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Turquía 17 periodistas se ​​enfrentan a 43 años de prisión por criticar al gobierno de Turquía

El periódico crítico Cumhuriyet y sus trabajadores se enfrentan a acusaciones tan directas como la de "ayudar a una organización terrorista armada sin ser miembro". Los periodistas son juzgados este lunes tras pasar meses en prisión.

Erdogan en el primer aniversario del fallido Golpe de Estado contra su Gobierno. | REUTERS

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Representantes de IPI (International Press Institute) formarán parte de un grupo que estará en Turquía para observar el juicio de 17 periodistas y ejecutivos de Cumhuriyet, el último periódico importante crítico del gobierno, a partir del lunes 24 de julio.

El medio se enfrenta a acusaciones tan directas como la de "ayudar a una organización terrorista armada sin ser miembro". Los fiscales exigen penas de prisión de hasta 43 años para los acusados ​​por cargos que incluyen también el "abuso de confianza".

La justicia argumenta que el diario ha actuado desde 2013 como defensor de grupos extremistas militantes kurdos y izquierdistas. Además, les acusan de proteger al movimiento dirigido por el clérigo estadounidense Fethullah Gülen -a quien el gobierno de Turquía culpa por el fracasado intento de golpe de estado en julio de 2016-.

Las autoridades sostienen que Cumhuriyet superó los límites de la libertad de expresión y que criticó las políticas gubernamentales

Las autoridades sostienen que Cumhuriyet superó los límites de la libertad de expresión y que criticó las políticas gubernamentales como parte de una operación contra el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y el presidente Erdoğan.

Sin embargo, la acusación contra los periodistas y ejecutivos se centra casi exclusivamente en noticias, informaciones y publicaciones de Twitter. Los acusados han estado ya en prisión preventiva, desde que fueran detenidos en una amplia represión contra la disidencia tras el intento de golpe de Estado.

Decenas de miles de personas celebran el fracaso del golpe de Estado en Turquía / EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU

Decenas de miles de personas celebran el fracaso del golpe de Estado en Turquía / EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU

Los defensores de los derechos humanos en Turquía declaran que el caso pretende silenciar a Cumhuriyet, una de las pocas voces opositoras que quedan en el país. Según los trabajadores del medio, se cruza, así, otro límite en la violación de los derechos humanos, el estado de derecho y de la Democracia en sí. Aseguran que es la purga que ha marcado el estado de emergencia de Turquía en activo, después del golpe.

Turquía es el país que más periodistas en prisión tiene del mundo (150 encarcelados)

Cumhuriyet fue fundada en 1924 y ha sido durante mucho tiempo un símbolo del orden secular de Turquía. Pero en los últimos años se ha encontrado en el punto de mira del gobierno. Su ex redactor jefe, Can Dündar, fue arrestado el año pasado como un castigo por un reportaje en el que afirma que el servicio de inteligencia nacional, MIT, estaba enviando camiones llenos de armamento a los combatientes rebeldes en Siria bajo el disfraz de ayuda humanitaria, y por destapar un escándalo de corrupción que apunta el círculo interno del presidente Erdoğan.

Son ya más de 150 los periodistas que se encuentran en prisión en Turquía. El país curdo es el que más periodistas encarcelados tiene del mundo. Los periodistas de Turquía se han quejado desde hace tiempo de una represión contra la prensa y de la intimidación contra los medios de comunicación kurdos.

Funcionarios, militares, jueces y académicos han sido perseguidos por vínculos con la oposición

Unos 170 medios de comunicación y cientos de organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas desde que se decretó el estado de emergencia, que Erdoğan ha prometido seguirá vigente hasta que Turquía logre la paz. Periódicos y canales de televisión acusados ​​de albergar simpatías con la oposición han sido cerrados y tomados por consejos de administración nombrados por el gobierno.

Turquía todavía parece sacudido por la agitación. Decenas de miles de funcionarios, militares, policías, jueces y académicos han sido perseguidos por supuestos vínculos con Gülen. Allí, todo el que tenga contacto o parezca tenerlo con la oposición es perseguido por las autoridades dirigidas por Erdoğan.

Los delegados llaman a los gobiernos extranjeros, a las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, a presionar a Turquía para que respete sus compromisos en materia de derechos humanos. Hacen hincapié en la necesidad de que Turquía libere a los periodistas encarcelados y alivie la presión sobre los medios de comunicación y adelante el referéndum.

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