En el transcurso de apenas una década casi 1,5 millones de gallegos tendrán, o tendremos, más de cincuenta años de edad. Eso es cerca del 55% de la población del país. Habrá más de 710.000 personas que estarán, o estaremos, en edad de jubilación. Alrededor de 150.000 superarán los 85 años, y unos 1.500 tendrán más de cien.

Hace veinte años, el número de afortunadas y afortunados centenarios no llegaba en Galicia a los 400. Y es una buena noticia que esa cifra se haya multiplicado casi por cuatro, pero también demuestra que el envejecimiento de la población y el invierno demográfico están aquí para quedarse. Peor aún, no son una estación cíclica pasajera, más bien algo así como una glaciación.

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Se trata de una realidad casi geológica, tan inmediata como el cambio climático o la oleada de nuevos fascismos. Y sus consecuencias económicas, sociales y sobre nuestras formas de vida probablemente serán tan imprevisibles y difíciles de combatir como las derivadas de las amenazas que representan el calentamiento del planeta y el resurgimiento de la ultraderecha en muchos países de Occidente.

Solo de cuando en cuando la crisis demográfica recaba el interés de la opinión pública, casi siempre mediante análisis más o menos alarmistas elaborados desde una perspectiva estadística, macroeconómica: en quince años habrá más del triple de mayores de 67 años que de menores de quince; por cada gallego jubilado habrá solo 1,3 trabajadores cotizando a la Seguridad Social -la ratio mínima para garantizar la sostenibilidad del sistema es de uno por cada dos-; de seguir el ritmo actual, a mediados de siglo en Galicia morirán cada año más de 50.000 personas, pero apenas nacerán 10.000 niños... Y así.

¿El Estado del bienestar era esto?

¿Quien nos va a cuidar cuando en pocos años lleguemos a la senectud, si apenas tenemos hijos -una media de uno por pareja desde hace décadas- y cuando la perspectiva es que ellos nos den aún menos nietos que nosotros a nuestros padres? ¿Podremos seguir disfrutando en la vejez de nuestras amistades y hacer otras nuevas si padecemos algún tipo de dependencia que nos inhabilite para ello, o si no podemos permitirnos cuidadores y acompañantes de pago?

¿Como nos las apañaremos para enamorarnos o amancebarnos, para mantener relaciones sociales y sexuales, para disfrutar de la cultura y el ocio en compañía y no pasar nuestra vejez en soledad si los achaques nos obligan a vivir aislados del mundo? ¿Acabaremos muriendo de mala manera en una de esas siniestras residencias gestionadas por desalmados que hacen negocio con las vidas, las pensiones y los ahorros de los ancianos? ¿Acaso el Estado del Bienestar era esto?

Un grupo de gallegos de mediana edad han respondido a las preguntas anteriores y han puesto en marcha una iniciativa para no dejar su futuro en manos de las contradicciones del sistema. Así, planean construir un centro de mayores autogestionado para asegurarse un futuro de estabilidad, solidaridad y libertad, en el que puedan envejecer de manera digna y activa y, sobre todo, para garantizarse que lo que les quede de vida lo van a pasar como desean.

Son ya alrededor de sesenta y han constituido una asociación cuyo objetivo es levantar y mantener un centro con viviendas independientes con espacios comunes, que serán propiedad del colectivo y en el que todos y todas aportarán a una cantidad para la construcción, primero, y para el sostenimiento del complejo y de sus instalaciones, después, cuando ya vivan allí.

Gestión basada en principios democráticos

Las decisiones mas importantes, como el lugar donde instalarse, el modelo constructivo, el plan de inversión y el reglamento de régimen interno, se adoptarán por la asamblea de la asociación, ya que el proyecto se basa en principios democráticos. La gestión del día a día recaerá en comisiones especializadas y en una gerencia profesionalizada.

Quieren tener viviendas individuales o compartidas dignas y asequibles, y zonas comunes y de ocio y esparcimiento adaptadas a sus gustos y aficiones. Desde un pub y una sala de cine y teatro hasta áreas deportivas y de lectura y aprendizaje, e incluso un lugar para cocinar, comer y celebrar.

