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"Las multinacionales están chantajeando a Bruselas con el TTIP"

La periodista francesa Stèphane Horel presenta en España la traducción de su informe ‘Un asunto tóxico’, que ‘Público’ lanzó en primicia en mayo de 2015. En él documenta cómo las corporaciones presionan a Bruselas para retrasar la regulación de los disruptores endocrinos, químicos peligrosos presentes en cientos de productos de uso cotidiano.

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La periodista francesa y autora de 'La grande invasion', Stèphane Horel.

MADRID.- Aún se escandaliza por la descarada acción de los lobbies empresariales, pero ya lleva diez años estudiando los disruptores endocrinos, documentando y denunciando la inacción de las instituciones comunitarias, que siguen retrasando la regulación de estas peligrosas sustancias. Stèphane Horel (Mont Saint-Michel, 1976) presenta este martes en Madrid la traducción de su informe Un asunto Tóxico, que Público avanzó en primicia en mayo de 2015.

Invitada por Ecologistas en Acción, la periodista francesa autora de Intoxication (La Découvert, 2015) atiende a este diario cuando apenas acaba de aterrizar en España. Posteriormente, volará a Barcelona. Han pasado casi dos meses desde que el Tribunal Europeo de Justicia falló en contra de la Comisión Europea por no establecer los criterios para regular los Disruptores Endocrinos Químicos (EDCs, en inglés) que debería haber presentado dos años atrás, y Horel carga contra Bruselas por “haber violado la ley”.

Advierte también de los peligros del tratado de libre comercio que Washington y Bruselas negocian con secretismo, el TTIP, que a su juicio ha servido como elemento de chantaje de la industria a Bruselas. Cree el acuerdo se está utilizando como una herramienta más para seguir comercializando estas sustancias, que forman parte del día a día de todos los europeos a pesar de sus enormes riesgos para la salud. Y la inmensa mayoría de ellos no conocen su existencia.

En su estudio cifra en cerca de 1.000 la cantidad de disruptores hormonales detectados, aunque hay expertos que hablan de cientos… ¿Cuántos son?

"El problema de estas pruebas es que se buscan sólo las sustancias que conocemos, las que tenemos localizadas. ¿Cuántas
habrá que no conocemos dentro del cuerpo?

El problema es que nadie sabe cuántos hay realmente porque ni siquiera hay una definición única. Hoy hablamos de la existencia de 1.000, pero puede haber muchos más. Por ejemplo, sabemos que hay aproximadamente 2.000 sustancias químicas que pueden interactuar con los receptores de las hormonas sexuales masculinas. Esto son potenciales disruptores endocrinos, pero no hay un número cerrado, es difícil.

Un estudio francés sostiene que cada persona entra en contacto con cerca de 130 sólo en las tres comidas del día.

No conozco ese estudio pero no me parece exagerado. Otro reciente informe documenta el incremento de este tipo de sustancias químicas en los cuerpos de mujeres embarazadas. Y el problema de estas pruebas es que se buscan sólo las sustancias que conocemos, las que tenemos localizadas. ¿Cuántas habrá que no conocemos dentro del cuerpo?

Pide la regulación de los disruptores endocrinos. ¿Cuál es la conexión de estas sustancias con el TTIP? ¿Cómo va a afectar el tratado a esta regulación?

No lo sabemos exactamente. Lo que sabemos es que en 2013 el TTIP fue usado como elemento de chantaje a Bruselas por parte de la industria. Fue algo así como: “Bueno, ¿estáis seguros de que queréis una nueva regulación cuando estamos hablando de suprimir la regulación en el marco del TTIP?”.

¿Quién usó este argumento?

Multinacionales de ambos lados del Atlántico. En el informe está documentado un encuentro entre miembros de la Secretaría General de la Comisión y una delegación de CropLife America, el lobby de los pesticidas y los organismos genéticamente modificados. La reunión tuvo lugar en marzo de 2013 y hablaron de los disruptores endocrinos. Y este fue sólo uno de los elementos de chantaje, una más de las acciones de lobby que la industria ha lanzado sobre la Comisión para convencerlos de que hay que hacer un estudio de impacto que en realidad sirve para retrasar la regulación.

¿Pueden utilizar el TTIP para retrasar aún más la regulación definitiva o para imponer una más laxa?

"Están en tus gafas, en el sofá, en tu iPhone, en tu coche, en las latas de refresco. El problema es que para regular estos químicos tienes que regular la sociedad, todo"

No está claro por la falta de información. Lo que sabemos es que las empresas norteamericanas y estadounidenses están trabajando juntas y quieren usar el TTIP para librarse del principio de precaución. A veces incluso se asombran cuando los políticos toman decisiones políticas en lo que respecta a la economía, lo que es una forma extraña de pensar. Mientras estemos en una democracia CropLife America no decide por nosotros.

De vuelta a los ECS, la OMS ha dejado claro que suponen “una amenaza”. ¿Por qué no hay una regulación cerrada de estas sustancias si se conocen desde los 90?

En los últimos 25 años han surgido muchas investigaciones. Hoy está claro que estos químicos son peligrosos para la salud humana y el medio ambiente, pero lo cierto es que están en todas partes: están en tus gafas, en el sofá, en tu iPhone, en tu coche, en las latas de refresco. El problema es que para regular estos químicos tienes que regular la sociedad, todo. Regular los disruptores hormonales tendrá un impacto en todos los sectores, no sólo en el sector químico, también en el del juguete y en todos los demás. Esta regulación supone una gran amenaza para los intereses financieros de las multinacionales.

¿Existe un consenso básico en la comunidad científica con respecto a los EDCs?

