La semana pasada tuvo lugar la tan esperada -por una parte del Gobierno de España- XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos.  

Una RAN sin precedentes, en cuanto al preocupante halo de opacidad que la envolvió. Este fenómeno provocó incluso la queja por parte de la Asociación de la Prensa de Madrid y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España ante la exclusión de la presencia de medios de comunicación en esta cumbre.

Tampoco hubo declaraciones posteriores ni las habituales ruedas de prensa conjuntas. De cuanto allí aconteció solamente quedó constancia mediante una selección premeditada de imágenes y veintitrés páginas publicadas al finalizar la misma, cargadas de ditirambos, con un lenguaje meramente técnico y en las antípodas de las pretensiones de Marruecos.

En ese mismo contexto, el Ministro de Comercio marroquí declaró que "una España que se porta bien es un Marruecos que se porta bien". No supone una afirmación novedosa, dado que bien sabido es -y reiteradamente advertido por el Frente POLISARIO- que se trata del modus operandi de Marruecos a la hora de establecer, consolidar y abortar relaciones con los diferentes actores del escenario geopolítico internacional.

Sin embargo, y ante la evidencia, no es osado pensar que este sea el motivo principal por el que el Presidente del Gobierno de España siga sin reconducir, casi cuatro años después, el posicionamiento oficial respecto del Sahara Occidental.

Han sido innumerables las ocasiones en las que, de haber existido la voluntad para hacerlo, España hubiese podido volver a alinearse con lo establecido por el Derecho Internacional, defender los legítimos derechos del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia y, en definitiva, asumir -al fin- sus obligaciones legales.

Y es que, en relación con lo anterior, conviene recordar que España, cincuenta años después de la invasión marroquí del territorio y la posterior ocupación; medio siglo después de la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, sigue siendo la potencia administradora del territorio del Sahara Occidental.

Por este motivo, -aunque no podamos saber por cuánto tiempo más, habida cuenta de las recientes declaraciones realizadas por diferentes miembros del gobierno marroquí- el espacio aéreo saharaui todavía hoy se gestiona desde Canarias.

De este modo, en la semana en la que se conmemora el septuagésimo séptimo aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de Naciones Unidas; España ha optado, una vez más, por seleccionar aquellos derechos susceptibles de promoción y defensa. O más bien, escogerlos en función del sujeto concernido.

En este sentido, España sostuvo una posición vanguardista, determinada e indispensable ante el genocidio del pueblo palestino. Sin embargo, la actitud hostil mantenida ante todo lo relacionado con el Sahara Occidental hace evidente, todavía más con el paso del tiempo, la absoluta falta de coherencia ante situaciones análogas.

Una actitud que resulta pasmosa considerando que, en última instancia, supone una defensa a ultranza de una propuesta de tres folios jamás desarrollada, pese a las prácticamente dos décadas que han pasado desde su formulación.

No obstante, incluso tan desmesurado fervor se rinde ante la evidencia de la alarmante situación de los Derechos Humanos en Marruecos, y todavía más preocupante, por razones obvias, en los territorios ocupados del Sahara Occidental.

Con todo, ni el mayor de los ditirambos podrá eclipsar los legítimos derechos del pueblo del Sahara Occidental a la autodeterminación e independencia. No será posible porque el pueblo saharaui continuará resistiendo, tal y como lo ha hecho este medio siglo de ocupación.

Sin embargo, probablemente sea el momento de que los diferentes Gobiernos del Estado español lleven a cabo una valoración sosegada respecto de los riesgos, o en su caso, hipotéticos beneficios que lleva aparejados, para España, esta relación basada en la complacencia.

Sin lugar a dudas, la conclusión lógica de esa reflexión sea que un Sahara libre e independiente es el escenario más seguro para Canarias y la mayor garantía de estabilidad para la región.