El supremo de EEUU, inclinado a declarar inconstitucional la ley contra las bodas homosexuales

Una mayoría de jueces del Supremo de Estados Unidos se mostró hoy inclinada a declarar inconstitucional la ley que define el matrimonio como la unión de hombre y mujer, más por considerar que el Gobierno federal se extralimitó en sus funciones que por una posible vulneración de derechos de los gais.

"La pregunta es si el Gobierno federal, en un sistema federalista, tiene la autoridad de regular el matrimonio", dijo el juez Anthony Kennedy en el segundo día de audiencias en el Supremo, dedicado a estudiar la validez de la definición contenida en la ley de Defensa del Matrimonio (DOMA), y que planteó si el tema no debía corresponder a los estados.

La ley DOMA, aprobada en 1996 bajo el mandato del demócrata Bill Clinton, impide que los homosexuales casados legalmente obtengan reconocimiento del Gobierno federal y les priva, por tanto, de beneficios fiscales y de pensiones.

Cinco de los nueve magistrados del Supremo mostraron dudas de que la ley encaje con la Constitución, basándose en la que el Gobierno se extralimita en sus funciones al ofrecer una definición legal del matrimonio, y no tanto en la posible violación del derecho a la igualdad de los cónyuges homosexuales.

La jueza liberal Elena Kagan consideró que la ley contiene puntos "preocupantes", mientras que su compañera Ruth Bader Ginsburg opinó que establece "dos tipos de matrimonio: matrimonio entero y matrimonio del tipo 'leche desnatada'".

Al comienzo de la audiencia, los magistrados se plantearon incluso si deberían estar analizando el caso, dado que la parte demandada -el Gobierno encabezado por Barack Obama- dejó de defender la ley en los tribunales en 2011 y se ha sumado ahora a la posición de los demandantes, defendiéndola ante el Supremo con sus abogados.

El juez John Roberts, que encabeza el ala conservadora, criticó el hecho de que el Gobierno haya declarado que considera la ley inconstitucional pero siga aplicándola en la práctica a la espera de la decisión del Supremo, algo que, aseguró, "no tiene precedentes" en la historia estadounidense.

La Casa Blanca defiende su obligación de "aplicar todas las leyes" aunque no estén de acuerdo con ellas

Roberts esgrimió que quizá la administración debería tener la "valentía" de aplicar la ley basándose en su constitucionalidad en lugar de trasladar la responsabilidad al Supremo.

Un portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, respondió hoy a esas críticas al indicar que el Gobierno "tiene una responsabilidad de aplicar todas las leyes que estén aprobadas, incluso aquellas con las que no está de acuerdo".

El vacío que ha dejado el Gobierno en el asiento del demandado lo ha ocupado un grupo de líderes republicanos de la Cámara Baja, encabezado por el presidente del hemiciclo, John Boehner, que hoy defendió la ley mediante el abogado Paul Clement.

Una hora de la audiencia estuvo dedicada a determinar si los republicanos tenían derecho a ocupar ese rol en el caso, algo que Clement defendió al recordar que aprobar las leyes y defenderlas es "la función más importante" del Congreso.

En su contra se pronunció una profesora de Derecho de la Universidad de Harvard, Vicky Jackson, quien consideró que el Congreso no tiene nada en juego en este caso y pidió a los jueces que "esperen a que llegue otro caso" para decidir sobre la constitucionalidad de DOMA.

Si los jueces deciden que no existía base para presentar el caso, los analistas pronostican que la ley dejaría de aplicarse en los estados del noreste del país que han tenido decisiones contrarias a la medida, pero las consecuencias a nivel nacional serían inciertas.

Edith Windsor se mostró hoy "emocionada, inquieta y muy, muy humilde"

Si declaran inconstitucional la definición, los matrimonios homosexuales comenzarían a recibir beneficios federales, pero no se obligaría a ningún estado que prohíba las bodas gais a permitirlas.

La ley ya ha sido declarada inconstitucional por dos cortes de apelaciones a raíz de la demanda que presentó Edith Windsor, una anciana de 83 años, tras verse obligada a pagar más de 360.000 dólares en impuestos por el patrimonio heredado de su mujer, dado que el Gobierno no reconocía su matrimonio.

Windsor se mostró hoy "emocionada, inquieta y muy, muy humilde" porque su caso haya llegado a la máxima instancia judicial.

Políticos y analistas compartieron la sensación de que la ley DOMA "será derogada", en palabras de la líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi.

Se espera que los magistrados emitan antes de final de junio su decisión tanto en este caso como en el que escucharon el martes, que reta la validez de la Propuesta 8 que ilegalizó los matrimonios homosexuales en California después de haber reconocido ese derecho en 2008, y que podría tener implicaciones en otros estados del país.