Hay consenso en que estas sustancias son peligrosas. En los últimos tres años han tenido lugar hallazgos importantes que confirman que estos químicos tienen que ser regulados. El problema es que en paralelo a estos descubrimientos las autoridades de Bruselas aseguran que no hay consenso en la materia, y así retrasan su regulación.

Olvidan que 56 científicos mandaron una carta al respecto a Anne Glover, consejera científica de Durao Barroso [presidente del anterior Ejecutivo comunitario]. Los científicos no suelen mandar cartas a las autoridades para pedirles que protejan a la gente, para mostrar su preocupación por que pueda incumplirse el principio de precaución. Anne Glover informó a la Comisión, y esto deslegitima el argumento de que no había consenso científico. Es una excusa que ellos han construido.

¿Pero hay una base de consenso para empezar a regular? ¿Hay forma de separar las sustancias que evidentemente son tóxicas como primer paso?

La ley no tiene que depender sólo de que exista consenso científico, es la propia ley la que determina que deberían ser regulados. Así lo afirmó el Europarlamento en 2009, cuando dictaminó que cada pesticida que actuara como disruptor endocrino debía ser retirado del mercado. La Cámara dijo entonces que es necesaria una definición, una lista de criterios para saber qué es un disruptor endocrino. Si no, no puedes aplicar la ley, no sabes qué es un EDC si no sabes definirlo. Tienes que poder hacer la diferencia entre un pesticida normal, entre comillas, y los que son disruptores endocrinos.

En el estudio critica que los estudios de impacto normalmente se centran en el aspecto económico y ponen menos énfasis en lo que respecta a la salud o al medio ambiente.

"Lo que hay que hacer es controlar y regular estos químicos, y la cuestión no es regular los que más impacten, los que la industria se pueda permitir"

En 2013, cuando debían haber sido adoptados estos criterios, este trabajo estaba asignado a la Dirección General de Medio Ambiente, que es muy diferente de otros organismos de la Comisión. Es una parte de la administración en la que los trabajadores realmente se preocupan por el interés de la gente. Frente a eso tienen al resto de departamentos, especialmente a la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE, antes DG SANCO). Hubo una discusión en la Comisión, se decidió que los EDC debían ser definidos y la industria comenzó a presionar a la Comisión para lograr que se hiciera un estudio de impacto. Las corporaciones entienden que nunca habrá una regulación lo suficientemente buena para sus intereses, que nunca podrán convencer a la Dirección General de Medio Ambiente, y por eso han decidido apostar por la estrategia de aislar al bueno. Esto es lo que han apoyado todos los departamentos de la Comisión, especialmente la Secretaría General, que el 2 de julio 2013 decidió que el estudio de impacto tenía que hacerse.

¿De qué sirve entonces este estudio?

Supuestamente también debe evaluar otros impactos, no sólo lo que respecta a lo económico. El problema de los EDC es que en lo relacionado con la industria es fácil encontrar argumentos, en el ámbito sanitario es distinto. Estos estudios de impacto juegan a favor de la industria. Y el segundo aspecto a tener en cuenta es el sinsentido de hacer un estudio de este tipo sin criterios científicos cerrados. Lo que hay que hacer es controlar y regular estos químicos, y la cuestión no es regular los que más impacten, los que la industria se pueda permitir.

En el estudio cifra en 157.000 millones de euros el coste que el uso de estos químicos supone a los sistemas sanitarios europeos. ¿Cómo llega a esta cifra?

Es la aproximación de varios expertos en la materia, y es una estimación a la baja. Es la única estimación que tenemos, y es seria: es la de la Sociedad Endocrina, la mayor sociedad relacionada con la endocrinología. Ha jugado un papel muy activo a la hora de alertar a la Comisión de los riesgos de estas sustancias.

Recuerda que la regulación debería haberse adoptado a finales de 2013. ¿Qué ocurre con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 16 de diciembre de 2015 sobre la falta de regulación de la Comisión? ¿Cómo valora que este tribunal abronque a Bruselas por llevar tantos años de retraso?

"El pasado martes tuvo lugar una negación de la democracia en el mismo Parlamento Europeo. El comisario reconoció la sentencia pero afirmó que seguirán haciendo lo que creen que deben hacer"

El Tribunal dijo que la Comisión ha violado la ley. Y es un problema porque la Comisión es la guardiana de los tratados, es la responsable de aplicar la ley. Es un dictamen muy serio, especialmente porque el caso fue respaldado por cuatro estados miembros, el Parlamento y el Consejo Europeo. Es muy serio, es la primera vez que ocurre en la historia de la UE, y el problema es que la Comisión ha mantenido que seguirán adelante con el estudio de impacto. Muchos europarlamentarios han criticado esta decisión, y hasta el presidente del Parlamento Europeo [Martin Schulz] ha escrito una carta al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para pedirle que adopte los criterios sin retraso. Hace una semana, el martes, hubo una sesión plenaria en Estrasburgo en la que el comisario de Salud anunció que los criterios estarán listos antes del verano, pero siguen adelante con el estudio de impacto, que será la base para elaborar estos criterios. El pasado martes tuvo lugar una negación de la democracia en el mismo Parlamento Europeo. El comisario reconoció la sentencia pero afirmó que seguirán haciendo lo que creen que deben hacer. Es increíble.

¿Hay consenso entre los grupos del parlamento? ¿Hay interés por esta materia?

Algunos eurodiputados son muy conscientes del problema, cada vez más. Es un asunto muy serio, también por la forma en la que la Comisión se ha saltado la ley y la decisión del Europarlamento. Sospecho que en los próximos meses cada vez más diputados se involucrarán en esto, incluso los de la derecha. La Comisión sigue diciendo que no hay consenso, que no ha habido presiones de lobbies y que es un asunto muy complicado, pero hemos presentado las pruebas de que no es verdad, y cada vez más gente lo sabe.