La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Reporteros sin Fronteras (RSF) han dado cuenta este miércoles, en sendos informes, de dos tendencias nocivas para la democracia en Perú debido al deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo: la desinformación generada por un importante grupo de medios y la violencia policial contra los periodistas que documentan la brutal represión contra las manifestaciones antigubernamentales que empezaron en diciembre pasado.

La larga crisis política e institucional en Perú arrancó en 2016, cuando el partido fujimorista Fuerza Popular perdió las elecciones presidenciales y maniobró en el Congreso para deshacerse de sus adversarios políticos del Ejecutivo. Esa operativa continúa y un actor clave en este período ha sido la prensa. El país andino vivió una masiva desinformación en 2021 dado que los grandes medios, con sus sedes en Lima, afirmaban que hubo fraude electoral y no reconocían el fracaso de la candidata conservadora Keiko Fujimori en las elecciones contra Pedro Castillo.

El informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, en 2021, fue la primera alerta internacional de la deriva que había tomado la prensa peruana cuando afirmó que la cobertura periodística, "claramente sesgada", favoreció a la candidata que defendía el modelo económico -Keiko Fujimori,- y "socavó el derecho de los votantes a recibir una información equilibrada".

Desde entonces, el término "prensa vendida" se ha hecho más popular y los medios corporativos que respaldan el gobierno de coalición y autoritario, que encabeza Dina Boluarte desde diciembre, estigmatizan llamando "violentos" o "terroristas" a los ciudadanos que han salido a la calle -en más de 1.500 movilizaciones entre diciembre y abril- a pedir un adelanto electoral y la dimisión de la presidenta Boluarte.

La CIDH presentó este miércoles su informe  Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales, en el que constata  "un deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas, cholos o indios". Terruco es un peruanismo, sinónimo de terrorista de Sendero Luminoso, el grupo maoísta responsable del 54% de las casi 70.000 muertes ocurridas en los años de violencia (1980-2000) en Perú.

El documento destaca que las protestas en Lima y regiones han sido "protagonizadas, en su mayoría, por pueblos indígenas y comunidades campesinas, principalmente del sur del país, teniendo su epicentro inicial en Apurímac, Ayacucho, Puno y Arequipa; regiones en las que se ha registrado el mayor número de víctimas".

También precisa que en sus comunicaciones con el Gobierno peruano este le indicó que en las protestas se habían infiltrado grupos organizados al margen de la ley -vinculados a actividades como la minería ilegal, el contrabando o el narcotráfico-, pero que al cierre del informe no había entregado ninguna prueba que confirmara esos hechos. La canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, en una entrevista con The New York Times, admitió en febrero que no tenía evidencia para respaldar su propia hipótesis.

La estigmatización de las protestas por parte del oficialismo -y sus medios de comunicación aliados- estuvo en las afirmaciones de los políticos que forman parte de la coalición que encabeza Boluarte -incluidos líderes del Congreso-; también en las declaraciones públicas de oficiales de la policía, las fuerzas armadas y operadores del sistema de justicia. El mismo enfoque lo repetían en las primeras planas de los diarios limeños y en los informativos de radio y televisión.

La desinformación no consiste solo en tachar de "subversivo" al que protesta, sino también en esconder la violencia de los policías vestidos de civil que solían iniciar el vandalismo en algunas protestas. Además, la gran prensa de Lima dejó de transmitir en febrero y marzo las manifestaciones cuando eran enteramente pacíficas, tanto así que miles de personas no supieron que continuaban por su silenciamiento en los medios.

Este primero de mayo, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, hubo marchas en Lima y en cuatro regiones, donde los manifestantes reiteraron las demandas de meses anteriores: la renuncia de Boluarte, justicia para los 49 civiles asesinados en las protestas y el adelanto de elecciones. Miles de ciudadanos caminaron por el centro de la capital durante casi cuatro horas. Sin embargo, ningún canal de televisión importante transmitió la marcha y los dos principales noticieros matutinos (América TV y Latina) del día siguiente ni la mencionaron.

A inicios de marzo, falleció en un hospital de Lima Rosalino Florez, un estudiante de gastronomía y manifestante pacífico a quien la policía le había disparado en enero más de 30 perdigones en el tórax que perforaron su hígado y riñones. Al día siguiente, la muerte solo fue noticia de primera plana en un medio importante capitalino. A la conferencia de prensa que dieron sus parientes solo asistió un diario comercial: ninguna radio noticiosa, ningún canal de noticias, ningún canal de señal abierta del mainstream, o lo que en Perú llaman la "prensa concentrada", dado que el grupo El Comercio es dueño del 60% del mercado de los diarios y accionista del principal canal de televisión.

