Francia ha adelantado por la izquierda a España con su blindaje del derecho al aborto al haberlo incorporado a la Constitución. Quién lo iba a decir, siendo la presente la segunda legislatura con “el gobierno más progresista de nuestra democracia”, reza el mantra… Y una vez adelantado y en vísperas de las celebraciones por el 8-M, Sumar ha anunciado su intención de seguir los pasos del país vecino. No se puede negar que esta medida elevaría nuestra democracia a otro nivel, es un hecho, y expresar el deseo de hacerlo es positivo. La cuestión y lo que deja un sabor agridulce son los tiempos escogidos para el anuncio, absolutamente oportunistas buscando un golpe de efecto.

El blindaje constitucional del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Francia fue aprobado por la Asamblea Nacional el pasado mes de enero. Entonces, ya era seguro que esta medida se materializaría, convirtiendo al país galo en el primero del mundo en hacerlo, pero en España no se produjo un anuncio como el que ayer protagonizó Sumar, cuidando al máximo la escenografía.

La intención de la formación que lidera Yolanda Díaz escogió el día de ayer, en plena semana del 8-M y un día después del logro francés. La misma semana, además, que la propia Díaz caminaba por arenas movedizas al proponer el adelanto de cierre de la hostelería en lugar de apostar por aumentar las plantillas para que ningún trabajador/a extienda su jornada laboral más de ocho horas diarias. La misma semana que el IVA de la luz ha subido al 21%, penalizando a ese 26,6% de la población que vive en riesgo de pobreza, mientras el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), hablaba de bajar este impuesto para quienes comercian con arte.

El beneficio de la duda siempre es muy socorrido, qué duda cabe, pero cuando el cúmulo de supuestas casualidades es tan grande termina por tornarse en causalidad. El anuncio de ayer se me aparece más como un golpe de efecto que como una medida en la que realmente se vaya a remangar Sumar desde ya, a pesar de que, como encabezaba el artículo, es una medida absolutamente necesaria para que un derecho tan esencial no esté pendiendo siempre de un hilo amenazado por esta derecha retrógrada que nos ha tocado sufrir, aun con más caspa con el reciente nombramiento de Luis Argüello al frente del lobby católico.

Desterrar la palabra “disminuidos” de nuestra Carta Magna y sustituirla por “personas con discapacidad” ha costado dos legislaturas, el tiempo que han precisado PSOE y PP para ponerse de acuerdo en una cuestión tan básica y que, a priori, no está sujeta a debate (salvo para Vox, claro, que no apoyó la medida). Cuando al fin llegaron a acuerdo, en lugar de comparecer pidiendo disculpas por la demora injustificable, se pusieron ante los medios tirándose flores. Impresentable.

Si en una cuestión así nuestra clase política no estuvo a la altura, ¿de veras creen que en el momento actual de crispación y voladura de todos los puentes del parlamentarismo es viable trabajar por incorporar el derecho del aborto a nuestra Constitución? Es evidente que no y así lo ve la propia ministra de Igualdad Ana Redondo, lo que no es óbice para comenzar a batirse el cobre, claro está.

Sin embargo, hay tareas concretas sobre las que ya hay mucho trabajo por hacer, comenzando por el cumplimiento del derecho al aborto tal y como hoy está legislado. No se está cumpliendo. La mayor parte de los abortos practicados en España se realizan en clínicas privadas porque la Sanidad Pública no está dando el amparo que debiera y, cuando lo hace, muchas veces las mujeres han tenido que viajar cientos de kilómetros, cambiando de Comunidad Autónoma, porque en la suya no es posible.

Ha pasado un año desde la aprobación de la ley y seguimos sin contar con los registros obligatorios de sanitarios objetores de conciencia que se niegan a practicar abortos, algo esencial para poder gestionar y planificar el servicio. Es un modo de boicotear la legislación vigente, como también lo es que haya gobernantes populares, como Juan Manuel Moreno (PP) en Andalucía subvencionando con cientos de miles de euros a asociaciones antiabortistas, esas que coaccionan a las mujeres a las puertas de las clínicas justo cuando atraviesan uno de los momentos más duros de su vida.

Quizás, en el anuncio de Sumar faltó énfasis en esta problemática que nos hace un país menos libre, en esta vulneración de la ley, y éste es un punto que refuerza mi consideración del anuncio como un mero golpe de efecto. Trabajar por la incorporación del derecho a abortar en la Constitución es importante pero, hoy por hoy, más aún lo es por hacer cumplir la ley vigente. Si ni siquiera conseguimos eso, el blindaje constitucional de este derecho tendrá la misma valía que lo tiene el derecho a la vivienda. Papel mojado.