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Ruta del Mediterráneo Luisa Izuzquiza, la española que ha llevado a Frontex ante la justicia europea: “Es la peor agencia europea en cuanto a sus obligaciones de transparencia”

'Público' entrevista a Luisa Izuzquiza, la activista española por la libertad de información que ha llevado a Frontex a la justicia europea por negarse a desvelar documentos confidenciales sobre sus barcos.

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Luisa Izuzquiza, activista española por la libertad de la información.

Luisa Izuzquiza (Madrid, 1991) lleva dos años pidiendo a Frontex que desvele los nombres, bandera y tipo de barcos que la agencia guardacostas europea utilizó en verano de 2017 para patrullar la zona del Mediterráneo central bajo la operación Tritón. Tras varias negativas de la agencia, Izuzquiza ha llevado a Frontex ante el Tribunal de Justicia de la UE por falta de transparencia.

El objetivo de la activista es sentar un precedente que fuerce a la agencia a desvelar más informaciones por iniciativa propia. Es la primera vez que Frontex debe responder ante la justicia europea por falta de transparencia.

La semana pasada Izuzquiza viajó a Luxemburgo para defender el caso ante el tribunal, junto con su compañero en la acusación, el alemán Arne Semsrott. Aunque no quiere dejarse llevar por la euforia, la activista cuenta que se fue con sensaciones muy positivas y que es optimista en que Frontex tenga que hacer públicos los documentos que reclama. La resolución se espera en noviembre y, si es negativa, la investigadora valorará recurrir.

La agencia arguye razones de seguridad pública para no revelar la información. Frontex dice que los traficantes de personas podrían seguir a las embarcaciones de vigilancia a través de páginas web y sortear así a los guardacostas. Es lo ha repetido en todas sus respuestas a las peticiones de los investigadores y en la audiencia en el Tribunal de Justicia de la UE la pasada semana.

Para la denunciante española el argumento de la seguridad pública en el que se escuda la agencia debería ser excepcional y no justifica la negativa a desclasificar la información sobre los barcos desplegados en 2017.

En junio de 2016, Izuzquiza y Semsrott pidieron esa información a Frontex por primera vez. Tras recibir la negativa de la agencia en varias ocasiones, interpusieron una demanda ante el Defensor del Pueblo europeo, quien desestimó la demanda y apoyó la tesis de Frontex por la seguridad pública. Fue tras ello cuando decidieron llevar el caso ante la justicia europea.

Esta solicitud es solo una de las más de 170 que Izuzquiza ha enviado a diferentes instituciones europeas para que revelen documentos no públicos. Gastos de viaje de directores de agencias, interacciones en Facebook, o planes estratégicos son algunos de los documentos que han pedido a las instituciones europeas, no siempre con la misma suerte. Pero, en su experiencia, Frontex es la agencia europea más opaca. “Su tasa de denegación total o parcial es del 80%”, denuncia Izuzquiza.

Izuzquiza denuncia que el uso de las redes sociales para mostrar operaciones de rescate en el Mediterráneo tiene un único fin promocional y casi propagandístico

En declaraciones a este diario, un portavoz de Frontex dice que están comprometidos con la transparencia y que a menudo llevan periodistas empotrados en barcos durante las operaciones, dan acceso a sus oficinas, y que ofrecen entrevistas y sesiones de información de contexto. “Recibimos periodistas e investigadores en nuestras oficinas en Varsovia casi cada semana”, dice. Añade que desclasificaron 700 documentos en 2015 y unos 3.000 entre 2017 y 2018.

De hecho, las operaciones de rescate en el Mediterráneo abundan en las cuentas en Twitter y Facebook de la agencia, pero Izuzquiza denuncia que este uso de las redes sociales tiene un único fin promocional y casi propagandístico.

La investigadora española se considera una “activista por la libertad de información”. Desde febrero de este año, trabaja en Bruselas para Corporate Europe Observatory, una organización que investiga prácticas opacas de empresas y lobbies en sus relaciones con las instituciones europeas.

Su sensibilidad por la situación de los migrantes y refugiados de asilo en el mar Mediterráneo tampoco es nueva. Tras una estancia como cooperante en el campo de refugiados de Moria, conocido por sus deplorables condiciones, creó junto a otros cuatro compañeros la asociación Rowing Europe, con la que viaja a Grecia para ofrecer asistencia ginecológica, especialmente a mujeres embarazadas. “Es un tipo de atención descuidada en muchísimos campos y nadie lo estaba haciendo”.

