En una nueva escena de caos, las Fuerzas de Defensa de Israel abrieron fuego contra los gazatíes que intentaban acceder a ayuda humanitaria el pasado martes. Este episodio de violencia ocurrió durante la puesta en marcha del sistema privado de reparto impulsado por Estados Unidos e Israel, que gestiona la Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

Su estreno en la ciudad de Rafah resultó en al menos 47 personas heridas de bala, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No obstante, la ONU no ha confirmado la cifra de tres muertos proporcionada por las autoridades gazatíes. Una situación de colapso que ha provocado la suspensión temporal del sistema de reparto con el cierre de sus centros.

Lejos de ofrecer una solución eficaz a la hambruna en la Franja, el nuevo modelo ha sido descrito por la ONU como una "distracción deliberada " que trata de imponer una lógica de escasez artificial. Con sólo cuatro centros operativos, tres en el sur del enclave y uno en el centro, el sistema provoca que gran parte de los dos millones de gazatíes tengan que desplazarse varios kilómetros para llegar a los colapsados puntos de reparto.

La ONU y la mayoría de las ONG internacionales se han negado a participar en el operativo, calificándolo de incompatible con los principios humanitarios —neutralidad, imparcialidad e independencia— debido a su falta de transparencia y la colaboración de empresas privadas estadounidenses y contratistas locales vinculadas a la seguridad. Una posición que también comparte el exdirector de la propia GHF, Jake Wood, al dimitir por dichos motivos el pasado domingo.

Los gazatíes, al borde de la inanición

A pesar de los constantes intentos de Netanyahu de negar la hambruna en Gaza, los datos señalan que las muertes por desnutrición podrían llegar a superar a las provocadas por los bombardeos de su ejército si no se reanuda la ayuda.

Según el informe más reciente de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), amparado por la ONU, toda la población gazatí, cerca de 2,1 millones de personas, enfrenta inseguridad alimentaria aguda. Aproximadamente medio millón de personas se encuentran en la fase 5 del sistema IPC, lo que equivale a una situación de hambruna. Esto ha llevado a que organismos internacionales han advertido de que Gaza podría convertirse en la zona más crítica en términos de desnutrición infantil del mundo.

UNICEF también ha señalado que el 90% de los niños menores de dos años en Gaza sufren pobreza alimentaria severa, consumiendo solo dos o menos grupos alimenticios al día, muy por debajo de los niveles necesarios para un desarrollo saludable. Además, la tasa de desnutrición aguda en niños menores de dos años ha aumentado significativamente, alcanzando un 31% en el norte de Gaza, lo que representa un grave deterioro en la salud infantil.

La situación ya está causando un alto número de muertes, ya que el ministro de Salud palestino, Maged Abu Ramadan, informó la semanada pasada de la muerte por inanición de al menos 29 niños y ancianos en menos de 48 horas.

Bloqueo sobre las ONG

El bloqueo por parte de Israel, que ha restringido el ingreso de alimentos, medicinas y combustible, ha dejado a la población en condiciones de extrema vulnerabilidad. Mientras que antes del colapso del sistema tradicional se distribuían hasta 500 camiones diarios de ayuda, actualmente ingresan cantidades simbólicas que no alcanzan ni el 10% de esa cifra. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU estima que serían necesarios entre 500 y 600 camiones diarios para cubrir las necesidades mínimas.

Además del bloqueo, los ataques también se han realizado sobre el personal de las ONG. World Central Kitchen suspendió sus actividades tras un ataque israelí que mató a varios de sus trabajadores, y Médicos Sin Fronteras ha sufrido la destrucción de instalaciones médicas.

Unas entidades que también han denunciado la falta de rutas seguras dentro de la Franja para poder repartir los alimentos. “Estamos listos para volver a cocinar, pero necesitamos acceso”, han declarado desde World Central Kitchen. Además, otras organizaciones han advertido que la arquitectura del sistema, que incluye controles de seguridad israelíes y empresas privadas estadounidenses, convierte la ayuda humanitaria en un instrumento de gestión poblacional y control territorial.

Las empresas detrás del sistema de reparto

El nuevo modelo está gestionado por la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), una entidad registrada en Delaware y Suiza sin trayectoria conocida en operaciones de emergencia y cuyo origen y financiación siguen siendo opacos. A cargo de su seguridad y logística se encuentran empresas privadas estadounidenses como Safe Reach Solutions (SRS), fundada por el exagente de la CIA Philip Reilly, y UG Solutions, dirigida por el ex boina verde Jameson Govoni. Estas compañías han sido contratadas para asegurar los centros de distribución y gestionar su funcionamiento operativo.

La compañía encargada de la intermediación local, Three Brothers, está dirigida por Mohammad Khozandar. Una empresa, que ha recibido desde el 7 de octubre de 2023 un permiso exclusivo del gobierno israelí para importar productos comerciales a Gaza. Según un informe del Ministerio de Economía palestino en Ramala, Three Brothers vendía esos permisos a precios inflados, lo que generó una situación de monopolio y encarecimiento artificial de los productos básicos.

Además de la controversia empresarial, la iniciativa ha sido rechazada por actores económicos locales que fueron inicialmente contactados para participar. Empresarios como Suheil Siqa, presidente de la Unión de Contratistas de Gaza, y Ahmed Helo, líder del gremio de compañías de combustible, rechazaron las ofertas tras considerar que el esquema podría ser percibido como una forma de colaboración con la ocupación.

El nuevo sistema de ayuda en Gaza no solo ha fracasado en aliviar la catástrofe humanitaria que vive la población civil, sino que ha contribuido a intensificarla. Su implantación al margen de los organismos internacionales, la opacidad de sus responsables y los vínculos con actores empresariales y militares de dudosa neutralidad configuran un panorama preocupante. Más que una respuesta efectiva a la emergencia, el sistema representa un experimento fallido que instrumentaliza la ayuda humanitaria y socava la posibilidad de una solución justa, transparente y eficaz para una población que sufre condiciones extremas de supervivencia.