Hablar de la agenda internacional de 2026 no es proyectar escenarios futuros, sino asumir la continuidad de un presente marcado por la desigualdad, la violencia y la incapacidad —cuando no la falta de voluntad— de los principales actores internacionales para cuestionar un orden global profundamente injusto. El mundo que entra en 2026 no lo hace desde la incertidumbre, sino desde la certeza de que las reglas que dicen sostener el sistema internacional se aplican de forma selectiva, beneficiando sistemáticamente a quienes concentran el poder político, económico y militar.

La crisis del multilateralismo no es un fallo técnico ni una consecuencia inevitable del cambio geopolítico, sino el resultado de decisiones políticas concretas. Las instituciones internacionales no han sido desbordadas por la realidad, sino vaciadas de contenido por los Estados, que las utilizan cuando sirven a sus intereses y las ignoran cuando representan un límite. En 2026, Naciones Unidas seguirá funcionando más como escenario retórico que como espacio efectivo de resolución de conflictos, mientras el derecho internacional se convierte en una herramienta de uso discrecional, especialmente cuando se trata de proteger a poblaciones civiles fuera del eje de intereses occidentales.

Las guerras prolongadas seguirán siendo el telón de fondo de la política internacional, pero no todas recibirán la misma atención ni generarán la misma indignación. La guerra en Ucrania continuará justificando una escalada militar que se presenta como inevitable, invisibilizando cualquier debate sobre soluciones diplomáticas y consolidando una economía de guerra que beneficia a la industria armamentística. La seguridad, entendida exclusivamente en términos militares, se impone como dogma incuestionable, mientras se recortan derechos sociales y se normaliza un discurso belicista que deja fuera cualquier análisis estructural del conflicto.

El caso de Gaza es aún más revelador. La absoluta impunidad con la que se cometen violaciones del derecho internacional humanitario ha terminado por desnudar la hipocresía de un sistema que se proclama defensor de los derechos humanos mientras legitima la violencia cuando esta es ejercida por aliados estratégicos. En 2026, el daño no será solo material o humano, sino político y moral: la pérdida de credibilidad de quienes pretenden erigirse en garantes de un orden basado en normas que ellos mismos incumplen.

Más allá de estos conflictos visibles, otros escenarios de violencia extrema seguirán siendo sistemáticamente ignorados. Sudán, el Sahel o Yemen no desaparecen de la agenda internacional por falta de gravedad, sino por ausencia de interés. Esta jerarquización del sufrimiento no es neutral: reproduce una visión del mundo en la que las vidas del Sur Global valen menos y donde la ayuda humanitaria se subordina a cálculos geopolíticos.

La rivalidad entre Estados Unidos y China continuará estructurando el sistema internacional, pero presentarla como una simple confrontación entre modelos oculta una realidad más compleja. Ambos actores compiten por influencia global sin cuestionar un modelo económico que profundiza las desigualdades y acelera la crisis climática. En este pulso, el Sur Global no es un sujeto político, sino un espacio de disputa, presionado para alinearse y privado de alternativas reales de desarrollo soberano.

En este contexto, la Unión Europea aparece atrapada en sus propias contradicciones. Mientras se reivindica como actor normativo y defensor de valores democráticos, en la práctica sigue subordinando su política exterior y de seguridad a los intereses de Estados Unidos. La llamada autonomía estratégica se diluye entre el aumento del gasto militar, la externalización de fronteras y la renuncia a una política exterior basada en la prevención de conflictos y la justicia global. La ampliación hacia el Este se utiliza como instrumento geopolítico, pero sin un compromiso real con la cohesión social ni con la transformación democrática de los territorios candidatos.

La gestión de las migraciones es, probablemente, el ámbito donde la deriva reaccionaria de la política europea resulta más evidente. En 2026, la movilidad humana seguirá siendo tratada como una amenaza, legitimando políticas de cierre de fronteras, devoluciones en caliente y acuerdos con regímenes autoritarios. Todo ello se hace en nombre de la seguridad, pero el resultado es una Europa que sacrifica derechos fundamentales y normaliza la muerte en sus fronteras como coste asumible de su estabilidad interna.

También la crisis climática continuará siendo instrumentalizada sin abordar sus causas estructurales. Los discursos oficiales hablarán de resiliencia y adaptación, mientras se evita cuestionar un modelo económico basado en el extractivismo y el crecimiento ilimitado. La securitización del clima permite desplazar la responsabilidad política y convertir las consecuencias —migraciones, conflictos, escasez— en problemas de control, en lugar de asumir la necesidad de una transformación ecosocial profunda.

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Todo ello se produce en un contexto de creciente autoritarismo y desgaste democrático. El avance de fuerzas reaccionarias no es una anomalía, sino la consecuencia de décadas de políticas neoliberales que han vaciado de contenido la democracia y han dejado amplias capas de la población fuera del contrato social. En 2026, la desinformación, el miedo y la polarización seguirán siendo herramientas eficaces para sostener proyectos políticos excluyentes.

La agenda internacional de 2026 no está escrita de antemano, pero las tendencias actuales apuntan a un escenario en el que las élites optan por gestionar el desorden en lugar de transformarlo. Desde una perspectiva de izquierdas, el verdadero desafío no es adaptarse a un mundo más militarizado y desigual, sino disputar el marco desde el que se define qué es seguridad, quién merece protección y qué modelo de relaciones internacionales queremos construir. Porque, en última instancia, no se trata solo de geopolítica, sino de justicia social a escala global.