Por supuesto, no me estoy refiriendo al continente americano, sino a los Estados Unidos de Norteamérica, también conocido por sus siglas USA. Su Constitución (1787) tiene una estructura peculiar. El cuerpo principal se dedica a regular la estructura de los tres poderes: Legislativo (Congreso y Senado), Ejecutivo y Judicial. Con posterioridad (1791) se incorporaron las diez primeras enmiendas entre las que destaca la famosa primera enmienda que proclama la libertad de expresión y la novena en la que se reconoce que todos los derechos que no estén expresamente negados por la Constitución pertenecen al pueblo. La Enmienda XIII, que tiene su origen en la guerra civil, establece la abolición de la esclavitud y se aprueba en 1865 después de la derrota de los confederados. 

Se han encadenado sucesivas enmiendas hasta la más reciente, la número XXVII, que fue ratificada en 1992. La que en estos momentos está jugando un papel decisivo contra la política migratoria es la Enmienda XIV, en la que se establece que no solo los ciudadanos estadounidenses, sino también cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales, gozarán de la protección de las leyes en condiciones de igualdad.   

El sistema judicial estadounidense es sin duda el más conocido del mundo, a través de su potente industria cinematográfica. Recuerdo Testigo de cargo, del genial Billy Wilder y el inconmensurable Charles Laughton o Matar a un ruiseñor, dirigida por Robert Mulligan y maravillosamente interpretada por Gregory Peck, que defiende a un hombre negro acusado de violación por la Fiscalía, los medios y la sociedad, que ya había dictado su veredicto condenatorio. La película Los jueces de la ley (1983) interpretada por Michael Douglas, puede ser premonitoria de lo que estamos viviendo en la actualidad. Ante un clima de violencia real, o desorbitada por los medios de comunicación, que se vive en Los Ángeles, un grupo de jueces (podrían ser también políticos o magnates de la industria y las finanzas) deciden formar una especie de sociedad secreta para dictar sentencias condenatorias que se encargan de ejecutar sicarios. Una lectura alternativa y actualizada nos la ofrece la imagen de unos políticos y magnates que han decidido aplicar torticeramente las leyes para evitar la intervención y control de los jueces.   

En plena ofensiva del presidente Trump contra los principios básicos de la democracia y las reglas del derecho internacional, comienzan a surgir nombres de jueces que se enfrentan, en defensa de la legalidad y los derechos civiles, a las decisiones arbitrarias del inquilino de la Casa Blanca. Recordemos al juez que tiene en sus manos el caso de mayor relevancia política nacional e internacional. Se trata del juez Alvin Hellerstein, juez federal estadounidense de 92 años y titular del Juzgado del Distrito Sur de Nueva York que podríamos considerar, con todas las salvedades, como una especie de Audiencia Nacional, que maneja casos de gran complejidad y trascendencia y que tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de Nicolás Maduro. Se ha ganado fama de independiente y riguroso, por lo que ya ha suscitado preocupación en el entorno presidencial, que ha puesto en marcha una campaña de desprestigio poniendo en duda su capacidad para resolver este caso dada su edad. Esperamos con interés su decisión, que podría trastocar el programa expansionista de Trump, que pasa, de momento, por Cuba, Groenlandia e incluso Canadá.  

La Administración estadounidense no contaba con el impacto emocional, nacional y mundial del caso del secuestro de un niño ecuatoriano de cinco años y la detención de su padre en Minnesota, trasladándolos a Texas bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para su expulsión. Las autoridades ecuatorianas solicitaron a Estados Unidos detalles oficiales sobre su situación. El juez federal estadounidense de San Antonio (Texas), Fred Biery, dictó una resolución que, confieso, me ha emocionado. Ordenó que cualquier deportación o traslado del niño y de su padre "quedaba suspendida inmediatamente hasta nueva orden de este tribunal". Los argumentos que esgrime denotan sus profundas convicciones democráticas y una gran dosis de valor para enfrentarse a un personaje con evidentes signos de perturbación mental, que, con el apoyo de algunos magnates de la economía, dirigen hacia el abismo la política estadounidense y el orden político mundial.

Hay pasajes en su resolución que elevan y dignifican la función judicial como garante de los derechos de los desvalidos. Reproduzco partes de su contenido: "El caso tiene su origen en la estrategia gubernamental mal concebida e incompetente de establecer cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si eso requiere traumatizar a niños". "También es aparente la ignorancia del Gobierno sobre un documento histórico estadounidense llamado la Declaración de Independencia", añade, sugiriendo que las medidas del Gobierno de Trump reflejan aquellas que el autor y futuro presidente Thomas Jefferson enumeró como quejas contra el rey Jorge de Inglaterra. Reprocha que "ha enviado enjambres de agentes para hostigar a nuestro pueblo" y "ha excitado insurrecciones internas entre nosotros".  

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans ha rechazado la decisión del presidente Donald Trump de invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798 para enviar a venezolanos considerados como pandilleros a la cárcel de máxima seguridad de Bukele en El Salvador. Leslie Southwick, una de las juezas del tribunal, reconoce que la ley otorga al Ejecutivo amplios poderes para detener y deportar ciudadanos de naciones extranjeras hostiles, pero solo en tiempos de guerra o durante una "invasión o incursión depredadora". El único voto disidente fue el de una jueza nombrada por Trump. De momento, el Tribunal Supremo ha aceptado la paralización temporal. 

El juez federal de Seattle, John Coughenour, emitió una orden de restricción temporal para impedir la aplicación de un decreto del presidente. "Es una orden descaradamente inconstitucional", le espetó el juez al abogado del Departamento de Justicia que defendía la decisión. La orden ejecutiva busca evitar que los niños nacidos en EEUU cuyos padres sean indocumentados o tengan visas temporales puedan gozar automáticamente de la ciudadanía de ese país. 

Nos queda, como última barrera, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Uno de sus jueces más prestigiosos, Earl Warren (conocido por su informe sobre el asesinato de Kennedy), no dudaba que los principios eran lo más importantes de una democracia. Incluso Ronald Reagan, en su campaña electoral, prometió nombrar jueces fieles a la separación de poderes y a la Constitución. Había que reemplazar a los jueces activistas que estaban usurpando el poder que pertenecía al pueblo. A veces toman decisiones carentes de capacidad de persuasión, sin rigor, racionalidad ni motivación alguna. 

Creo firmemente que la mayor parte de la sociedad estadounidense conserva los antígenos necesarios para atajar la gangrena que ha inoculado el trumpismo en la que fue la primera democracia de la historia. Nos esperan las elecciones de medio mandato en noviembre de este año. Son muchas las incógnitas que nos asaltan y sabemos que los usurpadores de los valores democráticos jugarán todas las estratagemas posibles para dificultarlas o hacerlas imposibles. Mientras tanto, como le dijo el molinero de Potsdam al Kaiser que había destruido su molino, ¡todavía quedan algunos jueces en Norteamérica!