Fernando Luengo

Economista, miembro del círculo de Chamberí de Podemos

https://fernandoluengo.wordpress.com

@fluengoe

“Producir y vender armas o más desempleo y menos ingresos en concepto de exportación”. Este es el dilema, en apariencia ineludible, al que nos enfrenta la dura y exigente realidad, a cuenta de los contratos de suministro de diferente material militar comprometidos por nuestro gobierno con el de Arabia Saudita.

Las grandes corporaciones y los lobbies empresariales que conforman la industria militar lo tienen claro (y no quieren ningún debate público al respecto): seguir, con la complicidad del poder político con el formidable negocio de la producción y venta de armamento. Para ello necesitan mercados, que estos grupos encuentran y alimentan en los numerosos conflictos militares, que sufren principalmente los países pobres, en los gobiernos represivos y en las redes que articulan el terrorismo internacional.

Es de sobra conocido, aunque no suficientemente denunciado, que estos mercados los sostienen -sin remilgos y sin escrúpulos-- estos intereses; promoviendo y manteniendo guerras, comerciando con todas las partes en conflicto, suscribiendo contratos de aprovisionamiento con regímenes dictatoriales y eludiendo o ignorando todas las disposiciones internacionales.

Evidentemente, también son muy golosos los mercados que representan los civilizados estados europeos, por mencionar nuestro entorno más cercano, que están apostando, con el pretexto de la existencia de una amenaza terrorista y de que Europa tiene que jugar un papel en el mundo, por el aumento del gasto militar (de defensa, si aceptamos el eufemismo recurrentemente utilizado).

Los poderosos intereses económicos y políticos del complejo militar-industrial no se sienten presos del dilema “armas-desempleo”, pues no tienen otro objetivo que fortalecer este nicho de negocio y enriquecerse con él. Tampoco parece que este dilema le quite el sueño al gobierno socialista, que después de algunos vaivenes, a los que ya nos tiene acostumbrados, ha dado el visto bueno a las ventas de armas a Arabia Saudita. Y qué decir de las impresentables e indecentes declaraciones de algunos de sus miembros más destacados, afirmando que las armas no se utilizarán contra la población yemení -no importa gran cosa la propia- y que, en todo caso, la alta tecnología del material vendido permitirá afinar la puntería, evitando de este modo daños colaterales.

La verdadera encrucijada la tienen quienes, como el alcalde de Cádiz, de verdad (no sólo con la retórica de las grandes y vacías declaraciones), están comprometidos con la creación de empleo de calidad, y al mismo tiempo cuestionan la industria militar y la creciente militarización de las sociedades y economías.

Posicionarse contra el negocio transnacional de la venta de armamento, denunciar el régimen dictatorial de Arabia Saudita, la matanza que, con el beneplácito de la mayor parte de los países occidentales, está cometiendo ese país en Yemen y la crisis humanitaria que está generando (la mayor de este siglo, según Naciones Unidas), y en paralelo dar por bueno, por inevitable, la venta de armas al gobierno saudí con el argumento de que hay que proteger el empleo resulta, como poco, decepcionante.

Comprendo el grave problema que supone la existencia de tasas de desempleo todavía muy elevadas (especialmente, en las provincias andaluzas) y el ciertamente limitado margen de maniobra a corto plazo; entiendo asimismo las protestas de los trabajadores en defensa de su puesto de trabajo en las empresas implicadas en los contratos de suministro (España es uno de los principales proveedores de material militar a Arabia Saudita). De cualquier modo, no podemos, no debemos argumentar que “primero, el empleo; después, la venta de armas”; y mucho menos desde las instituciones que queremos poner al servicio del cambio.

Para salir de la camisa de fuerza donde nos sitúa el dilema “bombas-puestos de trabajo” es necesario una apuesta decidida por el empleo de calidad y por la desmilitarización de la economía y la sociedad. Ello exige poner en marcha un plan de medidas urgentes que evalúe y asuma los costes de la transición hacia un nuevo modelo productivo, y ofrezca alternativas viables. Todo ello, claro está, necesita recursos y un decidido compromiso político.

En un terreno más amplio, que da sentido a las medidas concretas que habría que implementar, resulta imprescindible un amplio debate ciudadano y político sobre las necesidades que, como sociedad, queremos cubrir, determinar las prioridades, los recursos disponibles y los costes materiales y financieros a soportar, evaluar cómo se relacionan las diferentes actividades con el entorno físico que las sostienen y su impacto en el territorio y cómo se articula el conjunto del engranaje productivo, anticipar el impacto que tendrá sobre el empleo y el patrón de distribución que genera (entre salarios, beneficios e ingresos de las administraciones públicas), valorar su complementariedad con el más estricto respeto de los derechos humanos, e identificar los actores comprometidos con estos objetivos.

Sin este planteamiento, sin este horizonte, estamos atrapados en el dilema “bombas o desempleo”, con el que se quiere justificar y legitimar la venta de armas a Arabia Saudita y a otros países.Si no se avanza en esa dirección, entonces encontrarán un espacio -confortable para los poderosos, pero muy desfavorable para las fuerzas del cambio- los argumentos de que es necesario mantener el estatus quo (la industria militar) para proteger el empleo.

Es evidente que la reestructuración y eventual reconversión de la misma -en general, la del conjunto del tejido productivo- llevaría tiempo, pero, por dejar las cosas claras, el asunto que está sobre la mesa no es cómo abordar ese proceso, para el cual, simplemente no hay voluntad política. Es aquí, justamente, donde hay que marcar las diferencias.