Algunos comentaristas se han escandalizado ante mi afirmación de que nos encontramos ante lo que se podría denominar un golpe judicial contra el Estado de derecho. Les recomiendo la lectura de la obra emblemática de Curzio Malaparte titulada La técnica del golpe de Estado. Para hablar de golpe no es necesario bombardear el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile o invadir el Congreso de los Diputados disparando las metralletas a mansalva o sacar los tanques a la calle. El autor, a pesar de su militancia inicial, con el paso del tiempo abandonó el fascismo y alertó sobre la aparición de otros peligros emergentes en el mundo en que vivía, como la irresistible ascensión del nazismo que llegó al poder por vías electorales. 

La actividad militante de algunos jueces no está dirigida a cambiar la forma de gobierno, tarea imposible en un país integrado en la Unión Europea que tiene mecanismos para atajar los ataques, sino a desgastar y cercenar el libre y normal funcionamiento de determinadas instituciones y opciones políticas, indispensables para la separación de poderes y el pluralismo político. Sin duda, las resoluciones judiciales más semejantes a un golpe contra la división de poderes las podemos encontrar en las condenas a Juan Mari Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, y a Carme Forcadell, presidenta del Parlament, por ejercer las atribuciones intangibles que le atribuye la autonomía parlamentaria.

Todo comienza cuando en el mes de mayo de 2003 el Tribunal Supremo ordena al Parlamento Vasco disolver el grupo Sozialista Abertzaleak. Después de muchas vicisitudes procesales que estoy seguro de que aburrirían al lector, la Mesa y los letrados del Parlamento Vasco deciden que cualquier alteración de la composición de la Cámara le corresponde en exclusiva y en última instancia a la Presidencia. La Presidencia y la Mesa son exculpados al considerar el Tribunal Superior vasco que no hubo delito de desobediencia y que los actos juzgados estaban "dirigidos a salvaguardar la autonomía parlamentaria". Manos Limpias recurre el fallo y la Sala Segunda, por iniciativa de Marchena, sostiene, es cierto que con varios votos disidentes, que la invocación del principio de autonomía parlamentaria, como barrera frente al deber de acatamiento de las resoluciones judiciales, carece de fundamento. Desafío a mis colegas judiciales, a los constitucionalistas, a los políticos y los comentaristas a que esgriman una sola sentencia nacional, europea o internacional que justifique tal aberración democrática y constitucional.

Quizá sin saberlo, los cuatro fiscales que actuaron como acusación en el juicio contra los independentistas catalanes mantuvieron la tesis de Curzio Malaparte y sostuvieron, sin rubor, que una hoja de ruta votada en el Parlament y desarrollada en actos tan inequívocamente democráticos como una votación era la versión actualizada de una rebelión del siglo XXI. Tan imaginativa tesis fue desautorizada por la sala sentenciadora, que solo estimó la existencia de una alteración del orden público en la modalidad de sedición. La presidenta del Parlament fue condenada por defender la soberanía de la Cámara.

El golpe judicial dirigido a minar la legitimidad democrática del partido político Podemos supera todos los límites estadísticos conocidos en un país democrático. Su sola enumeración desborda la extensión admisible en un artículo periodístico. Voy a destacar solo algunos de los procesos abiertos, prologados en el tiempo con el consiguiente impacto en la opinión pública. Terminaron archivados, lo que acrecienta la colaboración judicial en esta tarea de sospechas y desprestigios. Iniciar un proceso penal para investigar una posible financiación ilegal de un partido político es una opción judicial perfectamente justificable y hasta exigible. Mantener el caso Neurona (financiación de Podemos) abierto innecesariamente a pesar de la evidente falsedad de los elementos probatorios que manejaba el juez, transciende de la función judicial y entra de lleno en la actividad política. Pero algunas veces, lo que parece nimio adquiere un especial relieve. Me refiero al caso Niñera, abierto contra Irene Montero porque su hija, a la que llevaba permanentemente a su lado, era cuidada esporádicamente por personas de su gabinete. Elevar esta incidencia a la categoría de delito de malversación de caudales públicos retrata al juez que decidió incoar el proceso penal. Ada Colau acumuló cerca de diez querellas por asuntos relacionados con la municipalización del Servicio de Aguas o asuntos urbanísticos.

En mi opinión, el atropello más grave contra la soberanía popular y la división de poderes se produjo cuando se privó del escaño al diputado canario Alberto Rodríguez, acusado de haber propinado una patada (año 2014) a un policía durante una protesta contra la presencia del ministro de Educación. El asunto estuvo retenido en una gaveta durante siete años. Se desempolvó mágicamente en 2021. La Sala Segunda del Tribunal Supremo le condenó como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad a la pena de un mes y 15 días de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por imperativo legal, la pena de prisión se sustituye por una multa de 90 días, que no lleva aparejada la privación de la condición de parlamentario. En un ejercicio de prestidigitación al que nos tiene acostumbrados la Sala Segunda del Tribunal Supremo, maltrata la gramática española y considera que, si una cosa sustituye a otra, la sustituida permanece incólume y viva. Me encomiendo a la RAE. Ahora bien, para consumar este dislate se contó con la cooperación necesaria de la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que hizo dejación de sus responsabilidades parlamentarias.

Estamos viviendo momentos turbulentos. El expresidente Aznar ha hecho un llamamiento para que todos, incluida la judicatura partidista, participen en la lucha para derrocar al Gobierno, atacando por todos los frentes a Pedro Sánchez, el único "dictador" en el mundo que soporta hasta el insulto sin tomar medidas contra sus opositores. Ha soportado la invasión de la sede del Poder Ejecutivo, con el aplauso unánime de los guardianes de las esencias, por un juez que toma decisiones que hacen dudar de su capacidad profesional. La ofensiva ataca por los flancos sensibles de su mujer y su hermano, y ya se han cobrado, de momento, la pieza del fiscal general del Estado, con una condena de la que desconocemos sus fundamentos, aunque ha servido para la movilización callejera al margen de las medidas parlamentarias propias de una sociedad democrática que se respete a sí misma.     

Ya he escrito largo y tendido sobre estos asuntos y no me voy a extender más. Una última sugerencia a mis colegas. Si alguna vez tenéis la tentación de convertiros en legisladores, no arrastréis las togas por el barro de la calle. Colgarlas y dedicaros, sin disfraz alguno, a la confrontación política.