El pasado lunes 4 de marzo, el 86,7% de los diputados y senadores galos aprobaron la inclusión del derecho al aborto en la Constitución francesa. Entre ellos, miembros de la extrema derecha como Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional –antes Frente Nacional–. Lo que Le Pen ha firmado esta semana es frontalmente rechazado por sus homólogos polacos, Ley y Justicia (PiS), partido que en 2020 hizo retroceder a Polonia 26 años cuando el recurso contra el aborto que presentó ante el Tribunal Constitucional fue aprobado. Ahora, la interrupción del embarazo es inconstitucional en el país eslavo.

El concepto de igualdad entre hombres y mujeres está integrado de manera más o menos homogénea en las constituciones de todos los Estados Miembros de la Unión Europea. Sin embargo, las formas en las que los diferentes Gobiernos desarrollan este mandato es muy diferente, como también lo son los mecanismos que elaboran para aproximarse a tal objetivo.

A fecha de marzo de 2024, sólo nueve países de la UE tienen ministerios dedicados específicamente a promover la igualdad de género, combatir las violencias contra las mujeres y ampliar o velar por sus derechos sexuales y reproductivos. A estos se les suma la existencia de otros mecanismos interministeriales y organismos independientes especializados que actúan en la misma línea.

En cualquier caso, únicamente los ministerios de cuatro de estos países están dedicados exclusivamente a estas competencias. Es el caso de España, con el Ministerio de Igualdad dirigido por la socialista Ana Redondo; Francia, con el Ministerio delegado para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Lucha contra la Discriminación, a cargo de la republicana Aurore Bergé; Luxemburgo, con el Ministerio de Igualdad de Género y Diversidad de Yuriko Backes –también ministra de Defensa, Movilidad y Trabajos Públicos–, y Polonia, con la diputada de Nueva Izquierda, Katarzyna Kotula, al frente del Ministerio de Igualdad.

Además, los cuatro Estados se encuentran por encima de la media europea en lo relativo a igualdad de género, según la estimación realizada por el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) en su Índice de 2023, que situó a los 27 en los 70,2 puntos. "Da la sensación de que la presencia o existencia de un Ministerio de Igualdad ayuda a que se desarrollen políticas de Igualdad" asevera Irene Rosales, coordinadora del Lobby Europeo de Mujeres.

En otros cinco países –Alemania, Austria, Dinamarca, Malta y Suecia– las carteras de igualdad de género aglutinan también otras funciones. Así, en Suecia, uno de los Estados de la UE con mayor bagaje en políticas de igualdad entre hombres y mujeres, esta competencia aparece a menudo junto a Trabajo.

La suma de estos conceptos, igualdad y trabajo, parece estar en la raíz de los avances feministas que tuvieron lugar en el país. En 1997 el Gobierno sueco aprobó una legislación que prohibía la discriminación por razones de género en el mercado laboral. Actualmente, la liberal Paulina Brandberg es la ministra de Mercado Laboral, Integración e Igualdad de Género.

También es habitual que las políticas de igualdad sean impulsadas por organismos encargados de diseñar iniciativas estatales relacionadas con el ámbito familiar. Esto supone, en numerosas ocasiones, vincular "cuestiones de igualdad con la crianza" evidencia Rosales.

Actualmente, en Alemania, la autoridad para desarrollar políticas públicas de igualdad es el Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud, con Lisa Paus, de Alianza 90/ Los Verdes, al frente. Una estructura similar tiene el equivalente a esta cartera en Austria, donde la diputada del Partido Popular Austriaco (ÖVP), Susanne Raab, es titular del Ministerio Federal para Asuntos de la Mujer, Familia y Juventud.

También existen mezclas exóticas, como las que llevan años produciéndose en Dinamarca. Desde diciembre de 2023, la liberal Marie Bjerre dirige Igualdad y Digitalización. En gabinetes anteriores Igualdad también había tenido parejas competenciales llamativas, llegando a compartir cartera junto a Alimentación y Pesca en dos gabinetes diferentes. Más de 3.000 km al sur, en Malta, esta competencia se integra en el Ministerio de Fondos Europeos, Igualdad, Reformas y Diversidad Social, a cargo del primer ministro adjunto, Chris Fearne. Históricamente, esta competencia ha estado integrada en Malta en otros ministerios tales como Interior, Justicia o Innovación.

La isla del Mediterráneo es uno de los Estados de la UE que tiene un recorrido más largo por hacer en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es el único país de los 27 que aún prohíbe el aborto en prácticamente todos los supuestos. En 2023 las autoridades maltesas dieron luz verde a un proyecto de ley que despenalizó la interrupción del embarazo en supuestos todavía muy restrictivos, como la muerte inminente de la madre.