Darán empleo estable y de calidad a profesionales de los servicios que precisen, especialmente de geriatría y cuidados, que los prestarán a quién los necesiten ahora o más adelante, sin que dependa de si los pueden costear o no. Porque las aportaciones serán las mismas para todos los usuarios y usuarias, con independencia de su grado de dependencia, si lo tuvieran, o de cuánto cueste cubrir sus necesidades personales de asistencia, sean inmediatas o de futuro.

"El covid-19 nos abrió los ojos a muchas de nosotros. Vimos la realidad de la sanidad pública y que muchas residencias siguen manteniendo un sistema asistencial obsoleto que creíamos superado, pero que aún hoy sigue presente" explica Nieves Rodríguez Brisaboa, catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidade de A Coruña, Premio Nacional de Informática en 2019 y presidenta y portavoz del colectivo LarLilás, promotor de la iniciativa.

"Aparcamientos para que los ancianos esperen la muerte"

"Seguro que hay muchas excepciones, pero muchos de esos centros parecen aparcamientos donde los ancianos solo van a esperar su muerte mientras sus gestores hacen dinero ahorrando en comida, en atención y en personal especializado. En ellas, todo está en función del negocio y no de las necesidades de los usuarios", añade.

En los nueve primeros meses de la emergencia sanitaria murieron en Galicia 1.250 personas, de las que 509 vivían en residencias de mayores. De estas, el 94% estaban en centros privados o en centros públicos gestionados por sociedades mercantiles privadas.

En todo el Estado murieron más de 30.000 mayores en centros de dependientes públicos o privados. "Los modelos de residencias están cambiando, es cierto, pero nosotros no podemos esperar y necesitamos resolver nuestro futuro ahora, antes de que sea tarde y estemos muertos", ironiza la portavoz.

El concepto de cohousing o viviendas colaborativas compartidas es obra del arquitecto danés Jan Gudmand-Hoyer, quien en los años 60 desarrolló una fórmula para satisfacer las necesidades de numerosas familias que tenían dificultades para acceder a una vivienda en propiedad, y que además querían mantener una interacción solidaria con sus vecinos.

La idea fue que financiaran entre todas la adquisición de terrenos y la construcción de sus hogares y de los espacios comunes que los rodeaban, cediendo su propiedad a una cooperativa, fundada con una pequeña aportación inicial de cada una de ellas y financiada con cuotas mensuales equivalentes o incluso más bajas que las de una hipoteca.

Podían legar su uso a sus descendientes, pero no venderlas, y si con el tiempo alguna familia decidía renunciar a su casa y mudarse, la cooperativa le devolvía la aportación inicial y buscaba un nuevo socio inquilino.

El modelo se extendió con rapidez en el norte de Europa y los Estados Unidos, donde en el últimos cincuenta años se desarrollaron infinidad de proyectos de cohousing basados en la idea inicial de Gudmand-Hoyer. La crisis inmobiliaria, el crack financiero, la pandemia de covid y la glaciación demográfica están poniéndolo de nuevo de actualidad.

Regulación gallega de las viviendas colaborativas

El año pasado, la Consellería de Política Social de la Xunta aprobó una orden que hace mención y regula las viviendas colaborativas como alternativa para alojar y cuidar a mayores dependientes.

"En los últimos años está surgiendo en distintos países europeos un modo de vida en comunidad para fomentar el apoyo mutuo entre personas que deciden vivir juntas. En el ámbito de las personas mayores este tipo de comunidades dotadas de servicios asistenciales están desarrollándose como una alternativa al modelo residencial tradicional", dice la exposición de motivos de la norma.

"Esta alternativa de convivencia con cabida en el ámbito de los servicios sociales puede materializarse a través de viviendas colaborativas, dotadas de servicios para la promoción de una vida social activa y colaborativa, que contribuirán al bienestar de las personas mayores paliando situaciones de aislamiento social que sufre gran parte de este colectivo", añade la ley.

El proyecto de LarLilás, que puede consultarse en la web de la asociación, añade una novedad. La fórmula societaria no será una cooperativa, sino una asociación sin ánimo de lucro a la que cada socio aportará su parte en forma de una inversión inicial y después, a través de cuotas mensuales, que irá abonando a lo largo de su estancia en el complejo.

