Pocos saben que el presidente de la comisión independiente de la ONU que ha denunciado la violación de derechos humanos en Irak por parte de empresas como Blackwater es español. Su nombre es José Luis Gómez del Prado, tiene 70 años y fue el coordinador de la misión internacional en el genocidio de Ruanda que sirvió para juzgar a los responsables de aquellas matanzas.

¿Cuál es el contenido del informe que han redactado sobre las empresas de seguridad tipo Blackwater?
Presentamos dos informes, uno en 2006 a la Asamblea General de la ONU y otro a la Comisión de Derechos Humanos. La primera sorpresa fue que estas empresas no sólo trabajan para las fuerzas de ocupación sino que también dan servicio a organizaciones como la propia ONU. La segunda es que la actuación de estos ejércitos privados está llena de violaciones de los derechos humanos.

¿En algún lugar en concreto?
En muchos. Un ejemplo flagrante es la prisión de Abu Ghraib. Allí, guardias privados practicaron torturas, junto a los militares, a iraquíes. Sin embargo, resulta imposible depurar responsabilidades porque el administrador, Paul Bremer, les otorgó inmunidad judicial mediante un decreto.

¿Encontraron trabas para investigar la actividad de estas empresas?
Sí, principalmente de tipo burocrático en la Unión Europa, EEUU, Nueva Zelanda y Australia. Hay que tener en cuenta que las empresas de seguridad están establecidas en esos países y la dimensión de sus ganancias es proporcional a su influencia. Se calcula que anualmente facturan entre 20.000 y 100.000 millones de dólares. Con estas cifras es lógico entender que el grupo occidental votara en contra de la formación de la comisión. Lo que hubiesen querido es acabar con nuestro equipo en base a argumentos como la falta de pruebas.

Pero salió mal.
Sí, porque en menos de dos años hemos estado en cinco países, hemos redactado dos informes y hemos creado un mecanismo para recibir alegaciones sobre casos de mercenarios implicados en crímenes internacionales.

¿Quiénes integran estos grupos de mercenarios?
Ex militares y ex policías de un buen número de países. Por ejemplo, sabemos que 1.300 peruanos han sido reclutados por 1.000 dólares al mes para trabajar en Irak. Pero no acaban ahí los problemas porque muchos de los que han muerto o han resultado heridos tardan mucho en cobrar las pólizas de las indemnizaciones. Y si fallecen de forma natural, pierden todos sus derechos.

¿No pueden apelar a los tribunales de justicia de su país?
No. El motivo es que los contratos se formalizan bajo la jurisdicción de terceros países, en aviones, o directamente en Irak. Por ejemplo, si los mercenarios chilenos quieren presentar una querella contra la empresa deben ir a Uruguay o Panamá. Los peruanos, a EEUU; los de Fidji, a Hong Kong.

¿Cuántos denuncias han recabado?
Decenas. Tenemos denuncias de Honduras, Perú, Fidji, Chile. Un hondureño nos contó que le obligaron a hacer guardias con la pierna rota.

¿Recuerda algún testimonio concreto?
Sí. El de un ex militar del Ejército de Fidji. Ocurrió en la carretera del aeropuerto de Bagdad. Trabajaba con tres norteamericanos. Uno de ellos comentó que tenía que matar a un iraquí porque se iba de vacaciones. Al día siguiente cumplió su amenaza. Detuvo la marcha del coche, desenfundó su arma y disparó contra el primer vehículo que pasó a su lado. No se sabe si el conductor atacado logró sobrevivir. Este testimonio lo incluimos en el informe y ahora parece que la justicia de EEUU ha decidido tomar cartas en este asunto.

¿Cómo funcionan por dentro empresas como Blackwater?
Se han rodeado de equipos de abogados muy preparados. Ahora existen dos importantes grupos de presión, uno está en Washington, el IPOA; el otro en Londres, la British Security Industry Association.

¿Cuántos mercenarios pueden estar ahora en Irak?
Hay quien asegura que puede haber un ejercito privado compuesto por 70.000 hombres. El Gobierno estadounidense reconoce la presencia de unos 40.000. No lo sé.

¿De qué países proceden?
De América Latina, Suráfrica (ex policías del régimen racista que actuaron en las guerras de Angola y Sierra Leona), EEUU, Reino Unido, Canadá. Pero también hay iraquíes, de Nepal...

No todos ganarán lo mismo.
Hay una jerarquía. La Zona Verde de Bagdad es un ejemplo clarificador. Según los testimonios que tenemos, este lugar ha sido dividido en círculos concéntricos. En la primera fila, la más cercana a la muralla exterior, colocan a los iraquíes para que alerten de un posible ataque. Obviamente son los que menos cobran. Después vienen los latinos, que reciben unas pagas superiores, y así hasta llegar al entorno personal del embajador o empresario que se reserva a los estadounidenses con sueldos que pueden alcanzar 20.000 dólares.

¿Teme que estas denuncias terminen diluyéndose?
Sí. Por eso queremos alertar del peligro que representan. Su trampa es que ahora son firmas registradas legalmente, con una personalidad jurídica similar a la de cualquier empresa que cuida el Metro.

¿Ha recibido presiones para que abandone su trabajo?
Hasta el momento han tratado de seducirnos con las bondades de su trabajo aunque ya he recibido una carta de una empresa diciéndome que cambie mi actitud. Yo les he contestado. Mientras tenga la inmunidad diplomática, podré hacerles daño y no tendré miedo.