En el último mes la industria pesada ha llenado titulares por su complicidad con guerras y genocidios a través de la financiación, el suministro de materiales y distintos negocios. Afortunadamente, la justicia ha empezado a actuar: las empresas están yendo a juicio por ello, y la movilización social es clave para que respondan por sus actos.

El presidente y dos directivos de Sidenor se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional por posibles delitos de contrabando y complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio. El motivo: la venta de acero a una empresa de armamento israelí, con conocimiento de causa, sin haber solicitado la autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente. La investigación se abrió gracias a la querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, y estuvo precedida de múltiples movilizaciones populares para parar los envíos de acero hacia Israel y de presiones de sindicatos para lograr el cese de relaciones de la empresa. Además, las trabajadoras de la empresa han contribuido en la denuncia pública y en impedir la actividad delictiva, por lo que se les protegerá en el proceso y no se verán afectadas. No es la única industria pesada en el banquillo: la cementera Lafarge está acusada de financiar el terrorismo en Siria para mantener la actividad de su planta en el país, y hasta el 16 de diciembre se celebrará el juicio contra la empresa y ocho personas acusadas.

La complicidad de estas empresas industriales y su rédito de la guerra no es un caso aislado ni una excepción: hay muchas que siguen haciéndolo sin consecuencias. Recientemente, una investigación de El País, SIRAJ y The New Arab, revela que la industria del acero, que busca aumentar su circularidad mediante el uso de chatarra, se alimenta de restos procedentes de conflictos bélicos en Siria, Libia o Ucrania. Tanto de recogida de desechos por personas afectadas por las guerras, como de desmantelamiento de infraestructuras y pillaje, la chatarra llega a Turquía y se transforma en acero que se comercializa por Europa y Oriente Próximo. Esta actividad financia conflictos, exacerba abusos de derechos humanos y causa daños ambientales y sociales en los territorios afectados.

Y mientras industrias pesadas (acero, cemento) se vinculan más o menos abiertamente con el negocio de la guerra, hay un sector que basa en ella su actividad y que sigue recibiendo dinero público. El apoyo a la industria militar está en auge en Europa ahora que el rearme se anuncia como solución para la reindustrialización, y el gobierno estatal va a financiar con 14.223,85 millones de euros 30 Programas Especiales para Defensa. El Ministerio de Industria y Turismo ya ha aprobado la prefinanciación al 0% de interés de este dinero que recibirán principalmente Indra, Airbus y Navantia.

Desde los movimientos sociales nada es ajeno, y desde luego no el sector industrial, con importantes conexiones con la justicia social y ambiental. Cada vez somos más los que reclamamos que no puede construirse sobre la guerra y la muerte: el movimiento BDS, sindicatos, grupos antirracistas y decoloniales, movimientos antimilitaristas, colectivos ecologistas y feministas… Es el momento de impulsar estas reivindicaciones y movilizarse por una industria justa que sirva para cubrir las necesidades de una vida digna para todas. El juicio de Sidenor demuestra que la movilización social funciona y que podemos organizarnos para reclamar una industria a favor de la vida, y no en contra.