Desde que, el pasado junio, Donald Trump militarizó Los Ángeles alegando que vivía una "invasión y ocupación por inmigrantes indocumentados y criminales", el presidente norteamericano ha desplegado toda una retórica militarista, como si hubiera declarado una especie de guerra interna contra todos aquellos que no votaron por él en las últimas elecciones presidenciales. Así, ha desplegado a la Guardia Nacional en cinco bastiones demócratas: Los Ángeles, Memphis, Portland, Chicago y Washington. En la capital, desde que Trump declarara una emergencia de seguridad definiendo a la ciudad demócrata como "zona de guerra", la presencia de soldados armados ha cumplido, justamente este sábado, dos meses patrullando las calles.  

A pesar de que un juez ya declaró ilegal el despliegue en Los Ángeles, el gobierno no ha sufrido ninguna consecuencia visible, de modo que el presidente ha continuado empleando al ejército como herramienta para reprimir duramente las ciudades demócratas. Todas las urbes donde Trump ha enviado a la Guardia Nacional —o ha amenazado con hacerlo— son bastiones de la oposición. La semana pasada, durante una arenga belicista a cientos de generales convocados en Virginia, Trump animó a "utilizar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestros militares".

Desde el inicio de esta semana, Chicago se ha sumado a la lista de ciudades demócratas en donde Trump ha desplegado el ejército en contra de las autoridades locales, tanto de la alcaldía como del propio gobernador. Un patrón que el presidente estadounidense está replicando punto por punto, siguiendo la misma estrategia que ya usó en la militarización de Los Ángeles, que se ha vuelto un laboratorio para la justificación y el despliegue de la particular "guerra interna" del trumpismo contra la oposición.

Desde hace algo más de un mes, Chicago es víctima de la operación Midway Blitz, en la que el Departamento de Seguridad Nacional ha inundado las calles con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El operativo ha dejado escenas insólitas, como una redada en plena noche en un bloque de pisos con helicópteros Black Hawk que terminó con 130 personas —incluidos niños— maniatadas en la calle. A raíz de la agresividad de las acciones, muchos vecinos salieron a protestar, generándose disturbios en diferentes puntos de la ciudad, con agentes del ICE disparando contra diversos vehículos.

El mismo esquema que se repite en Chicago fue puesto en práctica en Los Ángeles con algunos meses de anterioridad. Antes de enviar a la Guardia Nacional a la capital californiana, Trump preparó el terreno: las semanas previas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió en tropel a los agentes de inmigración del ICE para que redoblaran las redadas en los barrios latinos. Los efectivos aplicaron un sesgo racial, intimidando a los residentes.

La detención del sindicalista de origen mexicano David Huerta mientras protestaba por una redada en una empresa textil del centro de la ciudad fue la gota que colmó el vaso y desencadenó importantes manifestaciones en el centro. El presidente siguió elevando la tensión, afirmando en un discurso desde el cuartel de Fort Bragg que "liberaría" a la capital californiana de la "invasión extranjera". Favoreciendo un clima propicio para, una vez que trascendieron las primeras imágenes de altercados, activar la militarización de Los Ángeles con más de 4.000 guardias nacionales y 700 marines.

En el caso de Portland, donde una jueza tiene suspendido por el momento el despliegue de la Guardia Nacional, las protestas en las inmediaciones de los centros de detención de migrantes han sido escasas. A pesar de ello, Trump no ha dudado en asegurar que la ciudad está "bajo asedio" de los activistas, señalando al movimiento antifascista —al que declaró organización terrorista— como el principal causante de la supuesta violencia. No podemos olvidar que Portland es la cuna de uno de los principales grupos antifascistas en Estados Unidos, Rose City Antifa.

Incluso la amenaza de arrestar a los líderes demócratas californianos —Trump planteó la idea de detener al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, si obstruía el trabajo de los agentes de inmigración— se está repitiendo en Chicago. Así, el propio Trump publicaba esta semana en su plataforma Truth Social: "¡El alcalde de Chicago debería ser encarcelado por fallar al proteger a los agentes de ICE! ¡El gobernador Pritzker también!". La amenaza llega en medio de los enfrentamientos con los líderes demócratas, quienes denuncian cómo Trump está convirtiendo la ciudad en la "zona de guerra" que tanto anuncia con sus agresivas redadas de inmigración. El propio gobernador de Illinois, JB Pritzker, denunciaba en una entrevista en televisión que la violencia de las redadas antimigración tenía como objetivo "crear un pretexto para traer tropas. Son ellos quienes crean esa zona de guerra".

La militarización de las ciudades demócratas es una estrategia por parte de Trump que va más allá de castigar a su oposición política y acaparar cada vez más poder. Tiene como objetivo volver a centrar la atención de las bases del trumpismo en los temas que más las vinculan a su figura, principalmente el autoritarismo y el nativismo antimigración. Persigue también ahuyentar la larga sombra del caso de Jeffrey Epstein, que todavía este martes, en la comisión judicial del Senado, seguía acorralando a Trump y a su administración.

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Guillermo Azábal (EFE)

Los ataques a las ciudades con poblaciones racialmente diversas (normalmente demócratas) ya fueron un tema recurrente en su campaña electoral de 2024. Asegurando, por ejemplo, que Filadelfia estaba destrozada por las matanzas, comparando a Detroit con un país en vías de desarrollo o afirmando que en Springfield los migrantes haitianos se comían las mascotas de la ciudad. Una forma clara de vincular la diversidad racial con el crimen, el peligro y el desorden. Pero ahora, un año después, estamos ante un salto cualitativo. Como afirma el gobernador de California, Gavin Newsom, nos encontramos ante "un abuso tal de poder y de la ley que corta la respiración. La Administración Trump está atacando el propio Estado de Derecho sin ningún tipo de ambages".

La base que esgrime la Casa Blanca para activar la militarización de las ciudades es una disposición del Código de Estados Unidos conocida como Ley de Insurrección. Un poder de emergencia que permite al presidente recurrir a soldados en activo y reservistas de la Guardia Nacional para restaurar el orden público en casos excepcionales. La última vez que un presidente recurrió a esta prerrogativa en contra de la voluntad del Estado fue a finales de los cincuenta del siglo pasado, durante el movimiento por los derechos civiles, cuando algunos Estados del sur se resistieron a poner fin a la segregación escolar, tal como habían ordenado los tribunales.

Hoy Trump recurre a la Ley de Insurrección contra el criterio de los tribunales, para reinstaurar la segregación racial, perseguir oponentes políticos y militarizar la sociedad. Y llevamos menos de un año del segundo mandato de Trump. Cuando termine esta legislatura, la pregunta es si tan siquiera quedará el nombre en la maltrecha democracia norteamericana.