Para el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se trata probablemente de un método 'fraudulento'. Pero lo cierto es que Estados Unidos está debatiendo acaloradamente lo mismo que se dirime estos días en la Audiencia Nacional pese a la oposición de Conde-Pumpido: si debe iniciarse o no un proceso contra los abogados de George W. Bush que redactaron los memorandos que dieron cobertura legal a la 'guerra contra el terrorismo'.

El debate en EEUU tiene conexión directa con la querella presentada en España contra los asesores de Bush que crearon el andamiaje legal de Guantánamo, avanzada por Público. Se trata de los mismos presuntos delitos tortura, tiene en el punto de mira a la misma tipología de personas a los abogados y no aún sus jefes políticos y está en juego lo mismo: si deben sentarse en el banquillo o, por el contrario, hay que hacer tabla rasa.

En algún caso, se repiten incluso los apellidos: a dos de los seis abogados contra los que se dirige la querella española (Jay Bybee y John Yoo) ya se les ha abierto una investigación en EEUU por parte de la Oficina de Ética del Departamento de Justicia. Las firmas de los juristas coinciden.

The New York Times ha abanderado la petición de investigar a los asesores de Bush con argumentos muy parecidos a los utilizados por los promotores de la querella en España. Éstos, a su vez, se inspiraron en el libro de Philippe Sands, prestigioso jurista británico y autor de Torture Team [Equipo de torturadores], que en 2008 ahondaba en las responsabilidades de los asesores de Bush.

Pese a todo este debate internacional, el fiscal general español, Cándido Conde-Pumpido, trató de frenar la semana pasada la querella en España en términos durísimos: 'Creo que es una querella fraudulenta', afirmó. Y dio como razón precisamente que se dirige contra los asesores de Bush y no contra éste y su Gobierno.

'El debate en EEUU se ha abierto a raíz de la querella española', sostiene Gonzalo Boyé, uno de los abogados que promueven la causa en España. 'Tanto en Washington como en Madrid se debate si un abogado puede aconsejar que se cometa un delito', añade el abogado, que deja claro su malestar con el fiscal general español: 'Ello sería tan grave como que un fiscal trate de encubrir un delito', añade.

La conexión entre la investigación en EEUU y en España es clarísima también para William F. Pepper, uno de los juristas que con más empeño intenta desde Washington sentar en el banquillo a Bush y su camarilla. 'Estos abogados deben ser juzgados y en EEUU como mucho habrá un montaje sin efectos prácticos. Por esto nuestra esperanza es España y Garzón', afirma.

El presidente del Center For Constitutional Rights, Michael Ratner, tampoco ve 'fraudulenta' la querella española: 'España tiene el coraje de hacer lo que la Administración de Obama no se atreve pero que legalmente debería hacer: procesar al equipo de torturadores', afirma en un comunicado desde Washington.