Donald Trump no ha conseguido poner punto final a la guerra de Ucrania -como prometió hacer nada más asumir el cargo- ni, de momento, parece tener ningún control sobre un Netanyahu dispuesto a incendiar Oriente Próximo como garantía para su permanencia en el poder.

Mientras continúa negociando las relaciones comerciales de su país con actores internacionales como China y la propia Unión Europea, a base de presiones y chantajes arancelarios, la economía norteamericana sufre las consecuencias de su abrupto y errático intento por controlar el déficit comercial y de la incertidumbre que sus anuncios generan en los mercados internacionales. Tanto en materia económica como de política exterior, Trump lo está haciendo mal, sin paliativos, y eso se refleja en la caída de su popularidad en el primer trimestre de su mandato.

Mientras tribunales federales intentan parar sus iniciativas en materia de política arancelaria, de eliminación de las políticas DEI (diversidad, equidad e inclusión), de supresión de servicios públicos y de persecución de migrantes, distintas ciudades del país organizan marchas y manifestaciones contra un presidente que, como pudo verse el pasado martes en Fort Bragg, empieza a escenificar su poder haciéndose acompañar de soldados y militares adeptos que jalean sus mentiras y bravuconerías de un modo cada vez más amenazante.

Trump procura arrogarse el apoyo del Ejército hasta el punto de hacer coincidir la celebración de su 79 cumpleaños con un desfile militar en Washington DC al cierre de una semana en la que comenzó ordenando el despliegue de la Guardia Nacional para contener las protestas contra las deportaciones en la ciudad de Los Ángeles. Ni la oposición del gobernador demócrata Gavin Newson, ni el aumento del número de convocatorias -un total de 1.800- contra la deriva autoritaria de un presidente que intenta hacer saltar las costuras del sistema político norteamericano para adaptarlo a sus ambición y delirio cesarista, han logrado de momento contenerle.

La violencia política aumenta en Estados Unidos. La represión de la protesta, la detención de cargos públicos y los atentados contra congresistas y senadores demócratas en los últimos días, mandan señales inequívocas de que el país se desliza por una pendiente que aleja su sistema político de los estándares democráticos de los que un día -a pesar de sus muchísimas sombras- EEUU se jactaba.

En este contexto, resulta del mayor interés que plataformas como Indivisible hayan apostado por aglutinar el movimiento ciudadano que trata de contener el autoritarismo de Trump bajo la divisa "No Kings". Podrían haber optado por tildar a Trump de dictador, pero al invocar la idea de la monarquía se intenta apelar a un imaginario profundamente arraigado en un país nacido como república. Se trata de ir más allá de la defensa de la democracia; se trata de presentar a Trump y a su familia  como los auténticos enemigos del pueblo norteamericano. 

De esa manera, "No Kings" apela a la defensa cerrada de la soberanía popular, de la esencia y la historia republicana estadounidense. Plantea una superación de las diferencias entre republicanos y demócratas instigadas desde su primer mandato por Donald Trump y formula una denuncia que seguidores del actual presidente pueden terminar por hacer suya. Lo cierto es que hay sectores de su electorado y de su fandom que le admiran como el empresario corrupto, el racista machista y mentiroso que es, pero que pueden no aceptar sus ínfulas cesaristas en un país que se fundó contra Jorge III y el principio de "el rey en el parlamento". Cuando las colonias iniciaron su guerra de independencia en 1775 lo hicieron porque se sintieron ninguneadas por el parlamento y abandonadas por su rey. Desde que esa ruptura se produjo a finales del siglo XVIII, la soberanía popular ha cimentado y mantenido a unos Estados Unidos que, el año próximo, cumplirán 250 años de historia republicana salvo que Trump consiga hacer virar su democracia federal hacia una suerte de autocracia de resabios cesaristas.

Mientras los norteamericanos deciden si preservan su república como condición indispensable para el mantenimiento de la democracia, en España "celebraremos" esta semana que hace once años que Felipe VI es rey. Y lo haremos en medio de un nuevo jalón en la crisis del bipartidismo que se abrió hace más de tres lustros. Cuando al inicio de la década anterior amplios sectores de la sociedad española protestaron la ausencia de representatividad de nuestro sistema político, ya lo hicieron señalando que acusaba altos niveles de una corrupción que es tan difícil de desvincular de la existencia misma de la monarquía como de las dinámicas de gobernanza propias del bipartidismo. 

Quince años más tarde aquí seguimos. Con un gobierno en suspenso, un PP y un PSOE que coleccionan "casos" y "tramas", que implican como corruptoras a las mismas empresas de antaño: a las oligarquías de siempre. De fondo, rendimos pleitesía a un monarca por el que en Madrid Díaz Ayuso y Martínez Almeida han convocado una carrera popular para tapar sus políticas contrarias a los intereses de las mayorías sociales y sus corrupciones, una vez más, al grito de "Viva el rey". 

Y nosotras, mientras tanto, erre que erre: sin reyes y con la democracia. "Hasta que se vayan".