de llegar desde Canadá, donde también hubo tensiones con las autoridades.

El Consejo de Ancianos de la comunidad tras una serie de reuniones con representantes judíos finalmente decidieron pedirles que se marcharan y los judíos han comenzado ya a cargar sus pertenencias en camiones con la esperanza de reubicarse dentro de Guatemala. Sin embargo, no han revelado su destino por temor a represalias. "Somos gente de paz y para evitar un incidente ya hemos comenzado a marcharnos. Tenemos derecho a quedarnos, pero nos han amenazado con lincharnos si no nos vamos", ha explicado el líder de la comunidad Lev Tahor, Misael Santos.

Desde la comunidad maya defienden que han actuado "en defensa propia". "La Constitución (guatemalteca) nos protege porque debemos conservar y preservar nuestra cultura", ha señalado un portavoz del Consejo maya, Miguel Vásquez. Otros vecinos denuncian más abiertamente su comportamiento "prepotente" y el incumplimiento de acuerdos previos como el de no bañarse desnudos en la playa.

La Procuraduría de los Derechos Humanos guatemalteca (PDH) ha mediado en el conflicto y patrocinado las reuniones entre ambas partes, pero finalmente no se logró un acuerdo. Precisamente este organismo ha solicitado una investigación a las autoridades. "La PDH rechaza las amenazas proferidas en contra de la comunidad judía y solicita a las autoridades competentes su pronta investigación. Lamenta que la comunidad judía se haya visto forzada a abandonar su domicilio", ha señalado el organismo en un comunicado recogido en el periódico 'Prensa Libre'.

Además, la PDH "censura" la pasividad del gobernador del departamento y del alcalde de San Juan La Laguna por no cumplir con su obligación de garantizar la convivencia pacífica y la seguridad de la comunidad judía asentada en dicho municipio. "Los hechos acaecidos en San Juan La Laguna son humillantes y discriminatorios y no pueden ser tolerados por esa comunidad, ni por ninguna. Debemos evitar sobre todo la discriminación e invitar a la armonía y convivencia pacífica entre todos los pueblos", añade el texto.

El documento recuerda por último que ninguna persona, autoridad, grupo ni comunidad tiene derecho ni está autorizada a fijar plazo a personas o grupos extranjeros para que salgan de ninguna área del territorio nacional y que no es válida ninguna justificación, sea ésta religiosa, política, ética o moral.