"Este pacto mata, vota no". Una protesta espontánea se colaba en la tribuna del Hemiciclo en medio de una de las votaciones más ajustadas, emocionales y trascendentales de los últimos años. El Parlamento Europeo ha dado luz verde a los últimos reglamentos en materia migratoria y saca adelante el Pacto de Asilo europeo, que entrará en vigor como muy tarde en junio de 2026. Las ONG y las fuerzas de izquierda lo califican como una "tumba" para los derechos humanos y el derecho de asilo.

Era ahora o nunca. Todo o nada. La presente legislatura europea pone el broche final con este acuerdo y cierra así una de las legislaciones más difíciles y también más controvertidas. Tras ocho años de vacío y más de tres de negociaciones, el consenso entre populares, socialdemócratas y liberales ha permitido rubricar el pacto de asilo. El epicentro del choque en el arco parlamentario pivotaba entre los defensores de la idea de que un acuerdo imperfecto es mejor que el status quo y los que clamaban que era preferible un no acuerdo a un mal acuerdo. La decena de legislaciones a escrutinio ha contado con el rechazo de la extrema derecha, la Izquierda y los Verdes. Para los ultraconservadores no era lo suficientemente duro con las personas migrantes, mientras que para los progresistas suponía ir demasiado lejos contra el derecho individual de asilo.

Algunos eurodiputados socialdemócratas también se han desmarcado de la posición de grupo. "No es la reforma que queríamos ni la respuesta adecuada para quien busca protección en Europa. No corrige los errores del pasado. Al contrario, oculta la solidaridad con políticas de regresión para proteger la fortaleza europea (...) Se puede negociar todo, excepto la humanidad", advertía en el debate previo Pietro Bartolo, socialdemócrata italiano.

Las expectativas eran muy altas. Si uno de los reglamentos caía, el pacto entraría en terreno desconocido a dos meses de las elecciones al Parlamento Europeo, que auguran una mayor presencia de las fuerzas populistas y ultraconservadoras. "Si el pacto fracasa, fracasamos todos. El mundo nos está mirando", advertía poco antes de la votación Ylva Johansson, comisaria de Interior.

Los eurodiputados del Partido Popular Europeo eran los más cómodos, mientras que muchos representantes liberales y socialdemócratas han reconocido que el acuerdo estaba lejos de ser perfecto. "Es un voto decisivo y dirimente no solamente hacia el pasado y el presente del Parlamento Europeo, sino hacia el futuro (...) Es el más divisivo y espinoso de la agenda europea desde hace demasiado tiempo. La negociación no ha sido fácil y en toda negociación hay que hacer cesiones", ha apuntado Juan Fernando López Aguilar, ponente de la regulación sobre situaciones de crisis.

La Izquierda ha sido el grupo que más ha dado la batalla. "No hay auténtica solidaridad. No se hace nada para prevenir las muertes en el Mediterráneo. Al contrario, las fronteras van a ser cada vez más impermeables y la brutalidad va a ser mayor. Habrá más acuerdos con regímenes despóticos. Estamos dispuestos a hacer lo que sea para que la gente no llegue a nuestras fronteras. Y una de las consecuencias es que el derecho individual de asilo queda socavado", ha denunciado Malin Björk. "Rechazamos el Pacto Migratorio. Hemos votado no porque el enfoque es cortoplacista y securitario. Se trata de que los "otros" no lleguen, de externalizar fronteras y aplicar procedimientos acelerados que violan el principio de no devolución. La presunción de no entrada asegura la impunidad en el control fronterizo. La solidaridad a la carta permitirá intercambiar reubicación por dinero que se invertirá en levantar más muros. "Es un Pacto que cancela el derecho de asilo y refugio y abre las puertas a las derechas xenófobas y racistas que quieren gobernar Europa", ha reaccionado María Eugenia Rodríguez Palop, de Sumar.

Su amargor contrasta con el júbilo de los líderes de las instituciones europeas. "Hemos hecho historia. Hemos elaborado un marco legislativo sólido sobre cómo abordar la migración y el asilo en la UE. Ha tardado más de diez años. Pero hemos demostrado que cumplimos nuestra palabra. Un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. Este es el camino europeo", ha celebrado Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo. El júbilo en la capital comunitaria está durando poco. Donald Tusk, primer ministro polaco y ex presidente del Consejo Europeo, ya advierte de que no aceptará estas condiciones, en la misma línea dura contra la inmigración que siguió su antecesor ultraconservador PiS.

Duras críticas de las ONG

La gran prueba de fuego llega ahora. Todos los ojos están puestos en su aplicación. Tras su entrada en vigor, el procedimiento de asilo en suelo comunitario quedaría así. Las personas que llegan a las fronteras externas –sin excepción para familias o menores- serán sometidas a un sistema de identificación y control, con registro de datos biométricos, a través de Eurodac. Si no cumple con los requisitos para pedir asilo, será enviada de vuelta. Si tiene derecho a la protección internacional, el país al que ha llegado evaluará si tramitar su caso o enviarlo a otro Estado miembro teniendo en cuenta situaciones como cualificaciones o reunificación familiar. Proceso que se tramita en frontera. Algunas de las denuncias de las ONG es que nacionales procedentes de países como Túnez o Bangladesh –que cuentan con alto grado de rechazo- podrán quedar detenidos sin la oportunidad de pedir asilo, un derecho universal.

Otras de las sombras es que el acuerdo fomenta los acuerdos y los retornos a países terceros, aunque no emite una definición clara sobre ello. Por lo que el escenario base es que se siga la vía de tratos que llenan los bolsillos de regímenes autoritarios, como ha sido el caso reciente de Túnez o Egipto. La ambigüedad se aplica también a las situaciones de crisis y presión migratoria, donde la Comisión podrá pedir a los Estados miembros un esfuerzo adicional. Aunque no se definen ni crisis ni esfuerzos. La solidaridad obligatoria, por la que el Parlamento tanto había clamado, queda reducida a la acogida de 30.000 personas al año. Pero aquellos países opuestos a la inmigración podrán comprar su negativa pagando 20.000 euros por cada persona, dinero que podrá ir destinado a una amalagma de propósitos centrados en el control de fronteras o de la inmigración. Las ONG han salido en masa a protestas contra este "acuerdo histórico".

"El Pacto se traducirá en más personas atrapadas y privadas de seguridad y protección en la UE y en sus fronteras", denuncia Médicos Sin Fronteras. "Es una tarde soleada en Bruselas, pero un día oscuro para el futuro del asilo en Europa", ha lamentado el Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (ECRE, por sus siglas en inglés). "El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo cristaliza décadas de pulso para abordar la migración desde un enfoque cortoplacista y securitario. Las nuevas normas plantean riesgos significativos en términos de protección, profundizan en la externalización de fronteras, reinciden en medidas que ponen en peligro los derechos humanos y no abordan las deficiencias que justificaron, ocho años atrás, la necesidad de una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo", afean desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.