Sonaban de nuevo tambores y trompetas llamando a celebrar los funerales del Estado autonómico, pero quienes tanto empeño ponen en liquidarlo tres días por semana probablemente vuelven hoy a sentirse defraudados por los datos. Los pitonisos de la agencia Moody’s contribuyeron a jalear los negros presagios de quienes sienten alergia hacia el federalismo. Confiaban en que las cuentas de las comunidades autónomas demostraran el pregonado derroche generalizado y el supuesto lastre que suponen las autonomías en el cumplimiento del sagrado objetivo de déficit. Resulta que no. Hecho el balance de los tres primeros trimestres de 2010, el déficit total acumulado por las comunidades autónomas supone el 1,24% del PIB, muy por debajo del 2,4% previsto para final de año. Teniendo en cuenta que el 80% del gasto medio de una comunidad autónoma se va en el sostenimiento de la sanidad y la educación públicas, lo cierto es que queda un margen bastante limitado para el posible derroche. Aun así, es exigible cualquier medida que contribuya a eliminar todo gasto superfluo o a elevar el grado de eficiencia en el funcionamiento de las administraciones autonómicas. Pero convendría que quienes demonizan sin descanso la España federal dibujada en la Constitución de 1978 reconocieran (por una vez) que los Gobiernos autonómicos también son Estado, y asumen su responsabilidad en el grado que les toca (salvo excepciones).