La semana pasada conocíamos que Bruselas avisaba de que la crisis de vivienda amenaza a la economía española. La Comisión Europea considera que la falta de vivienda asequible puede lastrar el crecimiento económico.  

“La escasez de viviendas y su efecto en el precio de la vivienda repercute en la renta disponible de hogares y representa un reto, especialmente para las familias con rentas bajas y los jóvenes”, recoge el informe elaborado por la Comisión Europea sobre la situación habitacional de España, que introduce recomendaciones concretas basadas en aumentar la oferta y reforzar la misma con viviendas sociales y asequibles. El informe también señala como amenaza la demanda de viviendas turísticas que se detraen del mercado residencial.

En paralelo, el Banco Central Europea ha vuelto a anunciar la bajada de los tipos de interés y, sin embargo, este abaratamiento del precio de las hipotecas no se traduce en una mayor asequibilidad en las compras de viviendas, ya que aunque las hipotecas están más baratas, el precio de las casas es más caro.

En medio de este coctel perfecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunciaba la semana pasada en el marco de la Conferencia de Presidentes un Pacto de Estado por la vivienda social con el objetivo de triplicar la inversión en vivienda, destinando cerca de 7.000 millones de euros a promover vivienda social con dos condiciones: que las comunidades autónomas aporten más financiación (en torno al 40%) y que garanticen que la calificación de la vivienda de Protección Oficial sea permanente, algo que a día de hoy no sucede en muchas regiones. En Madrid, de hecho, se jactan de ello.

También se anunciaba la pretensión de acabar con el monopolio informativo que grandes portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa ostentan con la evidente capacidad de alterar, al alza, el precio del mercado. Para ello, se anunciaba la creación de una base de datos pública y conjunta elaborada por las comunidades autónomas y el Estado. Porque, aunque suene alucinante, sí, hasta la fecha, los datos los maneja y los controla el propio mercado inmobiliario.

Parece lógico plantear que la vivienda pública que se construya con nuestros impuestos siga siendo pública y no pueda ser privatizada pasado cierto tiempo. De hecho, aunque parezca de Perogrullo este es uno de los problemas de fondo que explican el exiguo parque público con el que contamos. Y es que en nuestro país históricamente se han construido casi dos millones y medio de viviendas públicas que pasado un tiempo han sido descalificadas y vendidas en el mercado libre; ya sea a particulares, bancos o fondos de inversión, es decir, privatizadas, situándonos actualmente a la cola europea en el número de viviendas sociales por habitante. Y de aquellos polvos estos lodos.

Conviene recordar que el planteamiento de blindar a perpetuidad la calificación permanente de VPO ya estaba incluido en la Ley de Vivienda, pero fue a principios de año cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional que esto pudiera determinarlo el Estado, considerando que deben ser las comunidades autónomas quienes lo hagan en tanto que son las que tienen las competencias exclusivas en materia de vivienda.

Y conviene recordar también que en este “Pacto de Estado” lo único que se está proponiendo es que las promociones de vivienda social que se edifiquen con dicha financiación serán las que deberán tener la calificación permanente de vivienda pública, pero, en ningún caso, se está exigiendo a las autonomías que cambien su normativa para que hagan perpetua toda su vivienda de protección oficial. Es llegados a este punto cuando yo me pregunto y, ¿por qué no?

Hasta ahora los Planes Estatales de Vivienda de estas características han contado siempre con el consenso necesario (se pueden imaginar cómo eran), pero este Pacto de Estado, visto el numerito de Ayuso del pasado viernes no parece que este plan vaya a prosperar. Para ello sería necesario que los gobiernos autonómicos alineados con la especulación se divorciasen de ella. Y yo, si tuviese que apostar, no lo haría.

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Gerard Fagera

Romper el matrimonio especulativo que algunos gobiernos autonómicos del PP y VOX mantienen con el lobby del rentismo y la patronal inmobiliaria suena hoy tan improbable como pedirle un milagro a la virgen de Lourdes. Y, sin embargo, esa ruptura es condición necesaria para llegar al 9% de vivienda social que tienen de media los países europeos de nuestro entorno.

Por su parte, los portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa hablan de “ignorancia inmobiliaria” para denunciar la propuesta del Ejecutivo. Se ve que quieren seguir siendo ellos los que parten y reparten en esto de determinar los precios de la vivienda y seguir inflándolos como ya sancionó la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia.

Con este panorama, y a pesar de que proponer invertir más en vivienda pública —que esta lo sea a perpetuidad— y poner fin al monopolio informativo de quienes manipulan la información del mercado inmobiliario suena bien, mucho me temo que este será otros de los grandilocuentes anuncios de este Gobierno que, a medio y largo plazo, generan más frustración que otra cosa. Ojalá me equivoque.