La vinculación entre mujeres y sanidad es una constante en los organismos públicos, y, al igual que ocurre cuando aparece junto a políticas de la familia, ello no siempre expresa una mirada progresista sobre dichos temas, y más en concreto acerca de su salud. Sobre todo, si el enfoque reduce la salud sexual y reproductiva de las mujeres a cuestiones de fertilidad.

Que un Estado no incluya la palabra "igualdad" o "mujer" en alguno de sus ministerios no significa que carezca de organismos encargados de dar solución a estas cuestiones. Así, países como Bélgica, Portugal o Rumanía –con diferentes grados de implantación– cuentan con secretarías de Estado, departamentos o agencias dedicadas a impulsar y supervisar políticas públicas en esta dirección.

También Finandia ha mantenido activa su Unidad de Igualdad de Género dentro del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Ello a pesar de haber pasado de estar gobernado por una coalición de cinco partidos de izquierdas y centro izquierda –todos ellos liderados por mujeres– a uno presidido por el conservador Petteri Orpo.

Enterrar la Igualdad en la Familia

La tendencia de conceptualizar las problemáticas femeninas –y cis– junto a otras de índole familiar, sanitario o social, alcanza su máxima expresión en los países más alejados de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como en aquellos largamente gobernados por la derecha. En alguno de ellos, estas competencias terminan por ser engullidas por las carteras de familias, políticas sociales y salud.

Un ejemplo destacable es el de Hungría. Gobernado desde 2010 por el ultraconservador y nacionalista Viktor Orbán, líder del Fidesz, todas las políticas de sus gobiernos han tenido un enfoque profamilia, que ha tratado de impulsar el rol de las mujeres como madres y esposas dentro del hogar. En 2022, la Unidad de Políticas de Mujeres, destinada a preparar propuestas legislativas relacionadas con la mujer, dependía del Departamento de Adopción y Políticas de Mujer, a su vez integrado en el Ministerio de Asuntos de Familia.

El Departamento tenía la misión de crear programas gubernamentales en los campos de la atención sanitaria, protección familiar y políticas profamilias, según describe el EIGE. A día de hoy, estas competencias han sido asumidas por Interior, que aglutina las competencias de sanidad, educación y asuntos sociales.

El desembarco de Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) al frente del Gobierno de Italia ha supuesto la restructuración del Ministerio de Igualdad de Oportunidades, una cartera que, desde su nacimiento en 1996, impulsaba las políticas relacionadas con Igualdad. Actualmente, el Departamento de Igualdad de Oportunidades está en manos de Eugenia Roccella, ministra sin cartera de Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades, que en última instancia depende de Meloni.

En un movimiento opuesto, la vuelta del líder de Plataforma Cívica, Donald Tusk como primer ministro de Polonia ha supuesto también la recuperación del ministerio de Igualdad después de ocho años de gobierno ultraconservador de Verdad y Justicia (PiS). En este caso, la defensa de los derechos de las mujeres supuso una de las principales razones por las que los electores apoyaron a Tusk en las urnas. Las mismas razones o precisamente las contrarias –poner tope a los avances feministas– podrían movilizar el voto en las elecciones europeas de junio de este año.

Un panorama político tan dispar se traduce en una cobertura irregular de los derechos de las mujeres en los diferentes Estados de la UE. Para asegurar un mínimo común entre los 27, se han impulsado en los últimos años normativas europeas con el objetivo de afianzar algunos avances en materia de igualdad de género. Histórica ha sido la creación en 2019 de una Comisaría de Igualdad –anteriormente dependiente de Justicia– que "ha tenido un fuerte impacto en la fortaleza de las medidas que se han propuesto" explica Rosales. Y continúa: "Este tipo de mecanismos institucionales nos sirven para poner estos temas encima de la mesa y que no se diluyan en competencias menores".

Ejemplo de ello es la Directiva sobre violencia de género impulsada desde la Comisión Europea, abunda Rosales. "Nos hemos chocado con falta de comprensión y problemas para priorizar el tema. Una configuración del Congreso dedicada a Igualdad ayudaría a que los temas siguieran en la agenda política". Todos estos avances se encuentran en el punto de mira de organizaciones feministas, que defienden la necesidad de afianzar y ampliar estas normativas para continuar.

"Hace 30 años nos decían que lo de violencia de género no se consideraría a nivel europeo porque la UE era para otros temas. Pero por fin se han dado cuenta de que no, de que la violencia contra las mujeres es un tema común que hay que trabajar de forma colectiva", subraya Rosales. Desde el Lobby Europeo de Mujeres asumen que los tiempos de los 27 son muy lentos, pero que lograr avances institucionales es, en realidad, una carrera de fondo.