"La propiedad de todas las viviendas será de la sociedad en su conjunto, de forma que no se podrán heredar. Y cuando los primeros nos vayamos muriendo, las plazas irán quedando libres para que puedan entrar nuevos socios inquilinos", explica Rodríguez Brisaboa, quien insiste, con todo, en que "lo de menos es construir las viviendas". "Lo más importante es garantizar los cuidados de quienes las habiten".

Ideario feminista, progresista, laico, solidario e  igualitario

La idea de LarLilás, cuyo nombre hace referencia a las lilas, las flores que en portugués son lilás y cuyo color violeta alud al carácter feminista del proyecto, surgió entre un grupo de amigos y conocidos de Santiago y A Coruña que quieren ahora extenderla a más personas interesadas y a las que solo piden compartir "un ideario feminista, progresista, laico, solidario, igualitario y partidario de una muerte digna", en palabras de Luís Hierro, socio de LarLilás.

"Queremos construir juntos nuestra jubilación bajo los principios de autogestión y envejecimiento activo, para que cada persona tenga su propia vivienda con la privacidad e independencia que eso supone pero compartiendo los costes de todos los servicios de atención que podamos precisar. Desde limpieza o cocina hasta enfermería o fisioterapia, y también, llegado el caso, todo tipo de atención a la dependencia", explica Ernesto Vilasante, otro de los socios iniciales.

LarLilás creará entre 30 y 35 puestos de trabajo estable. "Pretendemos huir del trato masificado y de los elevados precios de las residencias actuales. Nuestro proyecto no tiene ánimo de lucro, es por y para nosotros y para las personas que se unan a él", añade Hierro.

Quien quiera vivir en LarLilás podrá disponer de una vivienda de entre 40 y 45 metros cuadrados para una sola persona, o de 60 metros si se trata de dos. Para eso tendrán que hacer una aportación de 45.000 euros en el primer caso y de 65.000 en el segundo. Esa aportación es por vivienda, no por persona, por lo que en el caso de compartirla, la cantidad por cabeza será la mitad.

Después, cuando ya vivan allí, cada uno aportará unos 750€ euros al mes para cubrir todos los servicios y personal necesario. Esa cantidad no depende del nivel de dependencia sino que es igual para todos, y no incluye las comidas ya que las usuarias e usuarios pueden optar por cocinar en sus casas. Si desean tener servicio de comedor en régimen de pensión completa, rondará los 350 euros más al mes.

200 socios y socias

Para que el proyecto sea viable precisan de cerca de doscientos socios. Ya han buscado y localizado terrenos en municipios donde existe una cobertura sanitaria pública razonable, comunicaciones adecuadas y una mínima oferta cultural y de servicios básicos. También espacios naturales que acompañem el modo de vida que quieren llevar.

Ya han contactado con varios ayuntamientos interesados en albergar el complejo en sus concellos, con los que negociarán que éste pueda obtener las licencias y permisos necesarios en el menor tiempo posible para poder abrirlo cuanto antes.

La inversión inicial de entre 45.000 y 65.000 euros por vivienda está sujeta a la garantía de la recuperación íntegra y al momento del dinero antes de la adquisición de los terrenos y del inicio de las obras, por si a alguno de los socios no le satisface la localización final de la residencia.

Esa garantía se extiende la cualquier persona que durante la construcción de las viviendas decida finalmente no ocupar la que le corresponda. Podrá recuperar su inversión bien presentando a un nuevo socio que ocupe su lugar cumpliendo los requisitos de la asociación, o reclamándosela a ésta, que se la devolverá en un plazo máximo de dos años.

Período de amortización

Además, quienes entren a vivir en LarLilás tendrán un período de amortización de seis años durante el que podrán dejar de habitar el complejo y recuperar la parte del dinero invertido, en cantidad proporcional al tiempo en que no vivieron en él.

Las finanzas de la asociación estarán gestionadas por una comisión directiva elegida democráticamente en la asamblea que no podrá decidir nada sobre ellas sin que ésta lo apruebe previamente. En caso de que el proyecto fracase, todo el dinero se devolverá a los inversores o, en su caso, a sus herederos.

Con todo, nada parece indicar que los socios de LarLilás vayan a fracasar. Al contrario, mas bien semeja que puede ser un ejemplo a seguir por quienes aspiren algo tan sencillo como lo que apunta Luís Hierro: "Solo queremos ser modestamente felices en nuestra vejez".