El Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, ha confirmado que dará los pasos oportunos para llevar a Alemania, Canadá, Países Bajos y el Reino Unido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por secundar los crímenes de guerra de Israel en Gaza, al suministrar armas al ejército israelí.

El Ejecutivo nicaragüense responsabiliza a estos países "conforme al derecho internacional" por "violaciones flagrantes y sistemáticas de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Consuetudinario, incluido el derecho sobre la ocupación en los territorios palestinos ocupados, en particular la Franja de Gaza".

En un comunicado oficial, que ha sido remitido a los dirigentes de los países acusados, Nicaragua recuerda las acciones de Israel contra Palestina llevó a la CIJ a concluir el pasado 26 de enero, tras una denuncia de Sudáfrica, que "al menos algunos de los derechos reclamados" son "plausibles".

De esta forma, el Gobierno de Ortega reclama a la CIJ formar parte de la demanda de Sudáfrica contra Israel por la acusación de crímenes de genocidio contra la población palestina en Gaza. 

Nicaragua, además, pide medidas provisionales a la Corte para que se detenga el suministro internacional de armamento a Israel. "Si a juicio del Tribunal Supremo del mundo es plausible que se esté produciendo un genocidio en la Franja de Gaza, no puede ser de otra manera a juicio de la comunidad internacional, que también es dramáticamente consciente de los mismos hechos que llevaron al Tribunal a esa conclusión", dice el comunicado.

También se insta a los Gobiernos de Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Canadá a detener "de inmediato" el envío de armas, municiones, tecnología y componentes a Israel, ya que este material podría estar siendo utilizado para cometer violaciones de la Convención sobre Genocidio. 

De esta Forma, desde Managua recuerdan a estos países que "la obligación de un Estado de prevenir, y el correspondiente deber de actuar, surgen en el instante en que el Estado tiene conocimiento, o normalmente debería haber tenido conocimiento, de la existencia de un riesgo grave de que se cometa genocidio".