Sin quitar un ápice de buena voluntad al plan con el que el Gobierno pretende aflorar el empleo sumergido, lo indiscutible es que estamos ante una amnistía laboral y fiscal en toda regla. Supongamos el caso de un empresario que sólo conozca a Hacienda en fotos y que lleve cuatro años dando trabajo en negro a un operario. Para regularizar su situación le bastaría con dar de alta su actividad si no lo hizo anteriormente, hacer un contrato temporal al trabajador y pagar sus cotizaciones sociales desde el 1 enero de este año como tope. De esta forma no sólo se blinda ante la Seguridad Social sino también ante el fisco, ya que, a todos los efectos, la legalización marca el inicio de su generación de ingresos y de sus responsabilidades tributarias.

El decreto aprobado ayer responde al principio de que es inútil llorar por la leche derramada, y crea la ficción jurídica de que todo lo anterior a 2011 puede ser redimido siempre que el pecador se confiese antes de tres meses y acepte pasar por caja en lo sucesivo. Supone un chollo para los sinvergüenzas y una discriminación para quienes han cumplido con sus obligaciones. Aún así podríamos comulgar con esa rueda de molino si realmente sirviera para emerger esa parte del PIB que viaja en submarino tan ricamente.

Lo probable, sin embargo, es que los emprendedores de lo oscuro no se den por aludidos y prosigan con el buceo. El mensaje que se les envía es contraproducente. Hacer borrón y cuenta nueva les sale tan barato, que es posible que piensen que más adelante habrá otra regularización que acabará por resultarles gratis. Implícitamente, se reconoce además que el cuerpo de inspectores es incapaz de enfrentarse eficazmente el fraude, y por ello se permite blanquear actividades a un coste ridículo y con facilidades de pago. En el caso de la Seguridad Social el cuerpo está famélico: 824 inspectores y 891 subinspectores.

A la CEOE le ha parecido mal que, finalizado el plazo de gracia, se endurezcan las sanciones a sus colegas tramposos. Se ve que el fantasma de Díaz Ferrán no ha abandonado del todo los pasillos de la patronal. Tiene delito la cosa.