El Gobierno peruano no cede al reclamo popular

La oposición de izquierda peruana ha presentado una moción este miércoles. La represión gubernamental ejercida a lo largo de las revueltas ciudadanas es el principal motivo que alega la oposición. Para que la destitución pueda llevarse a cabo se requieren dos tercios de los votos del Congreso unicameral que está compuesto por 130 miembros. Por su parte, el apoyo de la derecha protege a Boluarte.

Desde que se iniciaran las protestas antigubernamentales el pasado mes de diciembre se calculan más de 50 muertos. De estos, 46 han sido asesinados por disparos de las fuerzas de seguridad. 

Las protestas exigiendo la renuncia de la presidenta han llegado incluso hasta la embajada de EEUU. Los manifestantes se han concentrado frente a la sede diplomática, ubicada en un exclusivo barrio residencial, para protestar contra el respaldo de Biden al Gobierno de Boluarte. Durante las protestas se escuchó el grito de "fuera yanquis".

Se trata del séptimo día consecutivo de movilizaciones en las calles del centro de Lima, actual epicentro de las protestas que sacuden el país y que arrancaron en el sur andino. Las manifestaciones de estos días en la capital han terminado en una dura represión con decenas de heridos.

En el interior también se mantienen las protestas

Lima no es la única ciudad en la que hay revueltas. En distintas regiones del país se mantienen focos de movilizaciones diarias y bloqueos de vías. Por ejemplo, se han montado piquetes en el tramo de la carretera Panamericana ubicada a 290 kilómetros al sur de la capital, que ha dejado a policías y manifestantes heridos. 

Por su parte, la región andina de Puno, ubicada en la frontera con Bolivia (centro de las mayores protesta que han dejado más de 20 muertos) ha sido militarizada. A lo largos de estos días cientos de soldados han llegado a esta región y se ha prorrogado el toque de queda en la ciudad. 

En medio de las críticas a la brutal represión, el Gobierno ha decidido premiar a los policías con un bono económico del que todavía no se conoce la cuantía. La decisión fue comunicada por el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, a la salida de una reunión con el presidente del Congreso, José Williams, general retirado acusado de múltiples casos de violación de derechos. La imagen de ambos presentando la decisión del Gobierno ante la prensa es una clara apología a la represión. 

Con una nefasta cifra de muertos por disparos de las fuerzas de seguridad, centenares de heridos, palizas y detenciones arbitrarias, Otárola y Williams coincidieron en elogiar el comportamiento de la policía calificándolo de "muy profesional", incluso de "heroico". 

"Pediremos un crédito para otorgar un bono especial para la heroica policía", dijo Otárola, el rostro más visible del autoritarismo gubernamental. "Se lo tienen bien ganado", señaló el exmilitar acusado de la masacre de 69 campesinos y que ahora ejerce como presidente del Congreso.

Se mantienen las fechas electorales 

Para sorpresa de los manifestantes Otárola llegó al Parlamento acompañado de los ministros del Interior, Defensa y Justicia. Se esperaba que, después de semanas de protestas masivas por la destitución de Boluarte y el adelanto de elecciones, en esta imprevista reunión el Ejecutivo presentara un proyecto de ley al Congreso para adelantar las elecciones previstas para 2024 a este año. 

No fue así. El Gobierno y la mayoría derechista del Congreso se pusieron de acuerdo para defender que las elecciones se mantengan para abril de 2024. Lo que supone que el actual Gobierno se mantendría en el poder más tiempo de lo que los manifestantes esperan. Esta decisión hace oídos sordos de las demandas populares y de los consejos de los analistas de la crisis.

La convocatoria para las elecciones de 2024, aprobadas en diciembre, tiene que volver a ser ratificada en una segunda votación. Para que salgan adelante, se necesitan 87 de 130 votos. En la primera votación, se obtuvieron un total de 93 votos. 

Sin embargo, existen dudas entorno a los votos de algunos congresistas de izquierda que en diciembre apoyaron las elecciones para 2024 porque la derecha del Congreso no dejó en su momento otra alternativa. Este jueves se presentará de nuevo otro intento de adelanto de elecciones en la Cámara Baja. 

La izquierda quiere elecciones antes

La fecha propuesta para el adelanto de las elecciones sería octubre de 2023, con miras a un cambio de Gobierno para diciembre. Se trata de la única opción que calmaría la convulsión social, sin embargo, el predominio de la ultraderecha en sintonía con el Gobierno, insiste en bloquear las elecciones y mantenerlas para 2024. 

El motivo principal del bloqueo es que por parte de la derecha se busca tiempo para llevar a cabo las reformas necesarias que faciliten su triunfo de cara a las próximas elecciones. Entre otras, controlar los organismos electorales. Adelantar las elecciones dificultaría claramente sus propósitos. 

Además, la derecha se niega a convocar una Asamblea Constituyente, otra de las demandas populares. 

Boluarte en la Organización de Estados Americanos (OEA)

El pasado miércoles Boluarte tuvo una reunión virtual con el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). En ella, la presidenta mantuvo su tradicional doble discurso. Por una parte dijo que su administración respetaba el derecho a la protesta y los derechos humanos, aunque haya puesto en práctica políticas que claramente los viola. 

Por otra parte, Boluarte aseguró que las muertes le duelen y que se investigará y sancionará a los culpables. Sin embargo tanto ella como sus ministros respaldan sistemáticamente a las fuerzas de seguridad y pretende culpar de las muertas de manifestantes a los propios manifestantes. 

Otra de las cuestiones que se destaca es que durante la reunión volvió a eludir su responsabilidad de dar las órdenes para ejercer represión y respaldarla sistemáticamente mientras su jefe de gabinete tildaba de "héroe" a los policías y anunciaba su bono económico. 

Sin mencionarlos de manera explícita, Boluarte criticó a los presidentes que cuestionan su Gobierno por la represión haciendo caer que están apoyando a la violencia. Entre otros, la mandataria nombró al presidente de Chile, Gabriel Boric, por sus críticas contra la represión del Gobierno peruano en la última reunión de la Celac. Además ha reprochado también a los Gobiernos de Bolivia, México y Colombia, cercando cada vez más su aislamiento internacional en el continente. 

La derecha del país insiste en romper los lazos con los Gobiernos progresistas de la región. El delirio de la ultraderecha llegó a su máximo extremo con la declaración del congresista fujimorista Ernesto Bustamante, que exigía que se declare la guerra a Bolivia y se invadiera el país vecino por el supuesto respaldo de su Gobierno a las protestas en Perú.

Intelectuales y reconocidas personalidades de la cultura y el arte de Perú han puesto en marcha una campaña internacional para que sus colegas de otros países graben videos denunciando la represión que se está viviendo en la nación andina y que califican de "masacre".

La ministra de la Producción, Sandra Belaunde, renunciaba este miércoles en lo que se convertía en el octavo cambio ministerial en los menos de dos meses de Gobierno. Cuatro de los sietes ministros que ya habían dimitido alegaron las protestas como motivo de sus renuncias.