Miles de personas han vuelto a salir a la calle este lunes en el Líbano para protestar contra la corrupción y la mala gestión del Gobierno. Mientras, el Ejecutivo se mantiene reunido para acordar un paquete de reformas económicas de emergencia ante el ultimátum dado por el primer ministro, Saad Hariri.

Las protestas masivas han continuado en Beirut y otros puntos del país por quinto día consecutivo, pero esta jornada casi todo permanece cerrado: desde escuelas a universidades por una llamada a la huelga de los profesores, a los negocios o bancos, que han declarado el día como feriado.

El Consejo de Ministros permanece reunido con Hariri al frente para acordar un paquete de reformas con el que salir de la crisis económica en un encuentro que trascurre con cientos de manifestantes a las afueras del Palacio Presidencial. La complicada coalición de Gobierno, en la que están incluidos ocho partidos de diferente signo y afinidad política, discute una serie de medidas para lograr una reducción del gasto y un ajuste del presupuesto sin que ello suponga un aumento de impuestos.

Hariri ha mantenido un breve encuentro con el presidente del país, Michel Aoun, antes del inicio de la reunión, según ha informado la agencia estatal libanesa de noticias, NNA. Antes, Aoun informó en Twitter de que ha pedido "levantar el secreto bancario de todos los que asuman responsabilidades ministeriales ahora o en el futuro" como una forma de lucha contra la corrupción, una de las demandas de los manifestantes. "Lo que pasa en la calle expresa el dolor de la gente", enfatizó, antes de destacar que es "injusto" acusar a todos los partidos de estar implicados en casos de corrupción.

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El encuentro llega un día después de que fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias Reuters indicaran que Hariri había pactado con los integrantes de su coalición de gobierno un paquete de reformas para intentar calmar las protestas. El paquete incluye la reducción a la mitad de los sueldos de altos cargos actuales y anteriores y 3.300 millones de dólares (unos 2.955 millones de euros) en contribuciones de la banca para reducir la deuda pública y "acercarse al déficit cero" en los presupuestos de 2020, según estas fuentes.

Asimismo, contempla la privatización del sector de las telecomunicaciones y una reforma del maltrecho sector de la electricidad, una de las demandas clave de los potenciales donantes e inversores internacionales para liberar unos 11.000 millones de dólares (cerca de 9.850 millones de euros) en préstamos. Además, recoge una serie de medidas de estabilización para los organismos reguladores y de transparencia para que puedan supervisar las restantes reformas.

Sin embargo, el presupuesto no incluirá ninguno de los impuestos adicionales que han provocado la contestación ciudadana, concentrada en una tasa que se pretendía imponer al uso de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Las protestas arrancaron a principios de octubre en medio del deterioro de la crisis y después de una caída de la moneda local por primera vez en las últimas dos décadas. El descontento se arrastraba ya desde julio, cuando el Parlamento aprobó un presupuesto de austeridad para hacer frente al déficit. Sin embargo, han ganado intensidad desde el jueves a raíz del anuncio del Gobierno sobre los planes para introducir una tasa por el uso de WhatsApp. El Gobierno dio marcha atrás a la decisión casi de inmediato pero los libaneses han continuado protestando ante la situación del país.

El epicentro de las movilizaciones son las plazas de Riad el Solh y la plaza de los Mártires del centro de Beirut, donde los manifestantes llevan tres días acampados bajo consignas revolucionarias y exigiendo la devolución de los fondos públicos saqueados, hasta el momento en un ambiente festivo. También hay importantes movilizaciones en las ciudades de Sidón, Trípoli y Nabatié y en la provincia de Accar, en el norte del país, para exigir "un cambio en el sistema político" y la expulsión de los corruptos.

El Líbano es uno de los países más endeudados del mundo, con alrededor de 86.000 millones de dólares de deuda, alrededor del 150% del producto interior bruto y su deuda soberana no alcanza ni el nivel de "bono basura". El país se enfrenta también problemas financieros debido a la ralentización del flujo de capitales necesario para financiar al Gobierno, lastado además por el escaso crecimiento y una elevada tasa de desempleo, cercana al 30%. Los manifestantes piden la dimisión de la clase dirigente, que 29 años después del término de la guerra (1975-1990) no ha conseguido que la población tenga 24 horas de electricidad y no haya que racionar el agua.