“No puede ser que el gobierno progresista sea más tímido que el gobierno liberal del señor Macron”. El diputado Íñigo Errejón se refería el miércoles en el Congreso de los Diputados a una idea repetida en redes y medios españoles: Francia ha avanzado por la izquierda a España en su respuesta al coronavirus.

Un plan de gasto público de 300.000 millones de euros. La suspensión del pago de los alquileres y de las facturas de la luz, agua y el gas. Nacionalización de grandes empresas. Tras leer algunas paparruchas informativas publicadas estos últimos días, uno pensaría que Emmanuel Macron se ha metamorfoseado en Maximilien Robespierre. Sin embargo, el gobierno francés no prevé por ahora un aumento masivo del gasto público por hacer frente a la pandemia. Las medidas anunciadas tienen como objetivo “salvar a las empresas” y cuestionan algunas conquistas sociales, como las 35 horas de trabajo semanal y el uso de los días de vacaciones.

Tras una primera respuesta tímida (y con incongruencias como haber mantenido la primera vuelta de las municipales mientras el país se dirigía hacia el confinamiento), el ejecutivo centrista se ha puesto las pilas. La Asamblea Nacional debatió este jueves y votará el viernes las medidas necesarias para establecer el “estado de emergencia sanitario” y mantener la economía a flote.

“Nuestro país atraviesa una crisis sanitaria sin precedentes desde hace un siglo que requiere medidas fuertes, pero también afronta una crisis ya que una parte de la población está inmovilizada y esto puede conllevar consecuencias graves para la vida de la nación”, reconoció el miércoles por la noche el primer ministro Édouard Philippe, tras el segundo consejo de ministros de esta semana.

“No se trata de un plan de inversiones masivo”

En concreto, el gobierno francés movilizará 45 mil millones de euros para contener el impacto económico del confinamiento. La principal partida, valorada en 32.000 millones, incluye medidas de tesorería. Es decir, contiene las cantidades que la administración de dejará de recaudar al haber aplazado (o incluso anulado)  el pago de impuestos y cotizaciones sociales de las empresas durante el mes de marzo y quizás también en abril y mayo.

En cambio, la medida de corte más social consiste en indemnizar, por un total de 8.500 millones, todos aquellos trabajadores sometidos a un expediente de regulación temporal. Unas inversiones que comportarán que el déficit público aumente del 2,2% hasta el 3,9%, según la nueva versión de los presupuestos examinada este jueves en el Parlamento francés ().

“No se trata de un plan de inversiones masivo. En realidad, el gasto público solo aumentará en unos 10 mil millones, una cantidad parecida a la que se destinó en diciembre de 2018 a satisfacer las reivindicaciones de los chalecos amarillos”, explica el analista económico Romaric Godin, quien considera que “las cifras de gasto público aún pueden ser mucho más importantes en los próximos meses”.

Según este periodista del diario digital Mediapart, el gobierno francés, como el español, apuesta por una rápida recuperación tras la parálisis: “Considera la situación actual como un paréntesis”. París prevé que el PIB francés se reduzca este año un 1%, mientras que con la Gran Recesión en 2008 bajó un 2,8%.

“Evitaremos que nuestro modelo económico se hunda”, defendió el miércoles el ministro de Finanzas, Gérald Darmanin, en una entrevista en el rotativo económico Les Echos. El gobierno francés tiene como gran objetivo “salvar a las empresas”. Una prioridad comprensible teniendo en cuenta la excepcionalidad económica que supone el confinamiento: una parte de la economía de mercado ha quedado congelada y el Estado acude a su rescate. “No dudaré en utilizar todos los instrumentos que dispongo para ayudar a las empresas atacadas en los mercados”, afirmó el ministro de Economía, Bruno Le Maire, abriendo la puerta a nacionalizaciones de los grupos más amenazados, como la aerolínea Air France.

