Ava tenía solo 17 años cuando pinchó en un anuncio en Internet que le prometía un trabajo bien remunerado. El puesto implicaba desplazarse hasta Palencia y allí alguien la recogería. Aquello fue el cebo para ser captada en una red de trata y explotación sexual que se aprovechó de su discapacidad para engañarla. La cienasta y activista contra la trata Mabel Lozano, junto a la guionista Isabel Peña, cuentan la historia de horror que sufrió la protagonista con este cortometraje que lleva su nombre.

Ava es la historia deuna niña a la que le quedaron secuelas físicas y psicológicas hasta su adolescencia ya en España, después de ser adoptada, y posteriormente captada y secuestrada con fines de explotación sexual.

La pequeña Ava padecía un trastorno anterior por culpa del abuso y la violencia de su contexto familiar en Colombia. Su madre y su abuela recibían también abusos por el mismo hombre que las obligaba a prostituirse. Les pegaba a las tres y a la protagonista del corto, tan solo una niña, le quedaron cicatrices de por vida. Esta violencia provocó que ya tuviera una situación de extrema vulnerabilidad a su llegada a España. 

"Mujeres con discapacidad ha habido siempre en el entorno prostitucional pero no hay datos. Está absolutamente invisibilizado. Son muy vulnerables y, a veces, sufren violencia desde su propio entorno. Les dan la mano, con un trabajo o con la promesa del amor, y ellas se agarran a eso", cuenta Mabel Lozano a este periódico.

"A mí este caso me ha arrollado porque no me lo había planteado nunca. Hay una doble violencia, por ser mujer y por tener una discapacidad", reconoce la cineasta.

La madre adoptiva, María, narra en el corto documental y paso a paso, todo lo que le ocurrió a Ava la semana que estuvo secuestrada en el segundo piso de un dúplex junto con otras chicas.

Allí, la adolescente estaba retenida en un lugar lúgubre en el que las obligaban a prostituirse hasta con veinte hombres. Le habían quitado el teléfono y dejado incomunicada. "Los tipos que acudían allí, venían pensando que en este sitio se ofrecían personas como Ava para los servicios que ellos querían". Los secuestradores sabían que era menor e, incluso, había otra menor en el piso. Estaban malnutridas, drogadas y amenazadas para inculcar un régimen de sumisión en el que no pudieran ni escapar ni negarse a mantener relaciones. "Estuvo explotada desde el primer minuto. No había esperas y no había treguas. No sé cómo podía resistir", continúa el relato de su madre en la película.

Un entramado de poder y control

En las páginas de pornografía online se puede ver la etiqueta de 'mujeres con discapacidad'. Es solo la punta del iceberg de un problema que se alarga hasta la prostitución y la trata. La demanda de servicios sexuales de mujeres y niñas llega hasta el punto de que existen redes organizadas en nuestro país que las captan, las secuestran y las obligan a prostituirse. "Se ha banalizado tanto el consumo de prostitución que la sociedad no es consciente de lo que llega a producirse en estos contextos", comenta a Público, Natalia Massé, responsable del programa Mujeres de la Fundación Apip-Acam. 

En su organización atienden a al menos a 2.000 mujeres víctimas de prostitución y trata con casos muy diversos. Mujeres como Noemí de Nigeria, diagnosticada de esquizofrenia y paranoia, después de un trauma asociado a su migración hasta nuestro país. O Patricia, una mujer que sufrió 10 años de explotación y que presenta un cuadro de estrés postraumático y esquizofrenia que le impide llevar una vida normal. Pero hay muchas más: Mónica, María, Queen, Grace y Edith... Todas con problemáticas de salud mental que pueden llegar a provocar una discapacidad generadas por su trauma tras pasar por la prostitución o la trata.

No se puede dejar de lado el uso de las drogas en estos entornos. Como relata la madre de Ava, la obligaban a consumir drogas que no sabía ni que lo eran. "Recibía una comida diaria, una sopa, y por las mañanas repartían droga. Ella dice: un polvo blanco."

El consumo en estos ámbitos no sólo genera un problema de adicción, sino que aumenta la aparición de trastornos de salud mental severos.

Luisa, una mujer paraguaya, atendida en Apip-Acam, tiene un trastorno psicótico asociado al consumo de tóxicos que le obligaron a tomar durante una década de explotación. "La gente cree que de estas redes, las víctimas salen con enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados pero realmente salen con trastornos disociativos o esquizofrenias graves. Y a esto se suma el consumo de drogas. Porque si te drogan, es menos probable que te reveles", apunta la documentalista.

