El secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis de Francisco, tuvo que responder ayer en Ginebra (Suiza), en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a las críticas de los países latinoamericanos a la impunidad del franquismo puesta de nuevo de actualidad por el acoso judicial a Baltasar Garzón. España pasó el examen de gran parte de los 55 miembros de este órgano pero recibió el reproche directo de México y Cuba por el desamparo judicial de las víctimas de Franco y la crítica velada de Argentina, Perú y Colombia por el mismo motivo.

Las observaciones fueron emitidas durante el Examen Periódico Universal al que la ONU somete a todos sus miembros desde 2008. El Gobierno español recibirá hoy un resumen de las opiniones de los miembros y deberá presentar el próximo viernes un documento con sus respuestas. El Consejo de Derechos Humanos emitirá un informe definitivo en septiembre.

Colombia criticó veladamente el estado de la Ley de Memoria Histórica

'Esperemos que se puedan intensificar las insuficientes medidas adoptadas para que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas', recriminó el delegado cubano. 'Queda como asignatura pendiente la necesidad de poner fin a la impunidad de la que gozan los responsables de los crímenes durante la dictadura franquista', añadió.

Fuentes de Presidencia del Gobierno aseguran que España apuesta 'por el resarcimiento moral de las víctimas frente a la vía penal' exigida por el representante caribeño. El delegado diplomático de México recomendó a España, 'de conformidad con sus obligaciones internacionales, investigar, sancionar y reparar los delitos de desaparición forzada'. De Francisco señaló que los delitos de desaparición forzada están tipificados en el Código Penal español desde 2003.

Las intervenciones de Cuba y México fueron las más agresivas, pero también hubo críticas veladas como la de Colombia: 'La verdad es un derecho fundamental para quienes han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos y por ello recomendamos a España continuar avanzando en la implementación de la Ley de la Memoria Histórica'. La norma de diciembre de 2007 fue uno de los puntos que España expuso como logro en materia de derechos humanos.

El Gobierno niega que la Ley de Amnistía sea «de punto final»

La delegación española evaluó 'de manera satisfactoria' los halagos recibidos por la Ley de la Memoria y fuentes del Gobierno reiteraron que la vía administrativa es la única que están dispuestos a apoyar. 'La Ley de Amnistía de 1977 no puede ser equiparada con las leyes de punto final derogadas en Iberoamérica porque no fue impulsada desde dentro del régimen sino por miembros activos a la oposición democrática', aclararon desde el departamento de María Teresa Fernández de la Vega, que había preparado la presentación española ante la ONU.

'La amnistía tuvo consecuencias inmediatas en la recuperación de la libertad para muchas personas', opinan en el Ejecutivo. Países como Argentina o Perú, sin citar al franquismo, reclamaron el fortalecimiento de las 'medidas contra la impunidad'.

'Mancha de expediente'

De Francisco enumeró, en favor de la protección española de los derechos humanos, las leyes aprobadas en apoyo a la igualdad de sexos, la lucha contra la violencia de género, la Ley de Dependencia o el matrimonio homosexual. 'Para España, que lidera tantos aspectos en esta materia, y que ha tenido un trato bastante bueno en la mayoría de intervenciones, las críticas por el asunto del franquismo suponen una mancha en su expediente', resumió el portavoz de Human Rights Watch, Reed Brody.

Las ONG habían ejercido presión durante la última semana para que los miembros del consejo preguntaran en Ginebra a España por el acoso al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Después del debate de ayer la sensación es agridulce. 'Por un lado, han dejado al descubierto que España no puede quedar atrás en tareas de justicia, pero se ha visto la actitud hipócrita de los países europeos que no han citado el asunto', reflexionó Brody, que estuvo presente en las intervenciones.

'Es como si hubiera un pacto de silencio entre los miembros europeos que normalmente son los más activos en estos asuntos. Me gustaría saber qué hubiesen dicho si el juez perseguido por intentar abrir fosas comunes fuese de Sudán o de Sri Lanka', criticó Brody.