¿Por qué decidió denunciar a Frontex?

Empecé a trabajar con un enfoque sobre Frontex a partir de 2017. Empezamos a indagar, mi compañero Arne Semsrott y yo, por interés personal y porque nos dedicamos al activismo de la libertad de información. La idea era intentar hacernos una idea de cuál era la respuesta ante la crisis humanitaria de la UE. Cuántos recursos se habían puesto, qué tipos de decisiones se habían tomado, por qué, y quién las había tomado. También hay un aspecto de rendición de cuentas. Hemos pasado una crisis, la gestión ha sido catastrófica, ¿qué ha pasado aquí? Nos decidimos centrar en Frontex porque nos dimos cuenta desde muy pronto de que era la peor agencia en cuanto a su respuesta ante sus obligaciones de transparencia.

De por sí, para presentarles una solicitud de información, te piden una copia de tu DNI. Es el único organismo de la UE que hace algo así, obviamente tiene un efecto disuasorio. Si vas a hacerle una pregunta a la policía y esta lo primero que dice es “enséñame tu DNI”, evidentemente no te lo están poniendo fácil.

Si accedes a darles el DNI, su tasa de denegación total o parcial es del 80%. Las posibilidades de que den las informaciones que buscas son remotas y la gran mayoría de sus denegaciones se basan en una excepción que está en la ley, que en teoría se tiene que utilizar de una forma proporcional y cautelosa. El 80% de los casos aplican esta excepción, para mí la definición de excepcional sería totalmente lo contrario.

No solo eso, por la forma que [Frontex] tenía de no tomarse en serio su obligación de darte una respuesta bien argumentada, pensamos que claramente había que centrarse aquí. Esta conducta no se corresponde con la importancia que tiene Frontex en la gestión migratoria. Estamos hablando de una de las mayores agencia de la UE, con un presupuesto desorbitado (320 millones de euros en 2018), con unos recursos impresionantes y, sin embargo, cuando les haces preguntas acerca de cómo están invirtiendo estos recursos y cómo están respondiendo, no te quieren contestar. Eso no puede ser.

Un agente de Frontex en el Maeditarráneo.- FRONTEX

Ha realizado 176 peticiones a instituciones europeas a través de internet. ¿Por qué llevar esta a los tribunales y no otras?

Hay un claro problema con Frontex y su voluntad de no corresponder sus obligaciones de transparencia. El problema es mayor con Frontex que con otras agencias. La vía política con Frontex era complicada: hemos intentado pedirles la información de varios modos, o al menos hacerle ver que su estándar de transparencia no se corresponde con sus obligaciones.

Ellos saben perfectamente cuál es nuestra posición. También porque el proceso de solicitud conlleva mucha argumentación. Cada vez que ellos dan una denegación, nosotros les decimos: esto no se corresponde con la jurisprudencia del tribunal. Esto no se corresponde con lo que dice la ley ni con las buenas prácticas de las instituciones. Estáis muy por debajo de todos estos estándares, tenéis que espabilar. Ellos nunca lo han hecho.

¿Qué piden exactamente?

Anular la decisión Frontex de no darnos la información que buscamos sobre los barcos que tenían desplegados en el Mediterráneo central en el verano de 2017. Es lo más básico, que nos entregue la información.

Y la idea también es que el tribunal se pronuncie por primera vez acerca sobre cuáles son las obligaciones de transparencia de Frontex y cómo aplica la excepción de seguridad pública a sus operaciones, que hasta ahora Frontex aplica casi al total. Nosotros decimos que no puede ser así. Buscamos sentar precedente.

Va más allá del mero hecho de revelar esta información…

El valor de la información, ahora que han pasado dos años, es menor que en su momento. Pero, nuestra idea es la misma que al principio: utilizar esta información para empezar a medir cuál es la respuesta que Frontex da a la crisis migratoria. Frontex tiene una obligación de rescate y los recursos que emplea para corresponder esta obligación son algo totalmente básico. De por sí, analizar el número de barcos, y qué Estados miembros los habían facilitado ya nos dará una idea y, dependiendo de la resolución del tribunal, podremos utilizar eso para seguir investigando o abrir otras vías. La utilización de la información depende de la decisión del tribunal.

¿Piensan hacer investigaciones en base a esta información?

