El Tribunal Supremo de Estados Unidos estudiará esta semana si es constitucional prohibir el matrimonio homosexual, a través de dos casos que mantienen en vilo al país.

Los nueve jueces del Supremo escucharán hoy y mañana los argumentos a favor y en contra de la Propuesta 8, una enmienda a la constitución estatal de California que se aprobó en referéndum en 2008 y define el matrimonio como un enlace entre hombre y mujer.

El miércoles recibirán a los defensores y detractores de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por su sigla en inglés), que define el matrimonio como la "unión entre un hombre y una mujer" e impide, por tanto, que los homosexuales casados en los estados donde es legal logren reconocimiento y beneficios fiscales a nivel federal.

El debate no se cerrará hasta junio, cuando se espera una decisión en los dos casos, pero cautiva desde hace meses a un país que ha evolucionado rápidamente en su aceptación de las bodas entre homosexuales, especialmente desde que el presidente Barack Obama expresó su apoyo el pasado mayo.

Obama se mostró a favor del matrimonio gay el pasado mayo

Ayer una decena de activistas se congregaron en las escalinatas del Supremo, tras pasar la noche resguardados de la nieve con tiendas de campaña, sacos y mantas. Erin Black, un manifestante de Nueva York, llevaba 15 horas bajo el temporal cuando dijo que no estará satisfecho hasta que todos tengan "los mismos derechos y la hipocresía termine".

Según una encuesta del Washington Post de la semana pasada, el 58% de los estadounidenses -un récord histórico- apoya el matrimonio gay, que es legal en nueve estados y el Distrito de Columbia.

Al contrario de lo que pudiera parecer, ese creciente respaldo da argumentos a quienes se opondrán al matrimonio homosexual ante el Supremo, quienes opinan que como los votantes de muchos estados se han mostrado dispuestos a respaldar el matrimonio gay, no es necesario que la máxima instancia judicial medie en el asunto. "Lo que menos necesitamos en este momento, en que hay un debate muy joven y significativo, es que el Tribunal Supremo presente una solución nacional que redefina el matrimonio y arrebate la cuestión de las manos del pueblo", dijo al Wall Street Journal uno de los abogados que defienden la Propuesta 8, Austin R. Nimocks.

El matrimonio homosexual llegó por primera vez al Supremo en 1972, cuando el asunto apenas empezaba a definirse a escala estatal, en un caso que los jueces esquivaron con una sola frase: "La apelación se rechaza por plantear una sustancial cuestión federal". A partir de entonces, no obstante, el tribunal ha dirimido muchas otras causas espoleadas por la opinión pública y ha integrado en su equipo al juez conservador libertario Anthony Kennedy, que ha defendido en ocasiones los derechos de los homosexuales y al que los demandantes ven como la clave para inclinar la balanza en su favor.

Las bodas entre homosexuales son legales en nueve estados y en el Distrito de Columbia.

Otro claro punto a favor de quienes apoyan el matrimonio gay es la oleada de manifestaciones políticas que han arropado sus demandas, desde las dos opiniones legales enviadas al Supremo por el Departamento de Justicia hasta la carta firmada por una docena de republicanos, entre ellos el senador Rob Portman.

El expresidente Bill Clinton, que en 1996 firmó la ley DOMA, opinó este mes que es "incompatible" con la Constitución, mientras que su mujer, la que fuera secretaria de Estado Hillary Clinton, proclamó la semana pasada su apoyo a esas uniones en un vídeo.

Si bien las audiencias de esta semana no incluirán decisiones, sí permitirán intuir hacia dónde se inclina la mayoría de los magistrados, que tienen ante sí un amplio abanico de opciones.

En el caso del desafío a la ley DOMA, pueden decidir derogarla y garantizar por tanto que las parejas gays casadas a nivel estatal reciban los mismos beneficios fiscales y de pensiones que las heterosexuales, o mantenerla en pie y dejar las cosas como están.

El de la Propuesta 8 es más complejo, ya que en caso de que los jueces la declaren inconstitucional, podrían hacer que su decisión no se limite a California, sino que se extienda también a todos los estatutos y enmiendas constitucionales estatales que prohíben el matrimonio gay, algo que ocurre en 30 estados. Otra opción es que decidan que su veredicto se aplica solo a California y a los otros nueve estados que permiten algún tipo de unión legal entre parejas homosexuales -Delaware, Hawai, Illinois, Nueva Jersey, Rhode Island, Nevada, Colorado, Oregón y Wisconsin- a los que podría forzar a calificar esas uniones como matrimonio.