Los 4.000 trabajadores de Marsans no tienen la culpa de que sus jefes hayan sido incapaces de sortear las dificultades de la crisis. Uno de sus dueños, Gerardo Díaz Ferrán, no se cansa de hundir pieza a pieza un conglomerado empresarial con el que se aupó a la presidencia de la CEOE. Los trabajadores merecen que el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, haga lo que esté en su mano por evitar la quiebra. Y para garantizar los derechos de las decenas de miles de clientes de Marsans. Eso sí: exactamente la misma ayuda que merece cualquier otra empresa. Nada más.

Ser jefe de la patronal no debe suponer para Díaz Ferrán el más mínimo privilegio. Y no porque en su día se inventara que este mismo Gobierno le sometía a una “persecución política” (como si Emilio Botín, Francisco González o Isidre Fainé le concedieran o negaran créditos por indicación del ministro de turno). No porque a los tres minutos de iniciarse la crisis financiera Díaz Ferrán lanzase la ingeniosa propuesta de “abrir un paréntesis en la economía de mercado” (ahora se entiende a qué se podía referir exactamente). No porque esté documentado que recibió contratos de la Comunidad de Madrid tras aportar 246.000 euros a una fundación que financió campañas de Aguirre (para él, claro, una presidenta “cojonuda”). No debe tener privilegios porque no sería justo, y porque alguien podría pensar que al Gobierno le interesa sostener para el Diálogo Social a un interlocutor agradecido.