A la vista de las primeras reacciones de Moncloa sobre el caso Marlaska, que vuelve a estallarle al gobierno justo cuando había conseguido consolidar su mayoría parlamentaria, parece que Pedro Sánchez está infravalorando el llamado virus polaco, tal como todos los gobiernos infravaloraron en enero el coronavirus. Porque el virus de Varsovia, llamado así por las advertencias de la Unión Europea a Polonia al atentar contra la independencia judicial, puede contagiar al Gobierno y tras todo un largo calvario judicial terminar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, coincidiendo con la controversia que la Europa del Norte mantiene con la Europa del Sur. Ese posible peligro de hoy, puede ser probable mañana y real pasado mañana. Atención, pues, al brote aparecido en Interior en el segundo aniversario de la llegada de Sánchez a la Moncloa.

El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea no es ambiguo. Autoriza a suspender determinados derechos de los estados miembros que vulneren los principios democráticos. Lo sabe muy bien el presidente polaco Mateusz Movawiecki y el dirigente del partido gubernamental, Jaroslav Karkinsky, sospechosos de alterar el Estado de Derecho con acciones e iniciativas que subordinan el Poder Judicial al Poder Ejecutivo polaco. Lo que ha llevado a la Comisión Europea a emprender un procedimiento de infracción contra Polonia el pasado 29 de abril. Depende, claro está, del camino procesal que vaya a recorrer el cese del coronel que el propio ministerio reconoce ya motivado por no informar sobre las investigaciones como policía judicial.

Tras la nota oficial del ministerio sobre las motivaciones del cese, que desmiente las cuatro versiones del ministro, a la jueza Carmen Rodríguez Medel no le queda otra opción que la que señalada por ella misma, en su último escrito, si constataba alguna injerencia política. Bien constatada oficialmente por la propia directora de la Benemérita, procederá a depurar las correspondientes correcciones disciplinarias junto con las responsabilidades penales. Al mismo tiempo, el probable recurso de alzada del coronel destituido ante el Tribunal Contencioso Administrativo agravará más las perspectivas de la todavía cúpula política del Ministerio de Interior. Mientras tanto, tres de las cuatro asociaciones judiciales exigen ya la dimisión o el cese del ministro y solo discrepan sobre la calificación del delito, pero no sobre la existencia del delito.

El probable suplicatorio que se dirija al Congreso de los Diputados para investigar a Marlaska, obligado por su condición de ministro, no será aprobado, puesto que que la mayoría del gobierno cierra filas con el ministro y sus socios nacionalistas vascos y catalanes no están por echar una mano a la Guardia Civil, incluso lo aplauden. El problema reside en que no son aforados ni el secretario de Estado, el también magistrado Rafael Pérez, ni la Directora de la Guardia Civil, María Gámez y, por lo tanto uno y otra están a disposición de lo que decida la jueza del juzgado de instrucción número 51 de Madrid. De ambas declaraciones pueden acabar surgiendo no pocos nuevos problemas, si nos atenemos al precedente de la original e insólita nota oficial de l ministerio en la que prácticamente se inculpan de un posible delito.

Enmarcar la torpeza de Marlaska como una operación de la derecha, tanto en el cese del coronel Pérez Cobos como en la selección de sus altos cargos, agrava bastante la irresponsabilidad de un ministro que siendo juez quiso empurar a Interior cuando estaba de titular Pérez Rubalcaba. Precisamente porque existe esa maniobra de acoso y derribo, no es de recibo que desde el Ministerio se la ayude como hace hoy el propio Ministro. Ese punto de soberbia y torpeza, aliñada con mucha inexperiencia política, es lo que explica que nuevamente Pedro Sánchez tenga que echarle un capote aún a riesgo de que le empitone el miura judicial. Porque este Gobierno no tiene sus peores enemigos delante sino, sobre todo, detrás. O atiende bien a su retaguardia o continuarán arrojándose piedras sobre su propio tejado.

Mientras Sánchez decide el confinamiento de la cúpula de Interior, todo llegará, debe colocarse mascarilla y guardar la distancia aconsejable sobre el caso de Marlaska. Corre el riesgo de contagiarse y de contagiar a todo el Consejo de Ministros. Es lo que espera la oposición, que no acaba de creerse el estupendo regalo que ha recibido desde el Ministerio de Interior. Sobre todo porque la Comisión Europea, sensibilizada con la situación de la Justicia en Polonia, podría tomar cartas en el asunto si antes la Moncloa no lo ha resuelto con un oportuno reajuste de gobierno. No cabe duda que el sumario de hoy, en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid, puede acabar mañana siendo el sumario del Tribunal y Justicia de la Unión Europea si choca con la Moncloa. El artículo 7 del Tratado de la UE está sobre la mesa de despacho del presidente del Gobierno de España.