La oposición tiene como función primera el control del Gobierno, la denuncia de lo que considera que es contrario al interés general -ideología mediante-o, por supuesto, de la corrupción cuando la haya. El problema de una oposición desnortada, siempre legítima, que mira más a sus intereses partidistas -los bocados que le dan otros partidos por la derecha en plena ola electoral- que a su labor de oposición, es la poca credibilidad que transmite. 

El PP que ganó por votos en las urnas en julio de 2023, pero no en el Congreso, sede de la soberanía nacional y la democracia parlamentaria que nos garantiza la representatividad, o así, sabe perfectamente lo que es gobernar y lo que es estar en la oposición. Al fin y al cabo, PSOE y PP se han turnado en La Moncloa desde que Franco murió en la cama, con una incursión de la UCD que se encargó de asfixiarse a sí misma con los jirones de sus rencillas internas, como buena coalición de partidos, y dio paso a un bipartidismo que parecía eterno. Todo se acaba.

Al PSOE le ha costado aprender que en estos tiempos, en España y fuera de ella, hay pocos partidos que gobiernen solos, pero a la fuerza, ahorcan (indultos, ley de amnistía, regularización de 500.000 inmigrantes,... ). El PP, pese a la experiencia de una mayoría precaria de Rajoy sostenida por Ciudadanos (¿se acuerdan?), todavía no ha gobernado España en coalición, solo con Vox en autonomías y para mal de todos/as. Las tendencias internacionales, el agujero democrático global, la desmemoria apuntalada por dejaciones sin disculpa o la desinformación abrumadora controlada por tecnócratas sin escrúpulos apuntan a que, más pronto que tarde, la ultraderecha entrará en el Poder Ejecutivo central de la mano de Feijóo (o de Ayuso). Ojalá me equivoque.

La decisión del PP de votar en contra de la revalorización de las pensiones, para dar la razón a Silvia Intxaurrondo una vez más, es poco comprensible se mire por dónde se mire, salvo si considerásemos que al PP le dan lo mismo diez millones de pensionistas y, sobre todo, que por aquí van los tiros, los damnificados de una España que crece muy desigualmente. Cuesta creerlo, pero revisando la hemeroteca e incluso cuando han gobernado con mayoría absoluta, los de Feijóo salen peor parados que aquel José Luis Rodríguez Zapatero que entregó su alma al diablo austericida en mayo de 2010 y firmó la derrota del PSOE en 2011 con Rubalcaba como candidato.

Para resumir, en 2018 el Gobierno de Rajoy había dejado la pensión media de jubilación en 1.090 euros y hoy es de más de 1.500 euros. O sea, si siguiera vigente la ley del PP, la pensión media apenas se habría incrementado 22 euros al mes. ¿Qué habría pasado si Feijóo y los suyos hubieran apoyado este martes el decreto del Ejecutivo con su revalorización de pensiones, su prórroga de entregas a cuenta para las comunidades, la supresión del pago de IRPF para los desempleados, la prórroga de la paralización de los desahucios para personas vulnerables o las ayudas a los afectados por la DANA y los incendios forestales del pasado verano, entre otras? Habría pasado que competir con Vox y su brutal desinformación sería hoy aun más complicado: los okupas, las paguitas, el negacionismo de la crisis climática,... Todo el relato falso de los fascistas se escurría por las páginas del decreto de medidas sociales del Gobierno y, en buena lógica democrática, nadie que no se vendiera a las manipulaciones ultras -vale para el PP y Junts- podría rechazar estas ayudas a los sectores más vulnerables, esos que siempre quedan en los márgenes de las cifras macroeconómicas.

Sí, informan ya de que las pensiones revalorizadas se aprobarán en solitario, diez millones son muchos votos, ya saben... El resto de la población dañada no sale a cuenta; nunca sale a cuenta para la (ultra)derecha -y pocas veces para el resto, la verdad-.