Antonio Izquierdo

Catedrático de Sociología

La noticia es que el próximo Gobierno quiere prohibir las regularizaciones de inmigrantes por la vía del arraigo social. Eso ha anunciado el portavoz del Partido Popular. Su argumento es doble. Por un lado, que la regularización incentiva a venir y, por el otro, que si no hay trabajo, no hay legalización. Pero no son buenas razones, porque esa

vía de documentación exige llevar aquí tres años y no es posible vivir del aire tanto tiempo ni animarse a venir con semejante perspectiva.

Hay otras razones. La primera es que la regularización, más que atraer, lo que hace es integrar, pues en los últimos cuatro años se han legalizado 250.000 inmigrantes por esta vía, y eso va contra la lógica social de esta crisis, que es la de fabricar trabajadores no integrados De ahí la propuesta, porque lo que ahora perturba es que, como han disminuido mucho las llegadas, al mercado secundario le faltan trabajadores recientes y vulnerables que abaraten los costes.

En realidad, los inmigrantes que piden el arraigo social sí que trabajan, pero de manera esporádica y sin contrato. Pues en la economía sumergida es difícil demostrar la relación laboral y denunciar al empleador. Por eso no se pueden legalizar por medio del arraigo laboral (4.000 regularizados durante los últimos tres años), pero sí lo hacen por la vía social, que combina el vínculo familiar con el laboral y la antigüedad de residencia con un informe municipal de buena vecindad. Así que, al cerrar esta vía, se dificulta la integración en la comunidad y se facilita la sumisión laboral.

El incentivo de la regularización individual es un mito, pues las legalizaciones integran más que atraen. En rigor, las regularizaciones han anticipado menos la venida de inmigrantes que lo que ha hecho la imposición de visado. Pero lo que sí han conseguido es aminorar el efecto de los contratos temporales en la irregularidad. Han permitido renovar los permisos de residencia hasta alcanzar la permanencia, procurando, además, que los familiares y los estudiantes pudieran trabajar legalmente. En definitiva, han desvinculado la residencia legal de la inestabilidad laboral en un contexto institucional que se podría resumir como “cadenas legales para nichos laborales”.