Opositores a la iniciativa denominada "Contra la migración en masa" se han manifestado en varias ciudades suizas contra el resultado del referéndum celebrado ayer en el país.

La Comisión Europea señaló en un comunicado que "lamenta" esta iniciativa de introducir cuotas para la restricción de la inmigración europea a su mercado laboral. La medida "va en contra del principio de libertad de movimiento entre la UE y Suiza", reaccionó el Ejecutivo comunitario, a lo que añadió que "examinará las implicaciones de la iniciativa en las relaciones bilaterales entre el bloque y la Federación Helvética teniendo en cuenta el resultado del referéndum".

El miedo al trabajador inmigrante procedente de la Unión Europea se ha impuesto frente a todos los argumentos en su defensa de la clase política y de las organizaciones económicas de Suiza, que en tres años restablecerá el sistema de cuotas para regular su entrada al mercado laboral.

El Gobierno Federal suizo reaccionó señalando que este desenlace "es la expresión de un malestar" social provocado por el aumento de la población y admitió que "marca un punto de inflexión que tendrá repercusiones".

Las dos principales organizaciones empresariales de Suiza manifestaron su decepción y pidieron a las autoridades "soluciones modernas y no burocráticas" para reducir los daños a la economía nacional.

Por un estrecho margen, de apenas 0,3% , los votantes suizos aprobaron hoy en referéndum volver al antiguo sistema para limitar la entrada de trabajadores de la UE, como lo hace en el caso de todo el resto de países.

Esta iniciativa fue apoyada con el 50,3% de votos, así como por la mayoría de los 26 cantones suizos, una situación que se vive como un verdadero terremoto político y que ya ha levantado los temores sobre sus consecuencias en el conjunto de las relaciones con Bruselas.

Este referéndum fue promovido por la Unión Democrática de Centro (UDC), un partido de extrema derecha que tiene en sus registros numerosas iniciativas contra los extranjeros y los solicitantes de asilo.

Las cifras oficiales desmienten el impacto negativo de la entrada de trabajadores europeos en Suiza

El lema elegido hablaba por si sólo: "Contra la inmigración en masa", en alusión a la importante entrada en Suiza de europeos en busca de empleo, particularmente desde el inicio de la crisis económica mundial.

El resultado de hoy restablece, además de las cuotas, el principio de la preferencia por el trabajador nacional frente al extranjero, que estaba abolida desde 2002, en aplicación del acuerdo con la UE sobre la libre circulación de personas.

Todos los comentarios coinciden en que el resultado de esta consulta popular abre un periodo de gran incertidumbre en las relaciones con el bloque comunitario, del que Suiza es evidentemente muy dependiente desde el punto de vista comercial y económico.

Sin embargo, el argumento del grave impacto macroeconómico que podía tener entrar en una renegociación con la UE no fue suficiente para calmar los temores de un importante sector de la población.

La UDC acusó a la inmigración del aumento insostenible de la población y del supuesto aumento del desempleo, particularmente en las regiones fronterizas.

A nivel nacional, sin embargo, las cifras oficiales desmienten el impacto negativo de la entrada de trabajadores europeos en Suiza, donde la tasa de desempleo de 3,2% hace palidecer de envidia a casi a cualquier otro país.

Los promotores del referéndum acusaban también a los trabajadores inmigrantes del incremento de precios en el sector inmobiliario, de la sobrecarga en los trenes, de los problemas de circulación en las carreteras, así como de competencia salarial desleal, al aceptar remuneraciones menores a las que se ofrecería a un suizo.

Se considera que este resultado hará inevitablemente una renegociación no sólo del acuerdo sobre la libre circulación de personas, sino de todo el paquete de acuerdos bilaterales del que forma parte y que están vinculados jurídicamente. Esto lleva a que, si uno de los acuerdos cae, el conjunto caduca, en virtud de la denominada "cláusula guillotina", que varios políticos temen que la UE pueda decidirse a aplicar.