O en base a esta información o en base a lo que la resolución nos permita explorar a partir de ahí. Pero seguiremos trabajando en esto, por supuesto. Es un reto a medio, largo plazo. Queda mucho por hacer. Un caso no va a cambiar el paradigma de transparencia de Frontex. Puede ayudar un poco, asentar ciertos conceptos que ahora mismo están en el aire, pero el problema es mucho mayor que esta información. En cuanto a una conducta de una agencia, su propia percepción de lo que es una obligación de transparencia.

¿Cree que si tuviéramos esta información que solicita o si en general Frontex fuera más transparente esto podría llegar a ayudar a los propios migrantes y demandantes de asilo para que se respeten mejor sus derechos o de otra manera?

Es difícil saber cómo la transparencia ayuda a lo que se produce sobre el terreno, y a la vez no es ninguna panacea. Puede facilitar cosas, abrir puertas a investigaciones y procesos de rendición de cuentas. Pero, al mismo tiempo, no es ninguna garantía.

Izuzquiza exige que la transparencia sirva como derecho instrumental para aumentar la vigilancia sobre lo que está haciendo Frontex en nuestras fronteras

Simplemente abre posibilidades, pero creo que, por ejemplo, si logramos obtener más información que ayude a abrir más investigaciones ya sea periodísticas, judiciales, de cualquier tipo sobre lo que está pasando en las fronteras, de por sí debería contribuir a una mayor seguridad de los migrantes y sobre todo a asegurar el respeto a los derechos humanos en frontera, que es la idea última. Que la transparencia sirva como derecho instrumental para aumentar la vigilancia sobre lo que está haciendo Frontex en nuestras fronteras.

Frontex publica mucha información en las redes sociales, ¿por qué querría ocultar esta información que reclaman?

Es parte de las peculiaridades del caso. Ellos dicen que publicar la información de sus barcos pone en peligro la seguridad pública y utilizan un argumento, que a mí me parece de falta de vergüenza: ponen en peligro también la vida de los migrantes. Me parece tan desafortunado que argumenten algo así…

Pero a la vez no han sabido explicar bien cuál es la diferencia entre que ellos pongan información en Twitter con un fin promocional y casi propagandístico: “mira lo bien que hacemos nuestros rescates”. Sin embargo, cuando nosotros hacemos investigación en serio sobre qué estás haciendo, digas: “No, seguridad pública”.

Es uno de los ejemplos que muestra que ellos no consideran que tengan unas obligaciones de transparencia serias. Yo puedo escoger qué público. Mira no, existe una ley, este es un derecho fundamental, y tú tienes unas obligaciones. A mí no me valen tus comunicados de prensa. Esto tiene que ir un poco más allá.

¿Cómo fue la vista en el tribunal de Luxemburgo?

Es un tribunal que se toma muy en serio los procedimientos y el ámbito protocolario. Fue una audiencia más bien larga, en la que se tocaron temas interesantes en profundidad relativos al caso. Un poco más sobre procedimientos de cómo hacer una solicitud y cómo no. Luego, otras cuestiones relativas a las operaciones de Frontex sobre cuándo activan el radar, que todos los barcos tienen, llamado AIS, que permiten rastrear la posición de los barcos. Una de las grandes preguntas es si se puede rastrear o no un barco de Frontex. Ellos tuvieron que responder a bastantes preguntas sobre su posición sobre cómo exactamente desvelar esta información pone en peligro la seguridad pública. Fue muy interesante profundizar en su argumentación.

¿Cuál es su sensación tras la vista?

La sensación fue positiva por el tipo de preguntas, por cómo las contestaba Frontex. Nosotros salimos de ahí contentos. Al mismo tiempo, y es es importante decirlo, con el TJUE que una audiencia pública vaya bien no es ninguna garantía de un veredicto positivo y puede cambiarlo todo y simplemente han decidido poner más presión sobre Frontex durante la audiencia por cualquier tipo de razón y luego que en el fondo no sea así y que estén más de su lado que del nuestro.

¿Piensan recurrir si hay un resultado negativo?

Depende mucho de lo que pase. Al final, es bastante evidente que nosotros tenemos un compromiso no sólo con la causa sino con este caso concreto y que, ya que lo hemos hecho, vamos a hacerlo bien. En estas cosas no depende solo del veredicto sino también del texto final. De la jurisprudencia que haya creado y si nos ayuda a avanzar o no.