Cuando la UE desinforma y persigue periodistas

“Estoy siendo vigilado por la policía y por los servicios secretos”, me dice Hüseyin desde Berlín. Teme que, en cualquier momento, se lo lleven detenido. Hüseyin es un periodista nacido en Alemania, director de Red Media, un canal de noticias que ha decidido cerrar esta semana ante el acoso y la campaña de criminalización que las autoridades alemanas, varios medios de comunicación y hasta un sindicato de periodistas alemán, han emprendido contra él y contra el medio que dirige.

Hace ya unos cuantos meses que me comentó que algunos periodistas alemanes iban tras él y tras Red Media por la cobertura que estaba haciendo del genocidio en Palestina. El medio no oculta su ideología: es marcadamente izquierdista, antiimperialista, antifascista y propalestino. No hay más que echar un ojo a su web. Realiza una gran cobertura de numerosas movilizaciones sociales en todo el planeta, y, desde el inicio de la agresión israelí contra Gaza, ha puesto una especial atención al asunto. “Esa es la principal razón por la que nos persiguen”, sugiere Hüseyin.

Porque informar sobre Palestina desde Alemania, sin acariciarle el lomo a Israel, no es nada fácil. Existe un cierre de filas general de la prensa con la postura cómplice y acrítica del Estado alemán con el sionismo, y cualquiera que se salga del redil corre el riesgo de ser acusado de antisemita o de apoyar el terrorismo. La excusa de la responsabilidad alemana en el Holocausto sirve a sus líderes para justificar cualquier cosa que haga Israel. A pesar de que haya muchos judíos descendientes de víctimas de los nazis que participen de las protestas por Palestina que la policía reprime con extrema dureza.

Y es que ni las autoridades ni los medios de comunicación generalistas recogen la verdadera opinión de los alemanes sobre el conflicto. Una encuesta del año pasado afirmaba que el 69% de los alemanes veía injustificada la ofensiva israelí en Gaza, por mucho que en el Parlamento alemán y en la mayoría de medios se aplauda.

Ayer martes a mediodía, el Consejo de la Unión Europea emitía un nuevo reglamento de ejecución por el que se anunciaba la adopción de medidas restrictivas contra diversas personas, “habida cuenta de las actividades desestabilizadoras de Rusia”. Entre las personas mencionadas se encuentra Hüseyin y Red Media, a los que acusan de “apoyar acciones del Gobierno de la Federación de Rusia que menoscaban o amenazan la estabilidad y la seguridad en la Unión”, sin aportar ninguna muestra de ello. “La UE nos persigue y sanciona porque les dimos a los palestinos una plataforma, a la que acusan de ser desinformación rusa para criminalizar las voces disidentes”, me remarca Hüseyin en nuestra conversación. “Socavamos o amenazamos la estabilidad y la seguridad de la Unión y de uno o varios de sus Estados miembros”, dicen.

Así lo confirma la propia resolución de la UE, cuya justificación en el caso de Red Media es un copia-pega de la narrativa de varios periodistas alemanes y del sindicato DJU contra este medio, afirma Hüseyin. Red Media explicaba así cómo se había construido este bulo, y la gravedad de la connivencia entre políticos y periodistas, para llegar hasta donde hoy ha llegado: su cierre y su persecución personal.

“Todo comenzó con un artículo de Tagesspiegel que especulaba que red.media era un sucesor de la plataforma digital financiada por Rusia, Redfish— sin la más mínima prueba concreta y basándose únicamente en las conexiones profesionales de algunas personas. Esta especulación fue luego repetida como un hecho en una declaración oficial del entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, citando directamente (y solo) a Tagesspiegel como fuente, a pesar de que el material fuente no contenía evidencia alguna. Luego, Tagesspiegel cubrió eufóricamente la declaración de Blinken; su afirmación original sin fundamento había sido recogida y reciclada como “hecho” por el simple acto de ser pronunciada por uno de los políticos más poderosos del mundo, cómplice del genocidio en Palestina. Pero el hecho seguía siendo el mismo: no había evidencia.”

Red Media, como cualquier otro medio de comunicación, ha entrevistado a quien ha considerado oportuno, y, en este caso, a representantes de varias de las organizaciones que combaten hoy contra Israel en su territorio. Hamás es una de ellas. Hay que remarcar que la audiencia de Red Media es internacional, y tiene un gran seguimiento en los países del Sur Global. Este ejercicio periodístico es señalado a conveniencia para trazar una relación casi orgánica entre esta organización y el medio que la entrevista. Y parece suficiente para ser sancionado. Así lo recoge la resolución que publicó ayer la UE: “RED ha hecho uso de sus plataformas de comunicación —en las que a menudo publica como “redstreamnet” o “thered.stream”— para difundir sistemáticamente información falsa sobre asuntos políticamente polémicos”, afirma sin aportar ni un solo ejemplo de ello. Y añade: “con la intención de sembrar discordia por motivos étnicos, políticos y religiosos entre su público objetivo, predominantemente alemán, difundiendo, entre otras cosas, el discurso de grupos terroristas islamistas como Hamás.”

Es decir, acusan al medio de sembrar discordia por motivos étnicos y religiosos haciendo referencia a su cobertura del conflicto en Palestina. Es decir, los están acusando indirectamente de antisemitas. Y de nuevo, sin aportar ni una sola prueba, relacionando perversamente la crítica a Israel con el antisemitismo. Y por si no fuera suficiente, afean a un medio de comunicación que entreviste a una de las partes que hoy combaten en el conflicto, relacionando su narrativa con el discurso de Hamás.

