"Quizás la recesión económica va a ser tan grande y va a poner tantos desafíos a todos los países, incluyendo a Chile, (que) es un tema que quizás se va a volver a discutir". Con estas palabras, el presidente chileno Sebastián Piñera se refirió hace una semana a la posibilidad de posponer –por segunda vez– el plebiscito para una nueva Constitución en el país sudamericano.

La posibilidad de cambiar la carta magna fue el logro más importante que la ciudadanía consiguió durante el estallido social iniciado en octubre del año pasado. Un histórico acuerdo entre partidos del gobierno y de la oposición agendó la votación para el 26 de abril, pero la pandemia del coronavirus obligó a aplazarla medio año, hasta el 25 de octubre de 2020.

Justo el día que tendría que haberse celebrado el plebiscito, Piñera deslizó la posibilidad de suspenderlo. No fue el primero en hacerlo. Un par de días antes lo había planteado el exministro de Interior, Andrés Chadwick, quien estuvo al frente de la cartera durante la primera etapa de la revuelta social hasta que el presidente lo sustituyó junto a otros miembros de su gabinete. Su sucesor, Gonzalo Blumel, también se subió al carro: "El trimestre previo seguramente vamos a discutir si tenemos las condiciones", dijo el ministro. Desde entonces, no han cesado los ires y venires tanto del mandatario como de una parte de la derecha sobre si retardar aún más la convocatoria, amparándose tanto en razones sanitarias como económicas.

"Concurrir a un centro comercial, pero no a votar"

Los partidos de oposición que suscribieron el pacto para el plebiscito difundieron una carta en la que calificaron de "preocupantes" las dudas instaladas "unilateralmente" por miembros del Gobierno y sus sectores políticos: "El acuerdo sólo puede alterarse por decisión del Congreso", recordaron. "Para modificar la fecha habría que hacer una reforma a la Constitución actual y eso requiere un pacto con la oposición", explica la profesora de la Universidad Diego Portales e integrante de la Red de Politólogas Carola Zúñiga. "En el mundo jamás se dejaron de hacer elecciones a pesar de las crisis económicas. La democracia no se puede suspender", añade. Para Giorgio Boccardo, sociólogo de la Universidad de Chile y director de la Fundación Nodo XXI, aunque algunos sectores de la derecha "jueguen" con la posibilidad de volver a la situación previa al 18 de octubre, "eso será imposible más allá de cómo vaya a acabar la crisis sanitaria, incluso con una eventual recesión económica". Según él, la población "ha hecho un esfuerzo para focalizarse en la pandemia", pero –dice– tarde o temprano el malestar "se va a volver a resituar" y, entonces, habrá que ver "si la política contribuye o no a canalizar el proceso de cambio".

Las redes sociales han hervido estos días ante las polémicas declaraciones. Una de las figuras que respondió públicamente fue la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches. La doctora, que se ha erguido como uno de los liderazgos más populares al frente de la pandemia, criticó: "Es difícil explicar cómo se puede concurrir a un centro comercial, pero no a votar". Siches se refería a otro controvertido anuncio del Ejecutivo: la "nueva normalidad", que ha provocado el regreso de los funcionarios públicos a sus puestos de trabajo y la apertura de las grandes superficies. Hasta este jueves, en Chile se registraban más de 16.000 contagios de covid-19 y 227 personas fallecidas. Según los expertos, la curva del país todavía no ha llegado a su peak, pero aún así, el Ejecutivo a optado por empezar a reactivar la economía paulatinamente, partiendo por los grandes centros comerciales.

Sebastián Piñera ha mejorado su posición en varias encuestas y, si bien hace apenas unos meses sus índices de aprobación estaban prácticamente por los suelos, los sondeos apuntan que la gestión de la pandemia podría beneficiarle. Según Boccardo, esas cifras demuestran que el mandatario "está recuperando su electorado histórico, que había dejado de apoyarle porque consideraba que [durante el estallido social] fue demasiado poco autoritario". En opinión del académico, pero, en esta crisis han emergido nuevos liderazgos como la propia Izkia Siches o los alcaldes quienes, comenta, "se han mostrado mucho más conectados con la sociedad y con los problemas concretos de las personas".

Vuelven las protestas

Los titubeos sobre el plebiscito y el anuncio de la "nueva normalidad" han sido la benzina que esta semana reactivó las protestas en varias ciudades del país, que quedaron paralizadas desde el 8 de marzo. Aunque hasta ahora sólo se trata de pequeños grupos de manifestantes, han reaparecido los llamados a desafiar a las autoridades y el malestar social que desató la revuelta de octubre se ha profundizado.

El lunes, en Santiago, decenas de manifestantes volvieron a la que ellos mismos bautizaron como Plaza Dignidad, epicentro de las movilizaciones durante meses. Carabineros celebraba, ese día, su 93º aniversario y algunos quisieron recordarles que como institución han perdido toda su respeto y credibilidad. "No queremos que nos quieran, queremos que sepan cuánto los queremos", se leía en una pancarta desplegada por los asistentes, vestidos con overoles blancos y mascarillas.

El Gobierno ha prohibido las reuniones de más de 50 personas, por lo que, a pesar de que en la plaza no se produjeron enfrentamientos, la policía intervino porque el número de manifestantes era superior. "Llegaron los nuevos carros lanza agua, que tienen el chorro con mayor fuerza y potencia (…), los lanza gases y utilizaron escopetas con lacrimógenas", explica Vicente Rojas, quien fue detenido durante la protesta mientras tomaba fotografías. "No ocuparon escopetas de balines, pero hubo una gran cantidad de arrestos", añade. Según cifras del Ministerio de Interior, más de 70 personas fueron detenidas en todo el país. De hecho, en otros barrios y regiones también hubo enfrentamientos con carabineros durante la noche, en pleno toque de queda. En La Florida, un barrio de la periferia de la capital, dos agentes ebrios dispararon a una decena de manifestantes.

"El malestar vuelve a aparecer porque la desigualdad sigue ahí y la cuarentena lo agudiza", afirma Giorgio Boccardo. El experto apunta que, al aumentar la distancia entre los políticos y la sociedad, se reactivan ciertas formas de protesta: "Hay mucha gente que en una situación de cuarentena extendida no come si no puede salir a trabajar, sufre más violencia intrafamiliar o no puede beneficiarse de las medidas de apoyo porque tienen mucha letra chica o porque son insuficientes", sostiene. "La crisis sanitaria ha puesto en evidencia la necesidad de hacer cambios profundos en el sistema político, social y económico porque se ha demostrado que protege a ciertos grupos y desprotege a otros", opina Carola Zúñiga. Según ella, "es muy probable que se retomen las protestas y se le dé más fuerza y coherencia al discurso de cambio constitucional".