El Gobierno de Silvio Berlusconi se puso esta mañana en marcha de manera oficial para introducir en la Constitución la conocida como regla de oro, es decir, la obligatoriedad del equilibrio presupuestario. Además, el Ejecutivo italiano presentó un diseño de ley que prevé la abolición de las provincias a excepción de las dos autónomas: Trento y Bolzano.

En lo que respecta al equilibrio presupuestario, será necesario modificar principalmente el artículo 81, pero también el 53 y el 119 de la Carta constitucional. Con ello, el ministro de Economía, Giulio Tremonti, espera conseguir una norma que 'no será sólo un criterio contable sino un principio de gran intesidad política y civil' que incluye la obligatoriedad del control de las cuentas por parte de los entes locales.

La norma, según explicó Tremonti, incluye una claúsula por la que la regla de oro queda sometida al concepto 'estado de necesidad', es decir, el Gobierno de turno tendrá que respetar obligatoriamente el equilibrio de las cuentas, pero siempre teniendo en cuenta los ciclos económicos o momentos puntuales en los que el país necesite gastar más de lo que ingrese. 

Junto al equilibrio presupuestario, el Gobierno también ha anunciado la creación de un decreto ley que acabe con las 107 provincias italianas, con excepción de las autónomas antes citadas. Todas las competencias que hasta ahora llevaban los gobierno provinciales pasarán a las regiones, al igual que las de muchos ayuntamientos que dependerán directamente del Gobierno de la región o de una ciudad metropolitana.

El rediseño de la estructura del Estado conlleva modificaciones en los artículos 114,117,118, 119, 120, 132 y 133 de la Constitución y afectará en un futuro al número de diputados del Parlamento, ya que los líderes de las provincias acabarán perdiendo sus escaños.

Para ambos cambios se abre ahora un periodo largo de debate y trabajo. Al tratarse de una modificación de la Constitución, los nuevos decretos tendrán que ser evaluados dos veces por Parlamento y Senado, nunca en intervalos inferiores a los tres meses y tendrán que pasar dos votaciones en ambas Cámaras.

Para su aprobación final, el Gobierno debería conseguir una mayoría de dos tercios en ambas instituciones y si no lo consiguiera sólo contaría con el referéndum como última alternativa. Según Tremonti, estas medidas podrían entrar en vigor a partir de 2014.