La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava cree que el juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria-Gasteiz no justificó su decisión de obligar a una madre a regresar a la localidad de su agresor para continuar con el régimen de visitas a sus dos hijos. Por ello, ha decidido adherirse -en un escrito al que ha tenido acceso Público- al recurso de apelación de la mujer, en el que pide que se revoque esa orden.

Marta (nombre ficticio) se separó de su exmarido en 2020 y la jueza, a pesar de que existía un proceso abierto por maltrato continuado, decidió estipular un régimen de visitas a favor del padre de los niños. Ella debía quedarse en Vitoria-Gasteiz, en el piso donde vivía con él y donde se produjeron las agresiones. Ante la situación de maltrato, Marta decidió irse a Gijón, donde vive su familia, con los menores.  

En 2022, él fue finalmente condenado a tres delitos por violencia de género. Sin embargo, y a pesar de la condena, las medidas fijadas en la sentencia de divorcio fueron ratificadas en una nueva sentencia este febrero que obligaba a la mujer a volver con los niños a Euskadi para que vean a su padre, tal y como adelantó Público.

Ahora la Fiscalía se adhiere en un escrito al recurso de Marta y su abogada sobre esa sentencia de ratificación. La fiscal explica que "la sentencia apelada no ha justificado que tal decisión sea la más adecuada en atención al interés superior de los menores, pues solo se hace referencia a que tal traslado fue una decisión unilateral de la progenitora". 

Este es el requisito que establece la ley de infancia aprobada en 2021, que prohíbe las visitas a los padres maltratadores, salvo excepción motivada y argumentada sobre el "interés superior del menor". A ese interés se refirió el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria-Gasteiz, cuatro años después del divorcio de 2020, y sin tener en cuenta la condena por maltrato. 

Pero aunque la ley es clara, las juristas expertas en violencia machista aseguran que hay multitud de casos en los que la excepción hace la norma. Como ocurrió con las niñas de Almería, asesinadas durante el régimen de visitas del padre. Unas visitas acordadas entre las partes y a las que el tribunal dio el visto bueno.  

Además, la fiscal asevera en este nuevo escrito que Marta se desplazó porque es víctima de violencia machista y su red familiar está en otra provincia. Y añade que en la resolución del juez no aparece "alusión a tal circunstancia, íntimamente relacionada con los hechos objeto de enjuiciamiento".

Por otro lado, menciona las conclusiones del informe psicosocial que concluían el arraigo de los menores en Gijón. "La decisión judicial de traslado contraviene sin justificación alguna las conclusiones del informe del equipo psicosocial, ratificado en juicio por las peritos, según las cuales la custodia materna ofrece más estabilidad y seguridad a los menores", explica. 

No es la primera vez que la Fiscalía apoya a Marta. En 2023 respaldó uno de sus recursos ante las medidas estipuladas en el divorcio, alegando que no veía beneficio en mantener el régimen de visitas con el padre maltratador. "No se acredita en ningún momento cuál o en qué medida beneficia a los menores el contacto con el padre que, en reiteradas ocasiones, se ha mostrado violento hacia su madre", explicó la fiscal en el documento de adhesión.

En el recurso, Marta y su defensa continúan aludiendo a los mismos argumentos con los que comenzaron el periplo judicial que ya cumple cinco años. Piden que se reconsidere la imposición de volver a Vitoria-Gasteiz al tener en cuenta que el desplazamiento se hizo por la violencia sufrida.

Y, además, solicitan en exclusiva la patria potestad sobre los menores. Esta "debe de atribuirse exclusivamente a la madre, en atención a que los niños fueron testigos y estuvieron presentes en las agresiones habituales sufridas por ella", explica su abogada en el recurso.