Es más, el escrito de la UE señala también la cobertura en exclusiva que hizo el medio de una protesta en una universidad alemana en apoyo a Palestina: "Durante la ocupación violenta de una universidad alemana por parte de un grupo de alborotadores antiisraelís, el personal de RED se coordinó con los ocupadores para difundir imágenes de sus actos de vandalismo —incluido el uso de símbolos de Hamás— a través de sus canales en línea, ofreciéndoles así una plataforma mediática exclusiva que facilitan la naturaleza violenta de la protesta.”

Cualquier periodista sabe que el mensaje que deja esta acusación va en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Se está criminalizando la cobertura de una acción de protesta. Se está señalando una exclusiva periodística como un delito. ¿Va a decidir la UE qué se puede noticiar y cómo? ¿A quién se puede entrevistar y a quién no? ¿se puede acusar a cualquier medio de estar al servicio de una potencia extranjera, de promover la desinformación, sin aportar ninguna prueba de ello? Si esto no pone en guardia al gremio y a las asociaciones de prensa europeas, el problema es todavía mayor.

Quizás porque el tema propalestino no es suficiente para perseguir al medio y a su director, la campaña de criminalización ha decidido añadir un poco de salsa al asunto para justificarlo. El comodín es decir que tiene vínculos con Rusia y que sirve a sus intereses. De nuevo, ni se aporta prueba alguna de ello, ni siquiera se pregunta al medio o a su director sobre su postura sobre la invasión de Ucrania. Algo más grave incluso: la sección alemana de Reporteros Sin Fronteras recogía esta acusación como un hecho objetivo, a pesar de no haberse aportado hasta la fecha ninguna prueba de ello. Red Media publicó esta semana pasada una entrada en su web anunciando su cierre y explicando la campaña de persecución de la que estaban siendo víctimas.

“Hemos dejado clara nuestra posición en múltiples ocasiones: Rusia es una potencia imperialista que persigue sus propios intereses geopolíticos, al igual que Estados Unidos, China, la UE y la OTAN. Rechazamos todas sus políticas y acciones militares. Hemos criticado públicamente la invasión de Ucrania, informado sobre el arresto de figuras de la oposición y dejado claro en nuestros reportajes que esta guerra es un conflicto entre dos bloques imperialistas. Sin embargo, los medios alemanes ignoran estos hechos. Por el contrario, han recurrido a tácticas de propaganda que recuerdan a los manuales de desinformación de tiempos más oscuros. Esto no es periodismo — es comportamiento criminal”.

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, la UE puso en marcha toda una serie de medidas destinadas a frenar la narrativa favorable a Rusia, con políticas excepcionales que afectaron a derechos y libertades fundamentales que solo se justificaban por la excepcionalidad de la situación de guerra. Estas circunstancias, como todo acontecimiento que provoca un shock en la sociedad, (y como bien teorizó Naomi Klein, autora de La Doctrina del Shock) sirve para testear las tragaderas de la ciudadanía y la confianza a menudo ciega que se deposita en las instituciones que, teóricamente, están velando por nuestra seguridad. Incluso cuando estas cometen excesos y se saltan sus propias normas, siempre será por nuestro bien.

El cierre en 2023 de Redfish, la plataforma digital a la que aludía el comunicado de Red Media ante las amenazas de sanción y la persecución que se avecinaba, ya advirtió sobre esto. “Durante acontecimientos que la Comisión de la Unión Europea califica como crisis, puede, por ejemplo, obligar a las empresas de redes sociales a garantizar la retirada inmediata o la inhabilitación del acceso al contenido especificado por ella. Como advierte la organización de derechos digitales Access Now, esto abre la puerta a graves violaciones del derecho internacional y de la UE en materia de derechos humanos, el tipo de violaciones por las que Occidente condena a los “regímenes autoritarios” del Sur Global. Access Now afirma: “Según la evidencia empírica, las medidas de emergencia adoptadas precipitadamente acaban provocando abusos persistentes de los derechos humanos que son difíciles de remediar a largo plazo”.

Lejos de caer en la conspiranoia, y habiendo sido muy crítico con quienes se han lucrado instalados en ella, esto no puede llevarnos a un posicionamiento servil y acrítico ante cualquier decisión que tomen nuestros gobernantes. Unos mandatarios que hoy brillan por su inutilidad y complicidad ante un genocidio. De nada sirve ese supuesto cierre de filas por la democracia y los derechos humanos, ese rearme que se nos vende para defendernos de una amenaza externa cuando la Unión Europea está ya prácticamente tomada por la extrema derecha, y se permite el lujo de perseguir cualquier disidencia sin aportar pruebas de ningún delito cometido, y sirviendo, además, a los intereses de otras potencias, como son, en este caso, los del Estado de Israel.

El caso de Red Media es uno de tantos episodios represivos que no merecerán la atención de la mayoría de nuestros medios, pues nadie se la quiere jugar defendiendo a alguien acusado de estar al servicio de Rusia o del terrorismo. Sin embargo, hasta el momento, nadie ha aportado ninguna prueba de ello. Y que en pleno año 2025 sea quien es señalado quien deba demostrar su inocencia, y no quien señala ofrecer todas las pruebas de su acusación es algo extremadamente grave que nadie, ningún demócrata, debería estar comprando. Que esto, además, suponga la persecución y el cierre de un medio de comunicación y de su director, cuya libertad está hoy en riesgo, es todavía más grave. Tan grave y tan peligroso como el silencio y la complacencia de gran parte del gremio, que ya sea por miedo, por no verse salpicado, aun sabiendo que esto es una barbaridad, mira hoy hacia otro lado.