El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán no quiere entrar en prisión. Es lógico, nadie quiere, sea culpable o inocente, aunque en su caso existe sentencia firme de culpabilidad. Después de que la Audiencia Provincial de Sevilla tuviera que 'achuchar' al socialista para entrar voluntariamente en prisión en un plazo máximo de diez días, Griñán sorprendió con el diagnóstico de un cáncer de próstata que, según alega, le impide entrar en prisión (qué importante es la prevención). ¿Qué hacemos con el resto de reclusos que padecen cáncer? ¿Los libertamos?

El último informe anual de Instituciones Penitenciaras, referido al año 2021, revela que la población reclusa en España dependiente de la Administración General del Estado -algunas Comunidades tienen competencias transferidas- roza las 46.000 personas, de las cuales únicamente 3.300 son mujeres. Si ahondamos en los datos estadísticos, se realizaron 91.860 consultas de atención especializada de las cuales 62.823 se atendieron en el interior de los centros penitenciarios.

El número de consultas oncológicas ascendió a 576, de las cuales 573 se realizaron en el exterior. No parece existir ningún problema a la hora de realizar salidas para acudir a sesiones de radioterapia, que sólo en el centro penitenciario Alicante 2 en 2021 se cifraron en 535. Analizando las cifras totales, en 2021 se produjeron 2.456 ingresos en hospitales públicos con un total de 14.846 días de ingreso y una frecuentación de 55,4 ingresos por cada mil internos y año, así como 2.446 altas con una estancia media de 6,0 días. Diariamente han estado ingresados un promedio de 40,7 internos. Además, a pesar del descenso de la población reclusa, el gasto farmacéutico se incrementó ligeramente un 1,53%, superando los 15,6 millones de euros.

Todos estos datos confirman lo que cabe esperar en un Estado de bienestar: a pesar de todas las mejoras que se pueden aplicar a nuestro sistema penitenciario -eso daría para otra columna-, la población reclusa es atendida sanitariamente. No parece, pues, que Griñán vaya a ser dejado a su suerte por ingresar en prisión como exige su condena. Utilizar la baza de la enfermedad para eludir la cárcel es tan comprensible como rechazable, salvo supuestos muy concretos.

El artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que “el Juez o Tribunal podrá acordar que la medida de prisión provisional del investigado o encausado se verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias, cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud”. Nadie quiere que ningún recluso, sea un expresidente y exministro o un ladrón de coches, vea peligrar su vida por pagar su deuda con la sociedad y caminar por la senda de la reinserción.

Imagino que cualquiera utilizaría todos los recursos a su alcance para no entrar en prisión, incluso el del indulto cuando se tienen buenos amigos entre quienes lo deciden. Griñán no es una excepción, aunque quizás, cabría esperar que lo fuera a la luz de cómo sus allegados presumen de su honorabilidad pese a la sentencia firme de culpabilidad. La actitud remolona de entrar en prisión, antes incluso de conocerse el diagnóstico, dice poco de quien más gala tendría que hacer de nuestro Estado de derecho después de haber destacado durante años en primera línea.

El escrutinio de la enfermedad debe ser exquisito -como tendría que serlo con cualquier otro preso, por otro lado-, de modo que se despeje cualquier tipo de duda o sospecha sobre un trato de favor. De poder tratarse convenientemente la enfermedad desde la cárcel, y la realidad es que en la actualidad se realizan tratamientos oncológicos con normalidad, Griñán tendría que cumplir su condena. El asunto, obviamente, es muy delicado, pero cualquiera con dos dedos de frente admitirá que tras la sucesión de acontecimientos andar con la mosca detrás de la oreja es tan comprensible como que Griñán reclame su no ingreso en prisión.

Del mismo modo y pese al abismo interior que pueda suponer padecer cáncer, su rechazo a entrar en prisión por ello sugiere que encarcelado recibirá peor atención sanitaria que en libertad, cuando no es así; no, al menos, en determinados casos y eso es lo que ha de quedar cristalino. Como servidor público y defensor de nuestras instituciones que un día fue, debería adoptar una actitud ejemplar y rechazar cualquier trato de favor.