Comenzó su carrera en el Partido Comunista Colombiano y en Unión Patriótica. Ha alternado el activismo sindical con la política, y ya sirvió como ministro de Trabajo en el Gobierno de Andrés Pastrana. Su incorporación a la candidatura de Juan Manuel Santos aportó un rostro más humano y la preocupación por los derechos sociales.

Tras el reciente golpe a las FARC, ¿cree que el fin de la guerrilla está cerca? ¿Se mantiene la oferta de diálogo del presidente Juan Manuel Santos si las FARC renuncian a los secuestros?

Tenemos una decisión política de perseguir militar, judicial y políticamente a todos los grupos armados ilegales, llámense emergentes, bandas criminales o de narcotráfico. Y se han dado golpes diversos a los grupos armados, entre ellos la muerte del Mono Jojoy, que es el golpe más duro que han recibido las FARC en su historia. A la guerrilla le pedimos que liberen a los secuestrados, dejen de usar minas antipersona y pongan en libertad a los niños reclutados forzosamente. Estamos a la espera.

La Procuraduría [órgano de control de la Administración] acaba de inhabilitar al ex secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, mano derecha de Álvaro Uribe, en relación al escándalo por las escuchas ilegales a magistrados, periodistas y opositores.

Es una decisión de la Procuraduría, un organismo autónomo del Ejecutivo. En relación a esta y a las decisiones de la Justicia, nosotros guardamos respeto. Quisiéramos que los implicados puedan demostrar su inocencia. Como Ejecutivo, pedimos que se garantice un juicio justo.

Las víctimas del escándalo han expresado su temor a que el seguimiento por los servicios secretos continúe.

Puedo garantizar que vamos a tener una política de total respecto a los derechos humanos, y al Derecho Internacional Humanitario. No permitiremos que ningún servidor público viole los derechos humanos.

Colombia es hoy el país más desigual de América Latina. ¿Qué hará su Gobierno?

Nos comprometimos a que el país crezca en cuatro años un mínimo del 5%, a disminuir el desempleo a cifras de un dígito y a crear 2,5 millones de empleos. También a sacar a cuatro millones de personas de la pobreza y a siete millones de la miseria y a respetar los derechos laborales y ambientales.

Pero el Tratado de Libre Comercio con EEUU sigue sin ser aprobado por el Congreso estadounidense precisamente a causa de la violación de los derechos humanos y del alto índice de violencia contra los sindicalistas colombianos.

No negamos que hemos vivido una situación de asesinatos de sindicalistas, jueces, dirigentes políticos, empresarios. Estamos tomando medidas para proteger el activismo sindical. Vamos a insistir ante el Congreso de Estados Unidos para que ratifique el tratado.

¿Qué va hacer su Gobierno con las víctimas? Hay quienes reclaman sus tierras robadas y son asesinados por ello.

Se han presentado dos leyes. Una es de restitución de tierras y el objetivo es que la tierra vuelva a su legítimo dueño, la población campesina que fue despojada fraudulenta y violentamente de sus tierras. Se acompañará a la población campesina, con presencia militar, para que se haga justicia y se les devuelvan las tierras que se les arrebataron. La otra ley es de reparación de víctimas. Llegó la hora de que el Estado sea más humano con ellas y más duro con los victimarios. Estado y sociedad tenemos que pagar esta deuda moral que tenemos con las víctimas. Ambas leyes son dos procesos irreversibles. Y necesitamos el apoyo de la sociedad civil.

Una sociedad civil que con Uribe se sintió a menudo insultada y equiparada a los terroristas sólo por disentir.

La relación con la sociedad civil ha cambiado totalmente. Queremos desarmar la palabra, que esta no se use para agredir y descalificar. Vamos a ser respetuosos.