La separación de los poderes del Estado acabó en Perú el 7 de diciembre cuando Dina Boluarte asumió la presidencia en alianza con los sectores autoritarios del Congreso que perdieron las elecciones en 2021, respaldada por la élite empresarial y mediática de Lima, y las cabezas del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Contra el poder sin freno del Parlamento y la impunidad frente a 49 muertos civiles en la brutal represión de manifestaciones, ciudadanos de las regiones protestaron masivamente entre diciembre y marzo, pero pocos limeños lo hicieron. Pero este pasado sábado, los capitalinos marcharon para pedir que se vayan "la dictadura congresal y el Gobierno cómplice y asesino".

Lo hicieron porque una nueva decisión del Congreso pone de rodillas al sistema de justicia, y porque es cuestión de tiempo que el Parlamento avasalle otras entidades del Estado y así controlarlo todo. Los ciudadanos, jóvenes principalmente, caminaron por las principales avenidas de Lima durante tres horas, con banderas de luto gritando "¡Queremos democracia, queremos democracia!" y con carteles que decían: "No desmantelen las instituciones".

La marcha terminó en una concentración frente al Congreso, vigilados por  más de un centenar de policías, que formaron un cerco para impedir el paso. Dina Boluarte (quien reemplazó a Pedro Castillo luego de que el maestro rural y ex líder sindical diera un golpe de Estado) ha dicho que seguirá en el cargo hasta 2026, pese a que un 80% de los ciudadanos desaprueba su gestión, según una encuesta de junio del Instituto de Estudios Peruanos. Además, un 91% desaprueba el desempeño del Congreso, el aliado principal del Ejecutivo junto con jefes militares y policiales autoritarios.

Los ciudadanos que durante tres meses protagonizaron movilizaciones en Lima volvieron en marzo a sus regiones con el anuncio de que viajarían otra vez el 19 de julio a la capital para reiterar sus demandas de adelanto de elecciones generales y la dimisión de Boluarte. Necesitaban tiempo para dedicarse a la cosecha y recuperarse económicamente, pero también para acordar estrategias.

En la primera fase de las protestas, sufrieron masivas detenciones arbitrarias y agresiones por el uso desproporcionado de la fuerza a manos de la policía y el Ejército contra las manifestaciones antigubernamentales. Desde mayo, los dirigentes de regiones realizan asambleas para organizar su partida a Lima.

Lo inesperado ha sido que nuevas decisiones abusivas del Congreso a favor de intereses corruptos han indignado a las clases medias y al centro-derecha en Lima, quienes no participaron en las manifestaciones pasadas, y ahora consideran la calle como la única vía para recuperar la democracia.

La dictadura parlamentaria

El pasado miércoles, dos días antes de que concluyera el periodo de sesiones en el Parlamento, y a pesar de un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el posible debilitamiento de la independencia judicial, el Congreso inhabilitó para la función pública por cinco años a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, ex fiscal general entre 2019 y marzo de 2022. Ávalos había investigado a 24 ex congresistas y ex altos cargos hoy alineados con la coalición gubernamental y el Congreso protegió a algunos de esos políticos descartando las denuncias constitucionales que ella presentó.

La mayoría parlamentaria la castigó porque discrepa de un criterio jurídico que la magistrada aplicó en una investigación fiscal a Pedro Castillo. Ávalos fue la primera fiscal general en la historia en abrir una pesquisa a un presidente en ejercicio: lo hizo con Martín Vizcarra y luego con Castillo. La Constitución peruana establece que no se puede acusar penalmente a un mandatario en funciones, salvo por algunos delitos en los que aquellos no calzaban entonces.

La magistrada desarrolló diligencias con los otros involucrados o testigos, y dejó en suspenso las de Vizcarra y Castillo para cuando dejaran el Palacio de Gobierno. El Congreso la sancionó el miércoles último por no haber realizado las indagaciones al propio Castillo mientras él estaba en el cargo.

El sector ultraconservador, que domina el Congreso y que perdió las elecciones en 2021, buscó sacar a Castillo a los cuatro meses de su gestión, y creó una comisión investigadora de un fraude electoral que nunca ocurrió. Pero el Legislativo no solo dejó a Ávalos sin trabajo porque postergó las investigaciones a Castillo, sino porque la magistrada tiene una línea distinta a la actual fiscal general Patricia Benavides y podrá reemplazarla por un subordinado.

El abogado César Azabache ha explicado en el diario La República que cuando Ávalos fue fiscal general aún no había una doctrina aprobada por la Corte Suprema para que ella realizara diligencias con los presidentes en funciones. Ese cambio lo aplicó el siguiente fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en mayo de 2022, y luego en julio la fiscal Benavides, aliada de la coalición que encabeza Boluarte.

El Congreso tiene otras iniciativas de ley para descabezar al presidente del tribunal electoral y al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, quienes no se prestaron luego de la segunda vuelta de 2021 a mentir sobre un fraude inexistente, como esperaban la entonces candidata Keiko Fujimori y sus aliados ultraconservadores.

Regímenes de control

Durante el régimen del autócrata Alberto Fujimori (1992-2000), el Ministerio Público estuvo intervenido mediante una "comisión ejecutiva". Consultada Ávalos si la situación actual de la Fiscalía es similar, respondió: "No sé si es igual, pero hay un copamiento grave y peligroso: están derrumbando el estado de Derecho. Quieren amedrentar a jueces y fiscales que pueden perder el puesto", dijo por teléfono.

