La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) califica como "crímenes de lesa humanidad" la respuesta represiva del gobierno contra las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones este año.

En un informe presentado este jueves, el organismo de derechos humanos, de larga y reconocida trayectoria, denuncia masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos degradantes y violencia sexual contra los detenidos. 

También recoge amenazas y hostigamiento contra los abogados de los arrestados y activistas de derechos humanos. El informe afirma que hay acusaciones arbitrarias por terrorismo contra manifestantes. Y, por otra parte, cuestiona la militarización del país y el aval del gobierno a las fuerzas de seguridad a las que acusa de disparar contra la población.

Impunidad

La CNDDHH señala que no hay garantías para que se haga justicia por los crímenes cometidos por el gobierno y las fuerzas de seguridad porque la Fiscalía y el Poder Judicial están alineados con el régimen. Este informe será entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Son 57 las personas que han muerto desde que se iniciaron las protestas en diciembre,  que arrancaron en el sur andino para luego extenderse a buena parte del país, incluyendo Lima, donde las manifestaciones antigubernamentales multitudinarias son diarias desde hace una semana.

Movilizaciones duramente reprimidas. Del total, 46 personas han sido asesinadas por disparos de las fuerzas de seguridad. Hay un policía fallecido. Los heridos son cerca de un millar. La CNDDHH dice que la respuesta del Estado a las movilizaciones sociales "ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país en el presente siglo".

Se denuncia un "uso arbitrario de la fuerza", que incluye el empleo de fusiles automáticos no autorizados para ser utilizados en manifestaciones sociales. También disparos de perdigones de metal a corta distancia y bombas lacrimógenas lanzadas contra el cuerpo de manifestantes. El resultado ha sido un alto número de muertos y heridos.

"Altos funcionarios del gobierno lejos de poner fin a la violencia y separar a los autores materiales, avalan y promueven la actuación de las fuerzas de seguridad", denuncia el informe de la CNDDHH.

Entre los casos de abuso policial que se reportan, están el de ocho detenidos en la ciudad andina de Andahuaylas  que fueron "brutalmente golpeados durante su reclusión" y expuestos sin abrigo al frío extremo de esa zona. Según se relata, fueron detenidos con las piernas cubiertas de moratones por los golpes. Estas pruebas constatan que las detenciones policiales se llevan a cabo "en condiciones incompatibles con la dignidad humana". 

Otro de los casos que se señala es el de la detención de estudiantes en la Universidad de San Marcos, donde hubo un caso de "agresión sexual múltiple" y "tocamientos indebidos y revisiones íntimas" a las mujeres detenidas.

"No hubo derecho sin vulnerar"

"Creo que no hay ninguno de los derechos del catálogo de derechos humanos que no haya sido vulnerado. Los familiares de las víctimas tienen derecho a la justicia, reparación y a la verdad. Tienen derecho a saber qué pasó, de dónde vino la orden, porque aquí hay una orden para este accionar, no han sido dos o tres policías locos sueltos. Los responsables de esta matanza deben ser procesados y terminar en la cárcel como corresponde, nos podremos demorar algunos años, pero ese va a ser su lugar", señala Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDDHH.

La Fiscalía ha iniciado una investigación por las matanzas durante la represión, que incluye a Boluarte y sus ministros. Pero la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, genera más dudas y sospechas que confianza. Benavides, muy activa en el pasado para dar mensajes acusando al expresidente Pedro Castillo por corrupción, ahora está callada. Y ha reducido el número de fiscales que deben ver denuncias de violaciones a los derechos humanos, quitándoles recursos y personal. 

Las dudas no apuntan solo a la Fiscalía. El exjefe del gabinete ministerial de Boluarte, Pedro Angulo, uno de los acusados por las matanzas, es ahora jefe de asesores de la Junta Nacional de Justicia, que nombra y evalúa a los magistrados del Poder Judicial. Por su parte en el Congreso, una comisión investigará la represión, pero ahí decide la mayoría de derecha que apoya a Boluarte y aplaude esa represión.

"No tenemos confianza en la Fiscalía, tampoco en el Poder Judicial. No hay independencia de poderes, lo que hay es la hegemonía de un poder. La expectativa por la investigación en el Congreso es cero", dice Dador. Indica que las denuncias por las muertes de la represión llegarán a tribunales internacionales si no se avanza en el sistema de justicia nacional. Además hace referencia a que la internacionalización podría acelerarse si hay una denuncia ante la Corte Penal Internacional, pero aclara que la debe hacer un Estado.

Dador acusa a Boluarte de "mentir sistemáticamente" cuando acusa a los manifestantes de estar armados, de matarse entre ellos, de ser terroristas. Numerosos testimonios, fotos, videos, y resultados de las autopsias, confirman que las fuerzas de seguridad han disparado contra manifestantes. En cambio, no hay una sola evidencia que respalde la versión de la presidenta y sus ministros que los manifestantes están armados y son ellos los que han disparado.

"Se criminaliza a quienes hacen uso de su derecho a la protesta pacífica y también a quienes somos defensoras y defensores de las personas que se movilizan y son detenidas. También se nos acusa de ser terroristas. Sentimos como la represión nos respira en la nuca", denuncia Dador. "Tiene que cesar la violencia. No debe haber un solo muerto más", demanda.

Mar Pérez, responsable de la Unidad de Defensores de la CNDDHH, califica como "una situación gravísima para los derechos humanos" lo que se está viviendo en  Perú. "Se está haciendo uso indiscriminado de la fuerza. Se dispara contra personas que se movilizan pacíficamente, incluso contra personas que no participan en las movilizaciones. Hay una carga profundamente racista en la actuación de la policía. No es casualidad que las muertes se hayan producido en zonas del país donde hay una presencia marcadamente indígena. A unas cien personas la Fiscalía les ha iniciado investigación por terrorismo solamente por participar en las protestas, incluso por únicamente haber juntado dinero para apoyar a los heridos. Eso es gravísimo".

La activista de derechos humanos señala que hay responsabilidad de los mandos militares y de quienes disparan contra manifestantes, pero aclara que las responsabilidades no se limitan a ellos porque no son decisiones individuales, sino acciones que forman parte de "una política de Estado". 

Sobre la responsabilidad de Boluarte y sus ministros, Pérez precisa que no solamente es política. "Estamos claramente ante una responsabilidad penal de la presidenta, que por tratarse de crímenes de lesa humanidad no prescribe. No sabemos cuántos años pasarán, pero tendrá que asumir su responsabilidad ante los tribunales".