Ceuta: una crisis política judicializada

El activismo político partidista de una parte de la judicatura se está convirtiendo peligrosamente en una gangrena para el Estado de derecho, la división de poderes y, en definitiva, la democracia. Los ejemplos se han multiplicado espectacularmente en estos últimos tiempos. La lista sería interminable, por lo que me voy a centrar en el caso que enuncia el título de este artículo. Cualquier persona medianamente informada conoce el episodio que culminó con la invasión de la ciudad de Ceuta de una multitud de entre 75.000 y 85.000 personas, de las que permanecieron entre 5.000 y 10.000, según las cifras facilitadas por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que hace suyas la jueza María Tardón.  

El llamado contencioso hispano-marroquí se ha acentuado con la incorporación del Reino de Marruecos como nación integrada en la comunidad internacional. Ceuta y Melilla se incorporaron, como parte de España, a la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea) en 1986. Suscribo la idea de que la insólita invasión por esa ingente masa de personas, el 30 y 31 de julio pasado, se gestó como una advertencia a España sobre los efectos de su política migratoria que, por otro lado, comparto íntegramente. No tiene mucho sentido identificar a los principales actores de la trama, pero no se descarta la intervención de Estados Unidos e Israel y la complacencia de muchos países socios de la Unión Europea, mucho más restrictivos en las políticas de extranjería.

En el pasado reciente se produjeron acontecimientos trágicos en la playa del Tarajal (8 febrero 2014) y en la valla de Melilla (2022), con numerosos muertos, debidos, en gran parte, a las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que fueron investigados en su momento,por los órganos judiciales territoriales y quedaron en la más absoluta impunidad. A nadie se le ocurrió dirigir un procedimiento penal contra los presidentes de los Gobiernos de turno. En la reciente invasión hubo también muchas muertes por ahogamiento de los que pretendían entrar a nado, pero no hay constancia de actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad que las hubiesen provocado. En definitiva, sucesos que junto con otras alteraciones del orden público y la evidencia de agresiones sexuales justifican actuaciones judiciales en el lugar, pero nunca la intervención de la Audiencia Nacional.   

Sorprendentemente, el día 7 de septiembre el Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción, plaza nº3, no por iniciativa propia, sino a instancia del partido político Iustitia Europa, que se dedica profesionalmente al ejercicio de la acción popular, preferentemente contra los partidos y organizaciones de izquierda, presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional por la posible comisión de delitos contra la paz y la independencia del Estado, la seguridad nacional y la soberanía de España por la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio. La denuncia también solicita que se investigue si la respuesta de las autoridades competentes fue adecuada ante una situación que afectó directamente a la seguridad de la frontera exterior española y de la Unión Europea. 

No tardaron en acudir en tropel los habituales querulantes (tendencia obsesiva o patológica a presentar denuncias) como las asociaciones Hazte Oír, Zeolandia, Libertad y Justicia, Ahora España y los partidos políticos Se Acabó la Fiesta, Vox y el Partido Popular. El Ministerio Fiscal también se ha personado en las actuaciones. Echo de menos a Manos Limpias. Al partido de Alvise Pérez se le acabó la fiesta al haber sido expulsado del procedimiento por esgrimir la "descabellada" idea de que la responsabilidad de lo sucedido correspondía al rey de Marruecos y su Gobierno.

A lo largo de mi dilatada vida profesional he leído multitud de resoluciones judiciales, pero ninguna de las características de la pieza confeccionada por la jueza María Tardón para asumir la competencia sobre lo sucedido en Ceuta y compartir la tesis de que ha podido cometerse un delito contra la paz y la independencia del Estado imputable a las autoridades españolas. El auto de 7 de septiembre, que por lo menos tiene una extensión razonable, me parece una mezcla de reportaje periodístico con unas dosis, más o menos justificadas, de citas legales y argumentos jurídicos.

Comienza con una descripción de los hechos que se ajusta al informe del CENIF, pero aprovecha el relato para introducir algunas cuñas que se han manejado en el debate político. Reproduzco parte de su texto: "El proceso de regularización extraordinaria recientemente finalizado en España que, si bien no puede considerarse como un factor de incidencia directa sobre esta entrada masiva... Si debe evaluarse como un factor concurrente de carácter secundario". Selecciona alguno de los cientos de miles de mensajes en las redes que por su contenido demuestran su irracionalidad. En uno de ellos se dice: "Hay que entrar en Ceuta y esconderse dentro hasta que se calmen los españoles". Metafísicamente imposible para una masa de 85.000 personas en una ciudad con 83.000 habitantes. 

Según el auto, las conductas objeto del procedimiento sin duda han atentado contra la "forma de Gobierno", ya que han supuesto un "ataque, una violación de la integridad territorial de España", lo que, además, encaja perfectamente en los supuestos de riesgo previstos en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, en la que se precisa: "Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, por su localización geográfica en el continente africano y por la especificidad de su frontera española y europea, requieren de una especial atención por parte de la Administración General del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos". Afirma que habrá que investigar hechos tales como "la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva".

La jueza sitúa en el primer lugar la posible calificación de los hechos como constitutivos de un delito que compromete la paz o la independencia del Estado del art. 590.1 inciso segundo del Código Penal, en el que se castiga al que "con actos ilegales o que no estén debidamente autorizados" expone "a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes", con diferente penalidad según el autor tenga o no la consideración de autoridad o funcionario público. Se trata de un delito que exige un dolo directo con la intención de actuar ilegalmente o de forma no autorizada. Sin perjuicio de las críticas que puedan realizarse a la articulación de las medidas de respuesta ante la masiva invasión, el elemento componente del delito no aparece por ningún lado. 

La peculiar forma en que se llevó a cabo la invasión (entrada de 85.000 personas, salida inmediata de la inmensa mayoría y permanencia de 10.000 según los datos policiales) se presentaba como una incidencia que se resolvió, en cierto modo, sin ocasionar consecuencias que alcanzasen una dimensión incalculable de grave riesgo para multitud de vidas.

No es difícil imaginar que la pieza secreta contiene informaciones que ya han sido conocidas por la opinión pública, como el intercambio de información previa entre el CNI (Defensa) y otros organismos oficiales (Interior). Cuestión política que queda al margen del derecho penal. ¿Cuáles hubieran sido las medidas adecuadas para evitar la avalancha? Se han escuchados propuestas demenciales como utilizar el Ejército ante esa situación concreta. 

La situación está en trance de normalización, pero ello no evita que formulemos críticas a la forma en que se ha llevado a cargo la información y la adopción de determinadas medidas. Este debate está abierto y los habitantes de Ceuta tienen no solo el derecho a la crítica, sino de orientar su voto el próximo 29 de noviembre. Por eso no entiendo cuál es la labor de la Audiencia Nacional persiguiendo la existencia de un delito contra la paz o la independencia del Estado que se atribuye a las autoridades y funcionarios del Gobierno de España. Como soy muy antiguo, me viene a la memoria el lema de la revista satírica, permitida por la dictadura, La Codorniz (la revista más audaz para el lector más inteligente). Amable lector, ¿en quién estamos pensando usted y yo?