Las previsiones se van cumpliendo, al menos aparentemente. Esta semana se publicaron los informes anuales sobre la ampliación. En estos documentos la Comisión da buena cuenta de las reformas que se han realizado en cada uno de los Estados candidatos. No se tratan, por tanto, de un elemento nuevo, sino que han sido históricamente utilizados como termómetro de los avances anuales y en ellos los candidatos, fundamentalmente, los países de Balcanes occidentales han visto como sus expectativas y esperanza se han ido diluyendo con los años, al tiempo que crecía su desconfianza en las promesas procedentes de Bruselas.

Sin embargo, el proceso por el que se transita en la actualidad poco tiene que ver con el inmovilismo lastrado por la fatiga de la ampliación y la ausencia de interés político por parte de Bruselas hacia este instrumento de la política exterior de la UE que es la política de ampliación. La explícita aproximación geopolítica a esta nueva ola de incorporación de nuevos Estados al proyecto europeo desde luego introduce cuestiones sobre los que sería necesario detenerse.

La adhesión en función del mérito y del cumplimiento de los criterios exigidos por la Comisión queda supeditada al interés geopolítico y geoeconómico de manera mucho más clara que en procesos anteriores. En otros momentos no muy lejanos, como el vivido en 2019 en plena presidencia francesa del Consejo se modificaron sobre la marcha los criterios de adhesión, el argumento para la demora en los procedimientos y en el avance se situó sobre cuestiones “técnicas”. Fue un jarro de agua fría para Albania y Macedonia del Norte que vieron como sus esfuerzos habían sido en balde. Luego vino la pandemia, y con la invasión rusa en Ucrania Bruselas decidió apostar por la Europa geopolítica. Una de las piezas clave para hacerlo fue la recuperación de la política de ampliación, esa política que dormía en un cajón y que había sido sistemáticamente despreciada durante años. Con ellos además de cambiar su discurso, mostraba que, en realidad, todas y cada una de las ampliaciones, pero especialmente las de 2004 y 2007 habían tenido un carácter geopolítico, basado en intereses, no en valores. Esto, desde luego, ha quedado demostrado a la luz de las derivas iliberales de algunos de los Estados de esas ampliaciones. Entonces no se verbalizó como ahora, pero la intención era similar, fortalecer la Europa geopolítica.

En esta ocasión el cambio de metodología y el proceso abierto en este momento prioriza unos criterios para el comienzo de las negociaciones que apuestan de manera abierta por la opción geopolítica sostenida sobre criterios de seguridad. Así, además de los clásicos criterios sostenidos en la lucha contra la corrupción y la independencia del poder judicial, se refuerza la vinculación del cumplimiento del Estado de Derecho y los valores del art. 2 TUE a la condicionalidad financiera, si no se cumple no se cobra. También se refuerza el pivote de la política exterior y los valores; en situaciones anteriores se exigió la adhesión a la OTAN, en esta ocasión se pide alineamiento en la totalidad de la política exterior de la UE… y todo ello a pesar de la incoherencia demostrada en la misma en relación con conflictos como el que acontece en estas horas en Gaza.

Pero además, derivado directamente de esta supeditación del mérito, es la discriminación a otros candidatos. Los informes que han sido publicados en estos días han pasado de puntillas por Balcanes Occidentales, con la honrosa excepción de Bosnia-Herzegovina a la que le abren una pequeña ventana de oportunidad, pero las buenas palabras se han centrado en Ucrania, Moldavia y Georgia. La idea, al menos sobre el papel, es que el ofrecimiento de un horizonte concreto de adhesión favorece el proceso de reformas y transformador de los candidatos. Una teoría que todavía está por demostrar. Así, la Comisión con estos informes muestra sus preferencias hacia los nuevos Estados de la ampliación discriminando al resto.

Es cierto que Moldavia y Ucrania han avanzado de manera muy rápida a lo largo del último año especialmente en la lucha contra la corrupción y la independencia judicial, si bien todavía a ambos les queda un largo camino por recorrer. Moldavia, por ejemplo, debe garantizar un proceso de nombramiento transparente y basado en el mérito de las principales autoridades judiciales y fiscales, incluido el nombramiento de un nuevo fiscal general y sus instituciones anticorrupción no terminan de funcionar adecuadamente. Y esto son dos de las áreas en las que la Comisión les ha puntuado alto.

En todo caso, estos informes son simplemente una guía para los Estados miembros que tendrán la última palabra en el Consejo Europeo de diciembre. Será entonces cuando tenga que votarse por unanimidad la apertura de negociaciones. Y si esto sucede, será entonces cuando comenzará realmente todo el proceso, un proceso político que será largo y del que, de materializarse, transformará por completo a la UE tal y como la conocemos.

Cuanto más rápida sea la ampliación, el proyecto europeo estará más sostenido en criterios de seguridad geopolíticos y menos en el proceso de integración; habrá desde luego menos Europa basada en valores, y donde no se profundizará en la democracia interna. Cuanto más lento, será porque los Estados miembros optarán por poner en marcha profundas reformas institucionales y eso repercutirá en los candidatos donde el desasosiego crecerá y su confianza en la UE disminuirá.

La UE se encuentra pues ante una difícil encrucijada, entre apostar por sus intereses geopolíticos o priorizar sus valores. Por el momento, los primeros ganan a los segundos. La ausencia de coherencia en su política exterior así lo ha dejado claro.