Massé se queja de que no existe formación especializada desde el ámbito policial y jurídico para entender todas las variables que afectan a estas víctimas. Esto vulnera de lleno la Recomendación General nº33 del Comité CEDAW sobre el acceso de estas mujeres a la justicia, al no "prestar especial atención al acceso a los sistemas de justicia para las mujeres con discapacidad".

La invisibilización en los datos

La omisión del problema llega al punto de que no existen protocolos de atención específicos. "Muchas veces no tienen un diagnóstico de discapacidad antes de llegar a denunciar. Entonces, la policía no las registra en un primer momento como víctimas porque no tienen un relato coherente que se adecue a los parámetros del delito de trata", explica Massé.

Ava no es la única. A su caso se suman otros donde las víctimas no tienen capacidad de reconocerse como tal. Massé explica que desde su organización atienden a víctimas que creen que sus explotadores son sus novios. "No ofrecen ninguna resistencia porque opera el amor romántico, la idea de que sólo pueden ser amadas si se someten a lo que él les pide".

Como ejemplo está Marina, una chica rumana de 22 años, que fue lanzada a la prostitución por su madre que también la ejercía. Después varios loverboys, hombres que las engañan con la promesa del amor para prostituirlas, la explotan aprovechando su discapacidad intelectual. Cuando llega a denunciar, el juez apunta de su relato lo mismo que Massé ha visto otras tantas veces, "no es coherente" y su proxeneta queda absuelto.

"El principal problema que encontramos en los registros oficiales es que no hay indicadores que crucen la discapacidad con el sexo. No pasa solo con la trata, también con la violencia de género. Así que solo podemos intuir lo que está pasando", comenta a Público, Isabel Caballero, coordinadora del área de derechos de las mujeres del Comité Español de Representantes de Persona con Discapacidad (CERMI).

"No tenemos la información clave para proyectar políticas públicas. No hay información suficiente incluso con en sistemas como el de la violencia de género, asentados ya en nuestro país. Y menos con el tema de la trata, que es todavía un problema muy invisible", confirma Caballero a Público.

El artículo 32 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 de la ONU establece la obligación de los Estados miembros, incluido España, de recabar datos para poder aplicar políticas públicas a fin de cumplir con los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, y como alertó a nuestro país Naciones Unidas, no se ha logrado aún.

Además, las políticas públicas no atienden a la visión interseccional. "Hay factores añadidos de riesgo. Nos encontramos sobre todo con mujeres con discapacidad intelectual explotadas sexualmente por su propio entorno y con el añadido de que no son conscientes de que son explotadas", continúa Caballero.

Pendientes de una nueva ley

Hablamos de un negocio muy lucrativo. Tal y como refleja el observatorio internacional de lucha contra la prostitución Fondation Scelles, en un informe de la situación de 54 países concluye que el negocio de la prostitución y la trata y explotación sexual produce unos beneficios en el mundo de 300.000 millones de euros anuales; 1.800 millones de euros anuales en nuestro país. España, además, es el primer país de la Unión Europea en consumo de prostitución. Unos datos que reflejan la magnitud del problema.

El Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos trataba con interseccionalidad este asunto e incluía el marco de la discapacidad —entre otros— como factor a tener en cuenta desde el proceso de identificación de esta vulneración de derechos hasta las campañas de sensibilización. Esta ley se quedó sin aprobar la pasada legislatura, a pesar de la urgencia en la atención a las víctimas de este tipo. Las organizaciones esperan con ansia que se consolide en la nueva legislatura y que se dote de suficiente presupuesto. "La ley se tiene que dotar de recursos suficientes para atender a todas las realidades. Tiene que poner en el centro a las víctimas", explica Massé.

Tras lo que le pasó y como relata su madre, Ava ya no podía concentrarse. "Las secuelas se agravaron muchísimo. Su vida se cortó. Yo también me he hecho vulnerable como ella y caminamos vulnerables las dos". Una vida truncada que deja a la persona en estado de dependencia. "En algunos casos es un proceso de acompañamiento para toda la vida. Por eso la ley tiene que considerar estas situaciones", puntualiza Massé.

Para Mabel Lozano el documental fue un antes y un después en la toma de conciencia. Abordar el problema desde la educación le parece un punto indispensable. "No solamente tiene que haber un consenso para que haya cifras sino recursos específicos para estas mujeres. Y un trabajo educacional total, qué hacen 20 hombres consumiendo a estas niñas. ¿Cómo es posible comprar a una persona? A una persona con tantísima vulnerabilidad. Es una cuestión de poder que hay que dejar de permitir".