Para evitar que se cierre el grifo del crédito bancario, Macron anunció el lunes que el Estado ejercerá de avalador de los nuevos préstamos, hasta un máximo de 300 mil millones. “La ventaja de este tipo de medidas es que el tesoro público no se compromete a pagar ninguna cifra concreta. Solo lo hará en el caso de que las empresas quiebren y no puedan devolver los créditos”, explica Godin. De la misma forma que los 100.000 millones propuestos por Pedro Sánchez, esta medida tiene un objetivo evidente: calmar a los mercados.

Suspensión del alquiler: solo para unas pocas empresas

Otro anuncio de cara a la galería del joven presidente hizo correr ríos de tinta en España: la suspensión del pago del alquiler y de las facturas de la luz, agua y gas. Un dispositivo del que no se benefician los particulares, sino solo las pequeñas empresas en una situación de dificultad.

El gobierno francés ha llegado a un acuerdo con las empresas estatales EDF y Engie para que adopten esta medida, pero no lo ha hecho con otras eléctricas. En el caso de los alquileres, se ha negociado con grandes propietarios de recintos, pero su aplicación dependerá de su “buena voluntad”. “Solo se beneficiarán de esta medida los comercios de centros comerciales o grandes avenidas como los Campos Elíseos, pero difícilmente lo harán las tiendas de barrio que alquilan sus locales a pequeños propietarios”, advierte Godin.

Aún más polémica ha resultado la voluntad del ejecutivo de utilizar el “estado de emergencia sanitario” para fragilizar conquistas sociales. La ley que se examina este viernes en la Asamblea Nacional permitirá a las empresas durante el periodo de confinamiento “imponer o modificar de forma unilateral las fechas escogidas para una parte de las vacaciones”.

También deroga las 35 horas de trabajo semanal, uno de los tótems del modelo social galo, en aquellos sectores “especialmente necesarios para la seguridad de la nación”. Lo que amenaza con precarizar la situación de aquellos que ahora trabajan a destajo, como las cajeras o mozos de almacén. En cambio, el ejecutivo se dota de la posibilidad de “limitar” los despidos durante el confinamiento.

“Hacen falta más inversiones a nivel social Los más pobres serán los más afectados por esta crisis sanitaria”, asegura Aurélie Trouvé, portavoz de Attac en Francia, quien considera insuficiente la prórroga de dos meses de la tregua hibernal (periodo sin desahucios) y defiende la necesidad de ofrecer una alternativa habitacional a todas las personas sintecho. “Deberían destinarse más recursos a los hospitales y promover aumentos salariales y de plantilla entre el personal sanitario”, añade Trouvé, quien critica que “los recortes en investigación en las últimas décadas han hecho que los científicos franceses lamenten ahora no haber podido investigar lo suficiente sobre los virus”. De hecho, Macron anunció este jueves un aumento de 5.000 millones del presupuesto destinado a la investigación en la próxima década.

“Las medidas anunciadas hasta ahora no resultarán suficientes. El impacto económico y financiero puede ser más fuerte del esperado. El gobierno francés defiende que no se producirá un aumento del paro y que las empresas no quebrarán, pero desconfío de estos discursos”, explica el economista Frédéric Farah, miembro del colectivo keynesiano Les Économistes atterrés. “Si nos encontramos en una guerra (la expresión bélica utilizada por Macron para referirse a la lucha contra el coronavirus), tendríamos que adoptar una verdadera economía de guerra y que la administración pública tome un mayor peso sobre el mercado”, defiende este profesor de la Universidad la Sorbona de París, quien considera que debería aprovecharse el periodo de crisis actual para orientar los modelos productivos hacia “la urgencia ecológica y las crisis sanitarias del futuro”.

Tanto la respuesta de Sánchez como la de Macron coinciden en un punto esencial: se concentran en superar el socavón, pero no anticipan las probables turbulencias económicas una vez se acabe el confinamiento.