El veterano periodista independiente César Hildebrandt ha cuestionado este lunes esa falta de cobertura. "Qué vergüenza. ¿Es esto periodismo? No hay investigación (de las víctimas en las protestas), la fiscalía ha parado todo, las muertes son impunes. ¿Quieren que los familiares digan 'viva la muerte'? ¿Qué esperan de los puneños?, ¿qué esperan del país? Este es el tipo de periodismo que conduce al impasse, a ese impasse que tiene 200 años en el Perú. Cuando la descalificación, el prejuicio y el odio prevalecen, la confrontación es inevitable", afirmó en su podcast semanal.

En un encuentro de periodistas de regiones realizado el pasado fin de semana en Lima, la mayoría pertenecientes a emisoras de radios locales, la  conductora que estuvo relatando desde su cabina la jornada de la peor masacre de los últimos meses, ocurrida en Juliaca, capital de Puno, dio cuenta de la violencia contra los manifestantes, especialmente si eran campesinos o pertenecientes a los pueblos indígenas quechua y aymara.

El 9 de enero, durante una manifestación en los alrededores del aeropuerto de Juliaca, la policía disparó y asesinó a 17 civiles y dejó más de 200 heridos, varios eran transeúntes. La mayoría había llegado de zonas rurales a manifestarse en la ciudad porque nadie prestaba atención a sus reclamos y movilizaciones, explicó la periodista Guadalupe Apaza.

"Nos han dicho que somos terroristas, nos han dicho que somos comunistas, de todo nos han dicho, pero somos una población olvidada. Yo he vivido aquí cómo lloraba la gente pobre, cómo luchaba. La gente humilde ha fallecido. Al día siguiente yo he estado con ellos, les hemos acompañado. No somos terroristas, no somos asesinos, nadie nos ha financiado, espero que se haga justicia", afirmó entre lágrimas Apaza, de la radio La Decana de Juliaca.

La agresión a los periodistas

El informe de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras 2023, difundido este miércoles, señala que Perú cayó 33 posiciones en el índice anual que evalúa a 180 países, y ahora se encuentra en la posición 110 (con 52,74 puntos en una escala máxima de 100). Además, registra el mayor deterioro en términos de seguridad en el ejercicio de la profesión. Se trata de la mayor caída en América Latina en un año. Perú se ubica ahora cerca de países como Catar, Tailandia, Mali o El Salvador, precisa Artur Romeu, director para América Latina de esa organización.

RSF califica la situación de la libertad de prensa en Perú como difícil, una categoría en la que se encuentran 28 países, entre ellos México y Venezuela, a un paso del último escaño denominado muy grave.

Decenas de periodistas han sido golpeados por la policía o heridos con perdigones en la cobertura de cuatro meses de protestas, especialmente si registraban con sus cámaras o dispositivos abusos y delitos cometidos por los agentes, como detenciones arbitrarias y uso no reglamentario de armas no letales, como los gases lacrimógenos.

Además, un periodista de la región de Puno ha sufrido hostigamiento y difamación de oficiales del Ejército por reportar una errada decisión del jefe de una patrulla militar en el sur del país, que causó la muerte de seis soldados del servicio militar voluntario en Puno. En esa región, militarizada por decisión del actual gobierno de Boluarte con el fin de sofocar las movilizaciones -pese al rechazo masivo de la población a esa medida-, los ciudadanos continúan con paros y piquetes de bloqueos de carreteras desde la primera semana de enero.

RSF también reporta casos de agresiones contra periodistas que son vistos por los manifestantes como parte de "la prensa vendida", pero en la mayor cantidad de casos de agresiones el causante fue la policía.
Tan grave es la desconexión de la gran prensa peruana de las demandas ciudadanas que en un reciente retablo del artista y antropólogo Edilberto Jiménez -que documenta la violencia de la fuerza pública contra los manifestantes- coloca a la prensa y la "prensa mermelera" en el lado del infierno junto con la coalición gobernante. Los políticos del Ejecutivo, el Congreso y la Justicia llevan un cartel que dice "No renunciaré".