La magistrada cree que la poca reacción de Lima ante los embates del Congreso contra la independencia no se debe tanto a una falta de valoración de la democracia en el Perú, sino a "que la gente está muy descorazonada: no han encontrado políticos que estén a la altura".

Ávalos ha inaugurado una cuenta en Twitter para defenderse del Congreso y cree que la forma en que su país puede salir de esta crisis es sensibilizando acerca de cómo luego de dos décadas de estado de Derecho, "un grupo de personas con tan baja aceptación y aprobación" está en el poder.

Desde diciembre, cuando la policía y el Ejército cometieron los primeros asesinatos arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Junín y La Libertad, los ciudadanos de esas regiones calificaron el gobierno de Boluarte como una dictadura.

En enero, la represión policial letal causó muertes en las regiones sureñas de Cusco y en Puno. Esta región aymara ha sufrido el mayor número de víctimas civiles por la represión policial de las protestas antigubernamentales del 9 de enero; cuatro días después la popular banda musical puneña Real Majestad compuso la canción Esta democracia ya no es democracia y la tocaba en las calles de la ciudad de Juliaca en señal de duelo. Es la melodía que todos cantan en las protestas y en los plantones en demanda de justicia para los deudos y sobrevivientes de la violencia estatal.

En la ciudad más turística de Perú, Cusco, la policía acribilló a dos ciudadanos en las protestas de enero: Remo Candia falleció el mismo día; Rosalino Florez, más de 50 días después.

'La Descarada'

Cusco celebra cada junio el mes de su aniversario de fundación con actividades cívicas y culturales y termina el día 24 con el Inti Raymi (o fiesta del sol). El sábado 17, en el desfile de carros alegóricos en la plaza de armas, tres representaban el autoritarismo de Boluarte.

La alegoría cuyas imágenes se hicieron virales, La Descarada, mostraba a una mujer de cabello teñido rubio, con un saco de color amarillo, pantalón militar camuflado, botas y calaveras a sus pies. Una mano negra por encima de la cabeza movía con hilos negros los brazos del personaje. Fue una obra de la Escuela de Bellas Artes Diego Quispe Tito.

Las alegorías pasaron a otra plaza más pequeña, para que los cusqueños las vieran en los días de fiesta. Sin embargo, La Descarada fue destruida tres días después de recibir tanto aplauso. El mismo día, en uno de los muros de la plaza de armas un colectivo ciudadano colocó con cinta adhesiva las fotos de Candia y Florez, pero agentes de la policía los obligaron a quitar las fotografías y así como resúmenes de los informes de violación a los derechos humanos en Perú elaborados por Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Un policía antidrogas amenazó con llevarlos a la comisaría. Escenas similares de violencia policial contra activistas de derechos humanos se repitieron hasta la madrugada del día 24 en los alrededores de la plaza. El profesor de la Escuela Diego Quispe Tito y artista plástico César Aguilar, uno de los creadores de la obra La Descarada, informó a los medios locales que una autoridad de la escuela lo llamó para que firme un documento de disculpas a Boluarte, y que de no hacerlo perdería su trabajo. Le dio las quejas de los ministerios de Cultura y de Educación.

"¿Cómo lo han podido quemar, cómo es posible que desaparezca? Han sido dos semanas de trabajo de ocho a seis, 26 alumnos y tres profesores, cumpliendo con las bases y con el presupuesto de la institución. ¿Pedir disculpas por escrito?, no: haría un pronunciamiento en contra de esta dictadura que atenta contra la libertad de expresión", comenta a Público el artista plástico, uno de los caricaturistas políticos peruanos más destacados desde la década de los 90.

César Aguilar (conocido también como Chillico) cuenta que no es la primera vez que sufre hostigamiento por su obra. "En la época de Fujimori y Montesinos quería hacer una muestra de caricatura política de la dictadura y ningún local quería albergarla. Yo tenía una galería de arte muy pequeña, de 4 por 5 metros cuadrados; entonces la hice ahí, en un segundo piso. El día que inauguré lanzaron piedras a las ventanas, pero lo denuncié y en respuesta recibí muchos actos de solidaridad. Llegó mucha gente a ver la muestra", recuerda.

Esta vez, el Sindicato de profesores de la Escuela Diego Quispe Tito publicó un pronunciamiento en apoyo a Aguilar y a los profesores y alumnos que realizaron la otra alegoría destruida, llamada La trilogía andina contra la corrupción. El gremio exige a las autoridades una explicación por las alegorías desaparecidas y pide disculpas públicas por el abuso de autoridad y el hostigamiento.

El sábado, en el día del campesino, el conductor de un programa radiofónico de cumbia de la amazónica región de Madre de Dios, fronteriza con Bolivia, se refería al gobierno como una "dictadura". En otra radio de la misma región, una oyente invitaba a una reunión para "defender el voto popular", y un dirigente tomó el micrófono para convocar a las próximas movilizaciones. "Madre de Dios tiene que despertar para defender nuestra democracia", comentó.

El acostumbramiento de los peruanos a la antipolítica podría no durar para siempre, si el Congreso insiste en ostentar su falta de freno. Algunos analistas perciben a la Contraloría, al Defensor del Pueblo y al Tribunal Constitucional como otras bancadas oficialistas del Parlamento.