El último rifirrafe entre Italia y Francia por el desembarco del buque Ocean Viking con 234 personas migrantes a bordo ha precipitado un Consejo de Interior extraordinario entre los 27 países de la UE. No ha habido sorpresas. Ni tampoco avances. Ya lo avanzaba poco antes del encuentro una alta fuente europea: "No esperen que salga nada extraordinario de esta reunión extraordinaria".

Desde 2014, el mar Mediterráneo se ha tragado a más de 25.000 personas que intentaban alcanzar el Viejo Continente. Pero ocho años después, el bloque comunitario continúa sin ser capaz de acordar una política de asilo común. El objetivo es dejar cerrado el Pacto Migratorio antes de que concluya la legislatura actual, es decir, antes de mayo de 2024. Pero nada está asegurado. Para la Presidencia española, que guiará la brújula europea en el último semestre del próximo año, esta será una prioridad.

El debate de fondo entre las capitales continúa sin caducar: alcanzar el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. El tema migratorio, que ha desatado en los últimos años las discusiones más viscerales entre las capitales del este y oeste europeo, vuelve a regresar a lo alto de la agenda europea tras meses y años eclipsado por la crisis del coronavirus y la guerra en Ucrania.

A la Comisión Europea y al Parlamento Europeo se les está agotando la paciencia con esta división insalvable en el Consejo. "No podemos seguir trabajando crisis a crisis, barco a barco, incidente a incidente. Necesitamos un marco único sobre la legislación europea y que respete nuevos valores y principios", ha asegurado Margaritis Schinas, vicepresidente de Estilo de Vida Europeo, a su llegada a la cita.

El aumento de las llegadas y la postura de puertos cerrados de la ultraderechista Giorgia Meloni en Italia han resucitado el interés. Es probable que la cuestión migratoria se cuele en la última cumbre europea del año, que tendrá lugar el próximo 15 y 16 de diciembre en Bruselas. La ruta del Mediterráneo Central ha registrado en lo que va de año un aumento de llegadas de personas migrantes del 50% en comparación al mismo periodo de 2021. En la que atraviesa los Balcanes Occidentales ha sido de un 170%. Bruselas presentará, de hecho, una nueva propuesta para la vía balcánica antes de la cumbre que los líderes celebran el 6 de diciembre en Tirana. Todas las vías de llegada están registrando aumentos a excepción de la Occidental, que afecta a España y se espera un fuerte flujo de refugiados ucranianos con la llegada del invierno y el bombardeo de Rusia a las infraestructuras hidráulicas y energéticas.

Postura dura

En medio del impasse para desbloquear el pacto migratorio, la UE ha ido adaptando un discurso más duro en materia de asilo. El lenguaje que pone a las mafias, iniciado hace unos años por las fuerzas de ultraderecha, ha ido ganando espacio entre los sectores conservadores, pero también socialdemócratas. "Lo importante es luchar contra las mafias que trafican con seres humanos y salvar vidas", ha asegurado Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior español, a su llegada al edificio del Consejo Europeo. "No son los Estados, sino las mafias quienes deciden quién entra. El 50% de las personas que llegan no tiene derecho a quedarse y deben ser retornados cuanto antes", afirmaba esta semana en el Pleno de Estrasburgo Manfred Weber, el líder del Partido Popular Europeo. En el mismo debate, la eurodiputada de Izquierda Unida Sira Rego recordaba que cada seis horas muere un ser humano en el mar tratando de llegar a Europa.

Dinamarca, por ejemplo, está propulsando la creación de centros de recepción en países de África, una iniciativa que ya la Comisión anterior comandada por Jean-Claude Juncker intentó pero no fructificó. En este sentido, Grande–Marlaska ha mostrado el rechazo de España a promover plataformas de desembarco en los terceros países, "una propuesta que puede derivar en una renuncia a nuestras obligaciones de derecho internacional y humanitarias", ha subrayado.

El centro de gravedad de Europa en materia de asilo está ya focalizado en la dimensión externa. Es decir, en rubricar con los países de origen y tránsito, como se ha hecho con Turquía o Libia, para frenar las salidas irregulares evitando así que los migrantes alcancen su suelo y en acelerar las deportaciones. "Muchos migrantes quieren venir y ahorrar dinero. Quieren ser parte de nuestro mercado laboral y les necesitamos, pero no queremos que entren así", afirmó esta semana la socialdemócrata sueca Ylva Johansson, comisaria de Interior. "Muchas de las personas que llegan por vías irregulares no necesitan protección internacional. Proceden de países a los que se podría devolver rápidamente", ha reiterado este viernes en la antesala del Consejo extraordinario.

El Gobierno que capitanea la ultra Meloni en Italia quiere, además, implantar un código de conducta para las ONG que operan en el Mediterráneo, una propuesta que está ganando espacio en el seno europeo. "Tenemos que trabajar con las ONG, pero de forma ordenada. De manera que respeten nuestros Estados miembro. Si ello requiere algo como un Código de Conducta, estamos dispuestos", ha asegurado el conservador griego Schinas, en nombre de la Comisión.

Por último, Grande-Marlaska ha vuelto a defender que España tuvo una respuesta "legal y proporcional" tras el salto de la valla en Melilla en el que fallecieron al menos 23 personas y ha asegurado que no hubo muertes en suelo español tras los sucesos en la valla de Melilla. Ante los que piden su dimisión dice que "no han visto todas las imágenes" y que tienen una visión "subjetiva" de los hechos.