Perú entra en barrena en una crisis político-judicial

Se agrava la crisis político-judicial que sacude Perú. La fiscal general, Patricia Benavides, ha sido acusada por un equipo fiscal de encabezar una organización criminal formada por fiscales y congresistas para comprar votos de legisladores y manipular denuncias para atacar oponentes y proteger aliados. Un nuevo cargo a la larga lista de denuncias contra la fiscal general.

Benavides ha respondido destituyendo a la fiscal que la investiga y denunciando a la presidenta Dina Boluarte por homicidio por las muertes durante la represión a las protestas antigubernamentales que entre diciembre y marzo pasados dejaron 49 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad. Una investigación que Benavides, hasta este martes aliada del Gobierno, venía dilatando y que ahora ha sacado del cajón para decir que los cargos en su contra son una represalia a su labor. Hay más de 30 congresistas incluidos en esta investigación fiscal de compra de votos.

La fiscal general ha sido acusada de liderar una organización criminal formada por fiscales y congresistas

Benavides es acusada de canjear el archivo de investigaciones fiscales contra congresistas acusados por corrupción a cambio de sus votos para lograr la destitución de la fiscal suprema Zoraida Avalos y así afianzar su poder en la Fiscalía de la Nación; para designar un defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, funcional a sus intereses y los de la mayoría parlamentaria; y para abrir proceso para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la investiga –y podría destituirla– por usar su cargo para archivar una investigación a su hermana jueza acusada de cobrar comisiones para liberar narcos, obstruir una investigación fiscal a una mafia judicial ligada al fujimorismo, entre otros cargos. Los dos primeros objetivos se obtuvieron. El tercero quedó en suspenso por una decisión judicial que detuvo el proceso parlamentario contra la JNJ.

Los intereses comunes de Benavides y la mayoría parlamentaria de derecha, capitaneada por el fujimorismo, necesitaban sumar votos porque las decisiones en estos casos requieren el apoyo de dos tercios de la cámara. Además de proteger a su fiscal aliada, la derecha busca cambiar a la JNJ, que nombra a jueces, fiscales y jefes de los organismos electorales, para controlar los sistemas de justicia y electoral. Hace unos días, Benavides descabezó el equipo fiscal que procesa por corrupción a Keiko Fujimori, cuatro expresidentes y otros dirigentes políticos.

Esta investigación que compromete gravemente a la fiscal general está a cargo de un equipo especial de fiscales que coordina la fiscal Marita Barreto. El lunes temprano fue detenido el brazo derecho de Benavides, el asesor Jaime Villanueva. Benavides se enteró el domingo de lo que se le venía. Llamó a una reunión de emergencia a sus asesores y fiscales más cercanos, que se prolongó entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Al final de esa reunión respondió destituyendo a la fiscal Barreto. También cesó a Villanueva, en un intento de desmarcarse en la hora final de su asesor acusado de ser su operador principal para comprar votos en el Congreso.

Pero resultó ser demasiado tarde para Benavides. El operativo fiscal no se detuvo. Otros dos de sus asesores también están acusados en este caso. Se allanaron las viviendas y las oficinas de los tres. Conversaciones por WhatsApp de Villanueva con legisladores y asesores parlamentarios revelan los operativos para comprar votos parlamentarios y que el asesor operaba bajo las órdenes de Benavides.

Horas después de intentar sin éxito controlar la investigación fiscal en su contra, Benavides dio un mensaje televisado en el que anunció que ese día había presentado al Congreso una acusación constitucional por homicidio contra Boluarte, el jefe del gabinete ministerial Alberto Otárola y tres exministros del Interior. No dijo una palabra de los graves cargos en su contra.

El Gobierno peruano no ha intervenido en la denuncia contra Benavides

Su acusación contra Boluarte sorprendió, no porque no existan razones para acusar a la presidenta por las muertes por la represión ordenada por su Gobierno, evidencias para acusarla hay muchas, sino porque lo hizo solamente tres días después de haber pedido una ampliación de ocho meses para seguir investigando y porque hasta ese momento era notoria su conducta encubridora.

Acorralada, decidió romper su alianza con el Gobierno y activar la acusación contra Boluarte que estaba evitando hacer en un desesperado intento de salvarse presentándose como víctima de una persecución política por acusar a la presidenta. Lo cierto es que el Gobierno no ha intervenido en la denuncia contra Benavides y que esa acusación fue presentada antes que ella decidiera denunciar a Boluarte.

El Gobierno no ha perdido tiempo a la hora de intentar sacar provecho de la situación acusando a Benavides de politizar esta acusación y así tratar de desacreditar un caso sólido de violaciones a los derechos humanos. Otra estrategia de victimización para eludir graves acusaciones. La congresista de izquierda Ruth Luque ha presentado una acusación constitucional contra la fiscal Benavides, protegida por la mayoría de derecha. Ese respaldo la salvaría, pero la JNJ podría sacarla del cargo por esta nueva acusación. Frente a los locales de la Fiscalía y la JNJ hubo manifestaciones exigiendo la salida de la fiscal general.